El 16 de mayo de 2006, el gobierno declaró la caducidad del contrato con la petrolera norteamericana OXY, largamente demandado desde los movimientos indígenas, sociales y populares, constituyendo una reivindicación ineludiblemente ligada a las movilizaciones contra el TLC en marzo y abril de 2006. La amenaza de la caducidad, contraria a los intereses de EEUU, había sido utilizada por el gobierno de este país para presionar al gobierno ecuatoriano durante las negociaciones del TLC y su aprobación supone de facto la paralización de la firma de este tratado.
La caducidad supone, además, un primer paso en la recuperación para el pueblo ecuatoriano del control de sus recursos naturales y avisa a las transnacionales que operan el país sobre la obligatoriedad de respetar escrupulosamente la legalidad vigente.
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