Barcelona, 23 de marzo de 2003



En la ciudad de Barcelona, durante el 22 y el 23 de marzo de 2003 nos reunimos los representantes de las organizaciones Asociación Pro Ecuador (APROE), Asociación “Rumiñahui” Hispano-Ecuatoriana, Asociación de Ecuatorianos y Latinoamericanos “Rumiñahui” Valencia, Ecuador Llactacaru y EcuaNavarra. A lo largo de estas dos jornadas, compartimos nuestras experiencias de trabajo, nuestros objetivos, nuestros problemas y nuestras expectativas, debatiendo principalmente los problemas que atraviesan las personas inmigradas en España, singularmente los relativos al colectivo ecuatoriano, y abordando además el actual contexto internacional y la situación del Ecuador.


Fruto de este encuentro se emiten las siguientes CONCLUSIONES:

1. La actual política de extranjería del gobierno español ha cerrado casi todas las vías posibles de regularización, desde el cierre del llamado “Régimen General” en enero de 2002 y la implantación estricta de un sistema de contingentes migratorios inoportuno, irreal y deficientemente planificado. Esta situación ha forzado la exclusión social y laboral de cientos de miles de personas inmigradas que viven (malviven) y trabajan (explotadas) en España sin poder acceder a regularizar su situación. En estas circunstancias se hace imprescindible un replanteamiento de la vigente política gubernamental en materia migratoria que incluya la apertura urgente de un proceso de regularización lo más amplio posible y la amnistía para las personas con órdenes de expulsión no ejecutadas.



2. La población inmigrada padece numerosos problemas que dificultan su arraigo efectivo, entre los que destacan la explotación laboral, la dificultad de acceso a la vivienda (que conlleva hacinamiento, sobreprecios en los alquileres, deficientes condiciones de habitabilidad, etc), las limitaciones en el acceso a la salud y a la educación, y el confinamiento permanente en nichos laborales de baja cualificación ante los obstáculos para el reconocimiento y equiparación de las titulaciones y conocimientos adquiridos en origen. Existe un significativo desfase entre el balance de deberes y derechos de las personas inmigradas. Éstas, tengan o no regularizada su situación, ven restringidos Derechos Humanos fundamentales y constituyen un colectivo de ciudadanos de “segunda clase”, sin capacidad de ejercer las responsabilidades y derechos de la ciudadanía plena. Su función social es reducida casi exclusivamente a términos económicos, con el único “deber” de trabajar y servir de meros proveedores de “mano de obra”. Subvertir esta situación requiere del reconocimiento de todos los derechos y deberes ciudadanos para las personas inmigradas, exigencia fundamental a defender que incluye, entre otras consideraciones, el derecho al voto y a la participación democrática en la vida ciudadana.



3. En los medios de comunicación se detecta una preocupante “criminalización” de la inmigración, muchas veces producto del sensacionalismo y la búsqueda de noticias impactantes, pero muchas otras veces, lamentablemente, amplificando el eco de declaraciones políticas simplistas, falsas e irresponsables que alimentan un clima de desconfianza, xenofobia y creciente racismo hacia la población inmigrada. Dentro de este marco, iniciativas policiales y judiciales de dudosa legitimidad moral y abiertamente racistas, como los operativos LUDECO y FOCUS, coadyuvan a reforzar esta visión negativa. La discriminación, las agresiones e incidentes provocados por motivos racistas y xenófobos, deben ser denunciados con contundencia ante la sociedad en general y los organismos e instituciones pertinentes.



4. El pase de personas a través de las fronteras constituye la actividad más visible de las llamadas "mafias", cuando no la única preocupación manifiesta de las autoridades. Sin embargo, la focalización excesiva de la atención en esta actividad impide que se hagan públicas y se denuncien y persigan adecuadamente las actividades de las “otras mafias” que explotan sistemáticamente a los inmigrantes, en ocasiones con cierta tolerada e inexplicable benevolencia oficial (venta de papeles falsos, estafas con la documentación, engaños laborales, chulquerismo, agencias ficticias de empleo, explotación y coacciones sexuales, etc.), realizadas incluso por propios inmigrantes en complicidad con delicuentes españoles de cuello blanco. La población inmigrada es la víctima directa de todas estas actividades que se aprovechan fundamentalmente de la indefensión del colectivo y de su desconocimiento de la realidad legal y social española, con especial incidencia sobre los más vulnerables que, carentes de documentación legal, se ven forzados a vivir en la clandestinidad.



5. La decisión de la Unión Europea de establecer un visado de entrada para los ciudadanos ecuatorianos, impulsada desde el gobierno español, es continuación de una política que busca restringir progresivamente a los latinoamericanos el libre acceso a los países europeos. El visado constituye además una barrera selectiva y sectaria en términos sociales, puesto que la concesión del mismo se vincula directamente al poder económico del solicitante y a criterios de conveniencia política. El rechazo a esta política de cierre unilateral de fronteras, injusta con los pueblos latinoamericanos y con la historia común que vincula a ambas áreas geográficas, deberá articularse de forma coordinada entre los diferentes países latinoamericanos. Para el caso ecuatoriano, la imposición del visado de entrada obligatorio supone la derogación automática del actual convenio migratorio entre Ecuador y España, lo que implica la obligación del gobierno español de regularizar a los miles de ecuatorianos que están en España y a los que se ha impedido acogerse a los beneficios del extinto convenio.



6. Las oficinas de atención consulares en España adolecen de falta de medios técnicos y humanos apropiados para gestionar adecuadamente las necesidades del numeroso colectivo ecuatoriano que vive en España. El número de consulados es escaso, los horarios de atención mínimos, el trato personal en ocasiones raya con el desprecio, con gran demora en la tramitación de documentos, los precios de los trámites administrativos son escandalosos, cuando no arbitrarios… A ello se añade que algunos cónsules interfieren el trabajo autoorganizativo de los ecuatorianos, intentando mediatizarlo y reducirlo a meras expresiones folklórico-culturales, mientras que otros se limitan a permanecer en sus oficinas ajenos a los problemas y necesidades de sus connacionales (¿cuántas veces se han preocupado los consulados por la situación de los ecuatorianos retenidos en los centros de internamiento para extranjeros?). Son muchos los aspectos a mejorar y reformar en relación a la atención consular y el papel de la representación diplomática. Con el reciente cambio de gobierno y de responsable del gabinete de relaciones exteriores se ofrece una oportunidad real de acometer con seriedad y efectividad los cambios imprescindibles en este ámbito. A nivel diplomático, además de lo señalado anteriormente, el gobierno del Ecuador deberá atender a cuestiones como la agilización de la convalidación y reconocimiento de titulaciones, el canje de las licencias de conducción y, urgentemente, resolver el problema de los niños nacidos en España de padres ecuatorianos, a quienes, dada la indefinición de la legislación ecuatoriana al respecto, no se les reconoce la nacionalidad española de forma automática, sino que ésta debe ser interpretada en cada caso por la autoridad judicial correspondiente, con resultados dispares en función del juez.



7. En diciembre de 2002, las organizaciones ecuatorianas en España presentaron al entonces presidente electo Lucio Gutiérrez un pliego de propuestas y consideraciones en relación a los migrantes ecuatorianos en el exterior. Tres meses después, las organizaciones aún no han recibido una respuesta oficial sobre este particular que entendemos constituye un elemento de partida para la negociación y el trabajo. Entendemos que este silencio administrativo prolonga innecesariamente la toma de decisiones políticas en relación a las urgentes necesidades del colectivo de migrantes. A tal fin, elevaremos una petición formal al gobierno del Ecuador para que mantenga un encuentro personal con las organizaciones de migrantes en España en el que explicite su postura con claridad.



8. Como “pueblo ecuatoriano”, la comunidad migrante en el exterior sigue con expectación la evolución de la situación interna del país. Las organizaciones presentes expresan su rechazo a la imposición del ALCA, censuran la apresurada firma de la carta de intención con el FMI, denuncian el deterioro ecológico del país producido por el saqueo de las petroleras y la construcción del OCP, cuestionan la continuidad de la base de Manta y su utilización con fines represivos, y muestra su alarma y preocupación ante la implicación progresiva del Ecuador en el Plan Colombia, con el riesgo de una grave extensión y regionalización de la guerra civil colombiana.



9. Manifestamos enérgicamente nuestro rechazo hacia las amenazas de muerte vertidas por el grupo paramilitar autodenominado “Legión Blanca”, contra dirigentes de base pertenecientes a los movimientos sociales, líderes indígenas, activistas de Derechos Humanos, trabajadores de ONGs, miembros de la Iglesia católica, políticos de izquierda, periodistas y contra miembros de la Asociación “Rumiñahui” y de Ecuador Llactacaru. Suscribimos nuestro pleno apoyo a las denuncias efectuadas al respecto ante los organismos pertinentes y la comunidad internacional por las organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos del Ecuador. Al mismo tiempo, demandamos al Gobierno del Ecuador una investigación exhaustiva, con todas las consecuencias legales y penales que pudieran derivarse de ello, y que establezca las suficientes garantías para la protección efectiva de la integridad física y el trabajo en libertad y sin coacciones de todas las personas amenazadas y de sus familiares.



10. La población inmigrante no constituye un colectivo aislado en sí mismo. Se desenvuelve en la matriz de la sociedad receptora y adquiere compromisos ineludibles con los problemas generales que afectan a ésta. Destacamos ejemplarmente la participación solidaria de la población inmigrada en la respuesta ciudadana a la crisis ecológica causada por el hundimiento del petrolero Prestige en Galicia. Entendemos que es una labor principal de las organizaciones el imbricarse en las dinámicas sociales generales y, en los graves momentos actuales, expresamos nuestro más firme rechazo a la invasión anglonorteamericana de Irak, uniendo nuestras voces al resto de la comunidad mundial que exige el fin inmediato de la agresión bélica.



11. Los efectos perversos de la globalización constituyen la principal causa del actual auge de los trasvases migratorios y se erigen en el principal elemento a rebatir desde el movimiento social de los migrantes. Constituímos un movimiento social específico y parte de un movimiento social de alcance global, lo que hace imprescindible la coordinación, participación y fortalecimiento de los flujos de trabajo con todas las diferentes redes sociales que trabajan y creen que “otro mundo es posible”.



12. Las organizaciones presentes acuerdan estrechar sus lazos incrementando el flujo de información y soporte mutuo interorganizativo. Adquirimos el compromiso de forjar una coordinación estatal de las organizaciones ecuatorianas en España. A tal fin, nos autoconvocamos para un próximo encuentro específico a celebrar en seis meses en la ciudad de Valencia. Con anterioridad a dicho encuentro, las organizaciones presentes se comprometen a elaborar sendos borradores de trabajo y a difundirlos con el objetivo de facilitar el conocimiento previo de las propuestas de cada organización.

Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui
Asociación Pro Ecuador (APROE)
Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos Rumiñahui-Valencia
EcuaNavarra
Ecuador Llaktakaru