A bombo y platillo se ha presentado el recientemente aprobado Plan de Inmigración del Ayuntamiento de Barcelona. La presentación se ha hecho coincidir con el Día Mundial de la Inmigración y con una serie de actos institucionales en el Parlament de Catalunya. Toda una gran puesta en escena para mostrar a la ciudadanía que sus "dirigentes políticos" están muy preocupados por el reto migratorio y por la defensa de los derechos de las personas inmigradas. Pero si buscamos un poco más allá de toda la parafernalia, veremos que el mentado plan y todas las declaraciones coincidentes, no buscan mejorar la situación de las personas inmigradas sino tan solo ocultarla.

Pese a que el Plan contiene medidas no recogidas dentro de la legislación actual, se hace textualmente en el más estricto respeto a la "Ley de Extranjería vigente" y justamente ahí radica su principal contradicción. Decía el señor Joan Puigdoller, jefe del grupo municipal de CiU, que con la aprobación del Plan se había pasado del reivindicar "papeles para todos" a respetar la legalidad vigente. Es juel respeto a esta aberrante Ley de Extranjería lo que hace imposible el reconocimiento de los derechos de las personas inmigrantes.

Se quiere hacer creer a la ciudadanía que es posible fomentar los derechos de los inmigrantes "respetando" una Ley que los conculca. De sobra es conocido que la Ley de Extranjería no reconoce a los "sin papeles" y que limita bastantes derechos en el caso de los "con papeles", como los de manifestación, huelga, reunión y organización. De sobra lo debe saber el alcalde de Barcelona, Sr. Clos, porque su propio partido ha promovido un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley. Pero más allá de esos derechos políticos, la Ley priva de legalidad y por tanto del derecho al trabajo a una parte importantísima de la población inmigrante, les impide acceder a una vivienda digna ("sin papeles" no puede alquilarse ningún tipo de vivienda"), y prohíbe cualquier intento de reagrupación familiar . Es incluso paradójico que la medida estrella del plan, el permiso temporal de trabajo para los inmigrantes pendientes de expulsión, no contemple la eliminación de dicha expulsión, o dicho de otra forma, a la espera de ser expulsados los inmigrantes podrán ser explotados pero no por ello evitarán su expulsión y la vuelta al infierno de donde huyeron.

Dentro de los derechos que el Plan quiere proteger, incluye el derecho de todos a la "seguridad"; el Plan entra así de lleno en todo el reciente bombardeo que señala a la inmigración como causa de "inseguridad ciudadana". Mucho se habla de seguridad para la población, pero se olvida que un inmigrante sin papeles, que también es parte de la población, tiene otras "seguridades", la seguridad de que aunque trabaje no cobrará lo que marca el convenio, la seguridad de que será "despedido" de ese trabajo a la primera de cambio, la seguridad de que nadie le querrá alquilar una vivienda, la seguridad de que la policía puede detenerle en cualquier momento sin que haya cometido ningún delito... de esas "seguridades" de cada día nada dice el mentado plan. Sinceramente, ¿alguien espera que el incremento de las fuerzas policiales pueda detener lo que la miseria y las duras condiciones de vida del inmigrante irregular y su lucha por la cruda supervivencia, provocan cada día? Los centenares de miles de inmigrantes sin papeles, no viven de la delincuencia, malviven de un trabajo "ilegal", sin derechos, sin contrato, casi sin salario… y eso es una verdad que todo el mundo conoce, que conoce también el Ayuntamiento porque muchos de ellos trabajan actualmente en el Tranvía de Cornellá o en las subcontratas que construyen el Fórum del 2004, pero por la seguridad de este proletariado del siglo XXI nadie se preocupa.

Algunos medios informativos, recogían con justicia que el mismo equipo municipal que hoy se felicita con la aprobación de este Plan, era el mismo que en el verano del 2001 perseguía inmigrantes por las plazas de Barcelona. ¿Ha cambiado de parecer el Sr. Clos y la Sra. Inma Mayol, teniente de alcalde por aquellos días?. Una simple mirada a la realidad tozuda, nos dice lo contrario. Los inmigrantes subsaharianos que hace 1 año huían de plaza en plaza, siguen malviviendo en las calles, las pensiones que Caritas y la Cruz Roja les dieron sólo duraron algunos meses, hasta que la opinión pública se olvido del tema.

Estos mismos días hemos asistido a una violenta intervención policial en los cuarteles de Sant Andreu Nord, residencia precaria y forzada de centenares de inmigrantes sin y con papeles: la policía entró de mañana, con pasamontañas, fotografió a todos los residentes, requirió sus papeles, detuvo a una cincuentena y los llevó al Centro de Internamiento para Extranjeros de La Verneda; pese a que el Juez de Guardia decretó a las 48 horas la libertad sin cargos de los detenidos, nada les libró de un procedimiento de expulsión por el único "delito" de sobrevivir.

En las mismas páginas del diario que comenta el Plan, se anuncia la construcción de un nuevo Centro de Internamiento para Extranjeros en la Zona Franca con capacidad para más de 230 inmigrantes. No se construyen viviendas asequibles para inmigrantes o autóctonos sin techo: se edifican cárceles. Es la misma política que no combate la delincuencia con bienestar, trabajo y salarios dignos sino que prefiere invertir en policía y prisiones.

Y por si con esto no fuera suficiente, se trata de un plan carente del más mínimo presupuesto económico. ¿Qué es entonces, lo que el plan pretende? Se dice en su texto que quiere impedir que la inmigración sea utilizada para obtener réditos partidarios de cara a las próximas elecciones municipales. Lamentablemente, creemos que es todo lo contrario: captar votos de la ciudadanía simulando preocupación y respeto a los derechos humanos justamente en la proximidad de las elecciones. Buenas palabras y promesas preelectorales que, como tantas otras veces, quedarán en agua de borrajas. Buenas palabras que pretenden también ocultar la realidad de que la política migratoria del Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno central es un rotundo fracaso, que la inmigración que ellos llaman cínicamente irregular no para de crecer, que la miseria de los inmigrantes no cesa de aumentar y que este crecimiento no se detendrá con buenas palabras ni con más represión. Que sólo la completa igualdad de derechos y deberes de todas las personas, tengan o no papeles, sean o no inmigrantes, podrá permitir acceder a una vida digna y segura para todos.


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