Causas y alternativas de la Guerra civil en Colombia





Las claves internacionales del conflicto social y armado



Uno de los conflictos más antiguos del mundo: los 100 años de soledad colombiana.


Decir que el conflicto interno que sufre Colombia es el más antiguo de América y uno de los más viejos del mundo, es descubrir el Mediterráneo; también lo es, afirmar que se trata de una confrontación que hunde sus raíces en la alborada republicana, encadenada en una sucesión infinita de guerras hasta llegar a nuestros días, que en los últimos cuatro decenios ha adquirido una dimensión altamente compleja, difícil de entender y por ello de superar.

Sin embargo, hay que decirlo porque no obstante ser un conflicto centenario, durante mucho tiempo permaneció en un mar de olvido, inclusive en Colombia. Se trata de una guerra que por años pasó inadvertida para las elites gobernantes y los sectores urbanos nacionales, y que no se sabe exactamente cuándo empezó, como lo plantea Antonio Caballero . Hasta hace poco, para los franjas urbanas, en especial de las capas altas y medias de la población, el conflicto fue algo alejado de su realidad, vivido 'en la montañas de Colombia', y, por cuenta de los avances tecnológicos, sentían más cerca otras refriegas bélicas.

Esta reyerta, cualquiera sea su nombre: "violencia", "guerra civil no declarada", "conflicto armado interno", antes nunca representó un escollo para la economía, ni planteó serios problemas de gobernabilidad al Estado; la economía siempre creció por encima de la media latinoamericana y el régimen político gozó de fama de ser una de las democracias más estables de América Latina, pese a que, por largos años, casi cuarenta, Colombia vivió bajo Estado de Sitio, figura consagrada en la Constitución de 1886 para enfrentar guerras exteriores o conmociones internas, con suspensión de derechos políticos y garantías civiles. Ésta fue, quizá, la razón para que a muchos observadores internacionales les resultara indescifrable Colombia, y la definieran como un país de paradojas en donde se hablaba de guerra, pero ella no se sentía. Los turistas no salían del desconcierto al encontrar un país con una vida cotidiana normal, una sociedad alegre y optimista, cuya más grave objeción podría ser la ancestral inseguridad de su capital. Durante años el conflicto, o como quiera llamársele, fue una parte más del 'paisaje', y permaneció casi invisible e inaudible para millones de colombianos y para el mundo entero.

Intentaré contestar el interrogante que subyace en esta primera digresión. ¿Por qué, a pesar de ser un conflicto antiguo, permaneció olvidado por las elites gobernantes y vastos sectores nacionales, y dentro de la carpeta de los conflictos desdeñados del mundo?

Hay un testigo histórico, y de excepción, que puede ayudarnos a entender este hecho y es Manuel Marulanda Vélez , jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, quien dice, lo siguiente: " Ya son muchos los años que llevamos gateando en esta lucha... Pero yo creo que hemos tenido un enemigo, el peor de todos los enemigos. ¿Saben cuál ha sido? Hablo del aislamiento de esta lucha, que es peor que aguantar hambre por una semana seguida. Entre ustedes los de la ciudad y nosotros que hemos estado enmontados, hay de por medio una gran montaña. Las voces de ustedes, las voces de nosotros no se escuchan, pocas veces se hablan. No es una distancia de tierras y de ríos, de obstáculos naturales, no es la montaña atravesada. De nosotros es poco lo que se sabe entre ustedes, de ustedes es poca la historia que conocemos por aquí."

El testimonio de Marulanda muestra algo que es clave para terminar esta conflagración, me refiero al déficit de diálogo social que ha existido entre la Colombia urbana y la Colombia rural, entre las elites gobernantes y la ciudadanía, entre el país formal y el país real; consecuencia, en parte, de un arquetipo institucional que ha excluido de la política y de la economía a vastos conglomerados humanos, que nos ha legado una sociedad sin sólidos referentes de identidad en los que pueda reconocerse, profundamente fragmentada, con una cultura en la que predominan la desconfianza y el individualismo, pero además, absurdamente incapaz de concebir y alcanzar propósitos nacionales.

Esa falta de diálogo, esa falta de escucha, ha dificultado la comprensión del conflicto y sus raíces. Esta ha sido una de las razones para que la guerra permaneciera olvidada, sin constituir una prioridad para la Nación ni para las elites gobernantes, y explica porque, desde que se volvió importante, se ha pensado más en cómo terminarla que en cómo superar sus causas. El ex presidente liberal López Michelsen (1974-1978), por ejemplo, ha recomendado persistentemente derrotar primero a la guerrilla y dialogar después; y el líder conservador Gilberto Alzate Avendaño, clamaba en la década del 50, que lo importante no era la paz sino la victoria, y ahora, en las primeras horas del siglo XXI un pre candidato presidencial nos ofrece la fórmula mágica de un millón de milicianos y no la de las reformas. Esta es una equivocación irrepetible. La terminación de la guerra es fundamental, es una condición necesaria para la paz y la reconstrucción nacional, pero no suficiente para superar la violencia y las desigualdades, como lo demuestran las experiencias de paz en Centroamérica , en donde se terminó la guerra, pero la criminalidad, la violencia y el atraso se han perpetuado a niveles moralmente inaceptables.

No hablo de transformar a Colombia en un país modelo, justo y equitativo, como requisito previo para la paz, porque eso es imposible, sino de la necesidad de construir un escenario democrático seguro que permita corregir injusticias centenarias, desactivar las causas objetivas y subjetivas, internas y externas, de la violencia, mediante reformas estructurales de naturaleza política, económica y social.

El conflicto permaneció olvidado porque durante muchos años los gobiernos colombianos se negaron a reconocer que existía. Sólo cuando éste se hizo inocultable, a finales de la década del 70 y comienzos del 80, en parte por acciones de propaganda armada, como el robo de armas al Cantón Norte, la toma de la embajada de la República Dominicana, sucesión de hechos que tuvo su punto más alto de inflexión con el asalto al Palacio de Justicia, se hizo imposible seguir disfrazando una grave y profunda crisis política en Colombia. Fue el presidente Belisario Betancur quién dio los primeros pasos para reconocer la existencia de un endémico conflicto producto de causas objetivas, y abrir un proceso de paz con las guerrillas.


Un conflicto atípico.

Las anteriores razones, y otras que omito por cuestiones de espacio, hicieron que el conflicto estuviese en el olvido internacional, pero su atipicidad también contribuyó a la incomprensión por parte de los gobiernos y de la opinión pública mundial. El caso colombiano tiene una naturaleza singular frente a la treintena de conflictos armados del planeta. No es una guerra de liberación nacional como fue la de Argelia contra Francia; Colombia no es un país ocupado; así el vocablo liberación lo usen algunas organizaciones rebeldes no hay a quien expulsar. Tampoco es una guerra separatista como la que se libra en Chechenia o la planteada por el Frente Polisario en nombre del pueblo saharaui; no tiene raíces religiosas como el conflicto de Irlanda del Norte, o étnicas, como la cuestión kurda con Turquía e Irak, ni existe una nación que reclama el derecho a ser estado pleno, pongamos por caso, la causa palestina. Esta circunstancia es, sin duda, un factor que pesa a la hora de analizar la crisis colombiana y que aún confunde a dirigentes y gobiernos, lo cual puede hacer más compleja y difícil la situación.


Un conflicto prolongado e influido internacionalmente.

Una de las tesis que quiero sostener es la de que por tratarse de un conflicto prolongado, éste ha sufrido la influencia de los cambios internacionales. Ciertamente, los expertos nos han enseñado que un conflicto no es una situación estática e inmutable, sino un proceso dinámico . Se trata de una confrontación que, en su expresión actual, emergió en el contexto de la Guerra Fría, luego de que se transformaran en guerrillas comunistas algunos reductos de la violencia liberal y conservadora que se libró entre 1948 y 1957, y que culminó con el Frente Nacional pactado en España entre los jefes de los partidos tradicionales. Fuerzas rurales que recibieron la incorporación de sectores urbanos, obreros y estudiantiles, básicamente, alentados por el triunfo de la Revolución Cubana, y que vieron en el comunismo una fase histórica inevitable en la cual se redimiría a los desheredados. Durante ese período la confrontación fue explicada por los gobiernos como producto del comunismo internacional, a este agente se adjudicó la razón de ser, y lo asumieron apelando a formas brutales de represión, golpeando clases populares, lo cual engendró un profundo resentimiento contra el Estado y las fuerzas de seguridad, y minó su precaria legitimidad. Los militares eran entrenados en la Escuela de las Américas bajo la inspiración de la doctrina de la Seguridad Nacional y les correspondía el trabajo sucio.


La influencia del fin de la Guerra Fría.

Pero al terminar la Guerra Fría la amenaza comunista desapareció, el discurso de los derechos humanos cobró vigencia, el neoliberalismo se impuso, la geoeconomía desplazó a la geopolítica, y consecuencia de ello Colombia perdió el relativo valor estratégico que tenía dentro del contexto mundial. No resto mérito, en ningún momento, a sus potencialidades y riquezas naturales, por ejemplo en materia de biodiversidad, pero como principio de realidad hay que reconocer que Colombia, en tanto estado periférico, no tiene para los actuales centros de poder, EU, UE y Japón, mayor cotización estratégica. Para Estados Unidos, por ejemplo, contienen más importancia bilateral, México, Cuba y Brasil, lo cual es explicable. Con el pueblo Azteca tiene una inmensa frontera, un tratado de libre comercio y un tránsito de un millón de personas al día. Cuba, por su parte mantiene su connotación geopolítica, a pesar de la disolución de la Unión Soviética, y gracias a que el exilio cubano ha adquirido poder, económico y político, la Isla se mantiene dentro de la agenda norteamericana; Brasil por ser el país sudamericano más importante desde el punto de vista económico, y por su propio tamaño que lo hace una pieza prominente dentro del contexto hemisférico. Económicamente hablando, no somos México ni Venezuela, que son de sus principales proveedores de energía, y comercialmente tampoco Canadá ni México ni el Caribe, que representan el 40% de todas sus relaciones comerciales. La trascendencia de Colombia para Estados Unidos se enmarca, exclusivamente, dentro del tema de Drogas y Seguridad Nacional, y es en ese contexto como vienen encarando la crisis y el conflicto.

Para los países de la Unión Europea, por su parte, a excepción de España, Colombia no constituye una prioridad. Los principales desvelos del Viejo Mundo son la profundización de la Unión Europea y su ampliación hacia los países del Este. Salvo casos puntuales, como el de España, y en menor proporción el de Alemania, Colombia no incorpora intereses estratégicos para los países de la eurozona ni Europa, como unidad continental. Profundizando más, podría afirmar que, dentro del contexto latinoamericano, España tiene mayores intereses en Argentina, Chile y Brasil de manera que, si España ha jugado, y viene jugando un papel sobresaliente en la construcción de la paz, se debe también al compromiso humanitario, y a los tradicionales nexos que muchos dirigentes políticos y artistas españoles y colombianos han mantenido. No quiero decir que Colombia carezca de importancia comercial para España, sino que dentro del memorándum de la Península, ocupa lugares secundarios, como quedó patente hace pocos días con el anuncio de España de suscribir acuerdos prioritarios con Marruecos, Ecuador y Polonia para regular la migración , pese a que Colombia es una población extranjera importante. Es posible que el aumento de consumo de drogas en Europa, y el creciente flujo migratorio, modifiquen el peso de Colombia ante la Unión Europea.

Pero la Guerra Fría produjo más consecuencias. El establecimiento creyó que las guerrillas no tenían opción diferente a la claudicación. Así, el gobierno de César Gaviria (1990-1994) decretó la guerra integral tras el fracaso de las negociaciones en México y Venezuela, el poder civil asumió el control y los militares comenzaron a sentirse fiscalizados, una de las causas para que se haya fortalecido el paramilitarismo, las guerrillas perdieron contacto internacional, se pertrecharon en el plano nacional en busca de financiación, comenzaron a golpear clases de medio y bajo ingreso, incurrieron en excesos e iniciaron una fase de degradación que les ha reportado perdida de sintonía con las clases populares.


El fin del olvido.

Ahora bien, el olvido felizmente ha terminado. Sin duda las gestiones adelantadas en la etapa final de la administración Samper , por ejemplo el pre acuerdo firmado con el Ejercito de Liberación Nacional, ELN, en el Palacio de Viana en Madrid y los encuentros de Maguncia en Alemania, el proceso iniciado por la administración Pastrana con las FARC, y ahora también con el ELN, los contactos emprendidos por la insurgencia en el exterior, las múltiples iniciativas de la sociedad civil, (tan acusada de insensibilidad e inmovilismo) y las labores de diplomacia ciudadana realizadas por miles de colombianos y colombianas, así como seminarios y jornadas de la naturaleza del que hoy nos encontramos y el realizado por AESCO en 1997 en Alcorcón, el encuentro del Hotel Tryp en Madrid o la Conferencia de Costa Rica en San José, han conseguido estimular el interés de gobiernos, ONG, universidades, y organismos multilaterales.


La paradoja: un conflicto conocido pero incomprendido.

Sin embargo, es necesario advertir que la reciente notoriedad de la crisis colombiana es consecuencia también de tres hechos: 1. El escalamiento y envilecimiento del conflicto, que ha desencadenado una crisis humanitaria, vocablo eufemístico para denominar una auténtica orgía de sangre, destrucción y muerte. 2. El riesgo potencial, imaginario o real, de que el problema comprometa la estabilidad de la Región y actúe como mecha en un atiborrado depósito de dinamita, especialmente en Ecuador, Perú y Venezuela; y 3. El carácter medular que tiene Colombia en uno de los temas que predominará en la agenda norteamericana, por lo menos durante las primeras décadas del siglo XXI: El narcotráfico, toda vez que es en donde se producen las 2/3 partes de la cocaína del mundo.


Una equivocación llamada Plan Colombia.

Pero que el olvido haya cesado no significa que exista mejor comprensión por parte de las elites nacionales, los gobiernos extranjeros y las agencias multilaterales. Una muestra es el Plan Colombia, en cuyo substrato encontramos la siguiente hipótesis de trabajo: el conflicto se mantiene porque las guerrillas son renuentes a negociar debido a su fortaleza militar, un poderío derivado del dinero que suministra el narcotráfico. A su vez, éste goza de impunidad porque el Estado no puede ejercer control sobre todo el territorio, entre otras razones, por la existencia de las guerrillas. Si se quiere forzar una negociación, hay que acabar con las fuentes de financiación, es decir, el narcotráfico. Aquí confluyen el interés nacional y el interés de la primera potencia. Si la comunidad internacional quiere mayor colaboración del gobierno colombiano en la lucha contra las drogas, tiene que implicarse en fortalecer el aparato militar y presionar a la guerrilla a que negocie.

Esta análisis parte de premisas equivocadas y es difícil que llegue a resultados acertados. Explicar la crisis reduciéndola a la doble dimensión de guerrillas y narcotráfico es desconocer los orígenes de un conflicto, que si bien ha sufrido metamorfosis en la forma, se mantiene intacto en el fondo; olvida que las guerrillas son anteriores al narcotráfico, por lo menos en el espectro actual de poderosa mafia transnacional. Los campesinos de Marquetalia, el Pato, y Guayabero, son anteriores a los capos de Medellín y Cali; por años subsistieron sin depender del narcotráfico, podríamos decir que iban llegando tarde a trabar relaciones con ellos, fueron muchos los políticos, los banqueros, los jueces, los industriales y ganaderos que arribaron al narcotráfico desde cuando apenas daba los primeros pasos en la estructuración de los carteles y gozaban de aceptación, e incluso admiración, dentro de la sociedad colombiana.

Algunas esferas del Estado colombiano y de otros paises, creen imposible la finalización de la contienda sin pasar por la erradicación del narcotráfico, dado el ascendiente y la influencia que ejerce sobre la misma. Ciertamente, el narcotráfico ingiere en la reproducción del conflicto, pero no en forma absoluta, la guerra está interferida por este factor y le provee de una característica singular, pero es una extravagancia hacer de la erradicación un presupuesto de la paz, menos sí la solución se funda en premisas represivas y prohibicionistas, como el modelo antidrogas norteamericano.

Exigir como cortapisa el aniquilamiento del narcotráfico significa que el camino emprendido no conduce a la paz sino a guerra. Si algo ha quedado patente, desde que Reagan proclamó la guerra contra las drogas, es que ésta ha sido infructuosa, que ha sido una Guerra Fallida, para utilizar las palabras de Alvaro Camacho, Andrés López y Francisco Thoumi, en su libro, en el que, como lo afirma el prologuista Juan Gabriel Tokatlian, se "muestra de manera clara y contundente el lugar al que han llegado Estados Unidos y Colombia en la "guerra contra las drogas": en el extremo del despeñadero, producto de un conjunto de políticas públicas costosas e improductivas en materia de narcóticos, Washington y Bogotá (con el silencio notable de Europa y la ausencia notoria de Latinoamérica) parecen próximos a un desastre de incalculables proporciones para Colombia".

Ya nos referiremos más adelante a este tema, pero, para no perder el hilo, quiero decir que el Plan Colombia, además de ser un medicamento ineficaz para combatir el narcotráfico, agudiza la atávica crisis de confianza que existe entre las partes, entendible por las traiciones que en el pasado han sufrido los rebeldes desmovilizados y también, claro está, por la falta de transparencia y decisión de la guerrilla para anunciar que está dispuesta a renunciar a la lucha armada y que los diálogos no son un movimiento táctico. Esta crisis de confianza ha estado presente desde el inicio de los diálogos, y la simboliza la silla vacía de Marulanda en San Vicente del Caguán el 7 de enero de 1999. Son muchas las ocasiones que el gobierno colombiano, y los Estados Unidos, han negado la existencia de un Plan B, y muchas las voces que desde la el movimiento ciudadano han expresado que la única que no tiene Plan B, es la población civil.

Consecuente con la tradición política excluyente, el Plan Colombia no fue discutido en el país. No fue el resultado de un Pacto de Estado, de un acuerdo entre los partidos y las fuerzas sociales, ni debatido en el Congreso; no contiene coincidencias entre el Estado y la Sociedad Civil, ni representa una convergencia entre gobierno y fuerzas rebeles. Ha sido más ventilado y analizado en el Congreso de Estados Unidos, en donde ha recibido críticas y oposiciones.

En diciembre pasado, el senador demócrata por Minnesota, Paul Wellstone, en el New York Times, hizo fuertes juicios al Plan, dijo que la ayuda norteamericana asigna aproximadamente un 75% de los recursos a las fuerzas de seguridad del Estado, pero que la institución militar estaba en crisis aún cuando haya tomado algunas medidas en materia de derechos humanos, y cita como soporte para su informe del Departamento de Estado en el que se asevera que el manejo del poder civil sobre las fuerzas armadas es muy limitado. Afirma que son muchos los miembros de las fuerzas de seguridad que continúan colaborando con paramilitares de extrema derecha, responsables alrededor de las ¾ partes de los asesinatos políticos. Enfatizó que la administración Bush debería replantear la política antidrogas, dar un enfoque más efectivo que incluya un apoyo al proceso de paz, contundente defensa y protección a los derechos humanos y a las iniciativas para hacer que la producción de droga, sea menos atractiva económicamente para los desesperados campesinos, mediante las ayudas necesarias y reformas a corto plazo.

Un editorial de este mismo periódico, en enero, conceptuó: "Irónicamente, entre más exitosa sea la estrategia mayor sería el dolor de cabeza para los países vecinos. El incremento de las acciones armadas en el Putumayo, producirá más refugiados. Además, en la medida que los cultivos de coca se vean reducidos en esta región migrarán a otras regiones dentro de Colombia o a otros países. El narcotráfico que se aplasta en una región sencillamente florece en otra.... esto expondrá a los otros países a los destructivos efectos colaterales del narcotráfico. Los grupos criminales de seguro se moverán hacia ellos, corrompiendo a funcionarios, asesinando a policías y erosionando el control del Estado".

También los vecinos han mostrado preocupación por los efectos del Plan Colombia dentro de sus fronteras. El presidente Chávez, ha sido el más reiterativo. Recientemente en una alocución ante la Asamblea Nacional de Venezuela, expresó su deseo de que el nuevo gobierno norteamericano revisara el Plan. Indicó que éste aumentará la violencia y extenderá el conflicto. También desde Ecuador, Panamá, Perú y Brasil han señalado los peligros que entraña el Plan Colombia; éstas criticas han sido compartidos por algunos países de la UE, aunque con matizaciones diferentes, y por la UE misma. En Madrid, paralelamente a la realización de la cumbre del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz, el 7 de julio de 2000, se realizó una reunión a la cual asistió un centenar de organizaciones colombianas, norteamericanas y europeas e hicieron observaciones al Plan. En la conferencia de Costa Rica celebrada el año pasado se reiteraron estos reproches.

El embajador suizo en Colombia, el 24 de octubre anterior, con ocasión de la segunda reunión del Grupo de Apoyo al Proceso de Paz, en Bogotá, expresó: "Un Plan de esa envergadura debe ser fruto de un amplio consenso dentro de la sociedad colombiana e incluir a todas las partes involucradas en el proceso de paz, es decir a la sociedad civil, a los municipios, a las ONG y demás actores. Sin embargo, las reacciones muestran claramente que tal consenso no se ha dado todavía." . Igualmente advirtió que como el Plan estaba ligado al Proceso de Paz, resultaba muy difícil aceptar el componente militar, y que éste iba a producir mayor cantidad de desplazados en el sur del país, como en efecto ha sucedido. En esa misma reunión, el embajador Renaud Vignal, en nombre de la Unión Europea, se desmarcó del Plan Colombia, y argumentó que los esfuerzos deberían centrarse en otras áreas, como el apoyo al Estado de derecho, la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, la lucha contra las causas de la violencia y ayuda a sus víctimas, la protección de la biodiversidad y del medio ambiente, y el afianzamiento de la concertación y de la cooperación regional. Y para zurcir otra punta más en el tejido de las descalificaciones, el parlamento europeo, la semana pasada, expidió una resolución por medio de la cual rechaza el Plan Colombia por militarista.


Avanzar en la comprensión del conflicto: los factores externos que lo reproducen.

La senda que ha tomado el proceso pone de manifiesto que varios círculos, nacionales e internacionales, no tienen claro qué es lo que realmente pasa en Colombia. El conflicto ha sido estudiado desde múltiples perspectivas teniendo en cuenta hechos políticos, históricos, económicos, sociales y culturales, casi todos ellos de naturaleza interna. El conflicto ha sido explicado, y en ocasiones justificado, entre otras razones, por la ausencia de espacios democráticos en donde resolver pacíficamente las controversias; por la falta de legitimidad del estado; por la acumulación de crisis no resueltas; por la pobreza; por la desigualdad y la exclusión social y política; por la existencia de una subcultura de violencia que mueve a los colombianos a dirimir sus divergencias a través de la fuerza; por la precariedad y la ineficiencia de la justicia; por auge del narcotráfico, etc.

Pero, como dijimos al comienzo, los conflictos no son estáticos, y aunque los factores nacionales han contribuido, y mucho, a que la situación haya alcanzado la deforme fisonomía actual, es pertinente advertir que en su evolución, en especial en su última fase, han influido contingencias de naturaleza transnacional y fenómenos proveniente de la globalización económica. Esta supone inobjetables ventajas, pero también inmensas desventajas.

Algunas voces atribuyen al conflicto la crisis del país, la más profunda de los últimos setenta años, los altos niveles de paro, la fuga de capitales, el cierre de empresas, el éxodo de ciudadanos, sin tener en cuenta que Colombia, al igual que muchos otros países, sufre los impactos negativos de la globalización que pone en jaque su aparato productivo. "El 20% más rico de la población mundial ganaba 30 veces más que el 20% más pobre en 1960. En 1990 la proporción era de 60 a 1, y en 1997 la diferencia era de 74 a 1, según el PNUD. En 1820 la proporción era de 3 a 1, de 7 a 1 en 1870, de 11 a 1 en 1913, y de 74 a 1 en 1997, es decir, hoy las desigualdades son mayores que nunca." Según el informe de PNUD de 1996 la brecha en la renta per cápita entre el mundo industrializado y el mundo en vías de desarrollo se triplicó, de 5.700 dólares en 1960 a 15.000 dólares en 1993. La crisis económica colombiana, entonces, no puede adjudicarse a la existencia de la guerra sino debe ser analizada dentro de un contexto más complejo.

Lo anterior para decir, en suma, dos cosas. La primera, que el conflicto y la crisis deben ser estudiadas desde perspectivas internas, pero también externas; más aún, las segundas pueden ser tan importantes como las primeras, en la medida en que contienen mayor complejidad y demandan un conjunto de voluntades políticas superiores al Estado y a la Sociedad colombianas. Y la segunda, que el conflicto ha llegado a un punto que su terminación depende no sólo de la voluntad de las partes ni de la capacidad militar del Estado, sino de la adecuada coordinación de recursos y voluntades nacionales e internacionales.


Las Claves Internacionales del Conflicto : Narcotráfico y contrabando de armas.

Hay fenómenos transnacionales que escapan a la gobernabilidad colombiana. En esto coinciden todos los países. Colombia tiene un Estado en proceso de desestructuración acelerada, con precaria capacidad para enfrentar manifestaciones criminales transnacionales. Según la Conferencia de 1994 sobre el Crimen Organizado Global, el tráfico de drogas oscila en torno a los 500.000 millones de dólares estadounidenses al año; es decir, es mayor que el comercio de petróleo. Estamos hablando de un negocio omnipotente en el cuál concurren varias actividades: el cultivo, el procesamiento, la venta de precursores químicos para transformar la hoja de coca en cocaína, el transporte, la distribución y comercialización en las calles del mundo industrializado, el lavado o blanqueo de dinero y activos; para estas labores, el narcotráfico desarrolla un entramado siniestro de corrupción y muerte a todos los niveles. Pero, asimismo, tiene que relacionarse con un concierto de agentes internacionales, sin los cuales no tendría auge.

El narcotráfico aglutina muchas acciones delictivas. Algunas contribuyen a reproducir el conflicto interno. Me refiero al tráfico de armas. En los últimos años Colombia ha visto cómo sobre su suelo operan redes de contrabandistas de armas, varias, al parecer, auspiciadas desde los mismos gobiernos. Aún no han sido aclaradas, de manera satisfactoria, las vinculaciones del ex mandatario peruano Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, involucrados en un transbordo de armas procedente de Jordania y que al parecer terminó en poder de las Farc-Ep. Cuesta demasiado pensar, que las agencias de inteligencia norteamericanas desconociesen dichos movimientos, especialmente ahora que se han desvelado las estrechas relaciones de esta corrupta pareja con el cartel de Medellín, según lo ha contado el hermano del tristemente célebre Pablo Escobar.

La alianza entre los carteles de las drogas y los contrabandistas de armas y mercenarios es antigua. Bastaría recordar las andanzas del ex militar israelí Yair Klein, contratado por otro espeluznante personaje, Gonzalo Rodríguez Gacha, para adiestrar los escuadrones de la muerte que operaban bajo su mando en el Magdalena Medio; gracias al cinismo de Carlos Castaño, cabeza de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, sabemos que existe una red de traficantes de armas procedente de Surinam y Brasil que canjea fusiles Ak47, ametralladoras M60 y lanzagranadas de mano y de mortero, por kilos de cocaína en lugar de dinero. Lo contó tras confesar que las Farc le arrebataron un cargamento de armas que venía procedente de China y que hizo escala en Brasil.

Las armas entran a Colombia por Panamá, por Brasil, por Perú, por Ecuador y Venezuela, y concurren a incrementar el conflicto armado. Vienen procedentes de lugares remotos, Jordania, Rusia, China, Bulgaria, Corea del Norte, Rumania y otros estados de Europa Oriental, también de Centroamérica y de algunos países vecinos , pero ¡oh! Sorpresa, buena parte del armamento es de fabricación norteamericana e israelí. ¿Puede Colombia enfrentarse a estas redes, sin un fuerte y decidido apoyo de la comunidad internacional? Los gobiernos deberían ser más estrictos en el control a la fabricación y a la venta de armamento, es claro que sin su negligencia, y en muchos casos sin su complicidad, los traficantes de armas no podrían operar de la forma en que lo hacen.

La responsabilidad política y moral de la comunidad internacional para combatir mafias transnacionales es muy grande. Un informe del equipo operativo del G-7, de abril de 1990,estimó que al menos 120.000 millones de dólares anuales procedente del narcotráfico se blanquea en el sistema financiero mundial. Hay que replantear las estrategias, se deben emprender acciones, en lo que concierne al narcotráfico, por fuera del inflexible y fanático marco prohibicionista de Estados Unidos, medidas que ataquen la médula del problema: la artificialidad del precio de las drogas. El narcotráfico y el contrabando de armas se funden y encuentran un escenario propicio en países como Colombia, el único Estado de América del Sur, donde extensas zonas del país escapan al control del gobierno.


La quiebra de la agricultura.

Esto conecta con otra situación, la quiebra de la agricultura. En los últimos diez años, se redujo sensiblemente el área sembrada. Nos hemos convertido en un país importador de alimentos. Seamos sinceros. Los campesinos cultivan coca y amapola debido a la ruina agrícola, y recordemos que, no obstante la veloz urbanización experimentada por el país en el último cuarto de siglo, el campo todavía alberga 15 millones de personas, es decir el 38% de la población ; el 72% viven en la pobreza y no reciben casi ningún beneficio del Estado. Los llamados cultivos ilícitos ofrecen a los productores ingresos sin comparación con los cultivos legales. Crisis agropecuaria y cultivos ilícitos están relacionados. La transición del modelo proteccionista al neoliberal ha significado grandes perjuicios para la economía agropecuaria y el mercado laboral rural, y ha contribuido a la concentración de la propiedad de la tierra. Hay estudios que demuestran que Colombia viene en un acelerado proceso de relatifundización de la tierra. La agricultura demanda un tratamiento preferencial. Su quiebra es imputable a ese proceso de liberalización impuesto por las agencias internacionales, y seguido mansamente por los gobiernos sin políticas de compensación de costos. Aquí existe otra de las claves de la paz. Es necesaria una reforma agraria integral que le permita a la agricultura recuperar el peso dentro de la economía nacional, jugar un papel de cohesión social, y de ocupación del territorio. La agricultura como ejercicio de soberanía. Necesitamos no un millón de milicianos empuñando las armas, sino un millón de campesinos manejando los arados.

El éxito de una nueva política agrícola depende de que Colombia disponga de instrumentos que le permitan recuperar su capacidad exportadora agrícola, combatir el desempleo rural juvenil, que es, la cantera de la mano de obra de la guerra. Es dudoso que esto sea posible mientras se mantengan instituciones como, por ejemplo, la PAC de la Unión Europea, que pone en situación de ventaja a los campesinos europeos frente a los del Tercer Mundo, que además, no cuentan con los recursos tecnológicos de los países industrializados ni gozan de entornos macroeconómicos sanos y estables. En este campo encontramos otro de los efectos perversos de la globalización económica, imposible de contrarrestar sin apoyo de la comunidad internacional. Quizá los países de la UE lo acepten.


El endeudamiento externo.

Otro aspecto que requiere ayuda internacional es el endeudamiento del Estado. La deuda externa, sumada a los altos niveles de corrupción, está haciendo inviable el Estado; éste es casi invisible socialmente, lo que contribuye a la pérdida de legitimidad. Las masas populares ven el rostro estatal únicamente cuando son reprimidas. La deuda externa se duplicó en el último decenio y equivale al 42.8% del PIB ; en 1990 ascendía a 17.992 millones de dólares y nueve años más tarde superó la barrera de los 35.000 millones de dólares. En los próximos cuatro años Colombia deberá pagar un monto cercano a 15.000 millones de dólares, esto es dos veces el Plan Colombia. El presupuesto es deficitario en un 54%. El gobierno aspira obtener de la comunidad internacional 3.500 millones de dólares, y aportar con cargo a crédito 4.000 millones de dólares. Para aliviar la capacidad de inversión social del Estado, a fin de que recupere legitimidad, se necesita replantear el plan de pagos de la deuda, extendiendo los plazos para su amortización.


El papel de la comunidad internacional en la construcción de la Paz.

Sin duda la paz depende, en primer término, de lo que haga Colombia, pero también de cómo actúe la comunidad internacional. A nuestro juicio, ésta debe inspirarse en los siguientes criterios para que su participación sea eficaz: 1. Reconocer que el conflicto sufre la influencia de la globalización económica y de fenómenos delictivos transnacionales, y por tanto requiere acciones internacionales; 2. Que lo anterior demanda una cooperación internacional estrecha utilizando todos los instrumentos de política exterior (diplomacia, fuerzas armadas, comercio, migración, cooperación al desarrollo, etc.) de los países. 3. Que es necesario dotar al Grupo de Apoyo al Proceso de Paz de capacidad para adoptar medidas internacionales, que sin debilitar más el Estado, permitan proteger vidas humanas; igualmente, no limitar la responsabilidad de los estados únicamente al papel de donantes o a las figuras tradicionales de mediación, acompañamiento o verificación. 4. Que la ayuda externa, particularmente, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) contribuya a aliviar las cargas y no añada nuevos problemas, ni esté condicionada o ligada a sus intereses estratégicos nacionales, como viene sucediendo. En cambio sí debe supeditarse a que el Estado muestre progresos en materia de protección de los derechos humanos y depuración de sus fuerzas militares y policiales. 5. Construir un marco más equitativo y solidario de las relaciones comerciales a fin de que Colombia pueda recuperar su estabilidad macroeconómica, mejorar el entorno socioeconómico, generar empleo, y modernizar su aparato productivo.

Colombia hay que mirarla en la triple dimensión de desestructuración del Estado, de la influencia de la criminalidad global organizada, y de un modelo económico que ahonda el agujero entre pobres y ricos, y hace de ella un frágil estado periférico límite de la economía mundial. Dentro de este tríptico, lo primero produce violencia, lo segundo suministra dinero y armas, y lo tercero, manos místicas, o mercenarias, para empuñar esas armas.

Este triángulo perverso sólo puede ser desarticulado con un plan orientado a fortalecer el Estado, pero no sólo en lo militar; con una fuerte acción internacional contra el crimen organizado global, y mediante la implementación de reformas políticas, económicas y sociales que modifiquen las estructuras tradicionales, quizá las reformas agraria y la fiscal sean las más urgentes. Los tres vectores demandan una decidida cooperación internacional, y una férrea voluntad política de las elites gobernantes y de las fuerzas insurgentes, que deben encontrar, con prontitud, antes de que Colombia se sumerja en un profundo abismo de caos y disolución, puntos de coincidencia que permitan abrir un nuevo capitulo de la historia, uno más equitativo, pacífico y democrático.


El éxodo externo.

Finalmente, no puedo pasar por alto el tema del éxodo externo. La crisis y la guerra han desencadenado un fenómeno migratorio masivo, y Colombia sufre una gran perdida de capital humano. Según el Departamento de Planeación Nacional de Colombia, el país perdió 2.000 millones de dólares a causa de la fuga de cerebros , lo cual contribuye al estancamiento económico y a la pérdida de competitividad, como lo asevera un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. España no es el principal destino migratorio colombiano, pero sí es una muestra reveladora. A marzo 31 de 2000 solicitaron regularizar su estancia en España 13.475 colombianos, constituyéndose en la tercera población extranjera, dentro de la que solicitó regularización. La migración debe ser tenida en cuenta en los programas de Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Es un colectivo al cual hay que abrir espacio en la construcción de la paz. La comunidad internacional debería evaluar el éxodo desde la perspectiva de un país en conflicto y otorgar un visado por razones humanitarias, como se ha hecho con otros países.

Hace años la paz de Colombia estaba casi en sus propias manos, vergonzosamente no supimos alcanzarla, hoy depende mucho de las manos del mundo, confiamos en que así sea entendido.


Guillermo Pérez Flores (Febrero de 2001)

Fuente: La-Nación.Net






 
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