Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Quito, 23 de febrero de 2002



Una vez más el desprecio por la vida humana le ha ganado la partida a la razón; para quienes desde el principio proclamaban una salida militar, quienes impulsaban el Plan Colombia y nunca asumieron a la paz como una política de Estado, quienes reproducían la muerte en nombre de una cínica "autodefensa" y los que la toleraron, quienes desde la insurgencia agudizaban el miedo de la población civil, para todos ellos la responsabilidad de haber quebrado la poca esperanza que nos estaba quedando como saldo de la palabra.

El Presidente Pastrana ha dicho en su discurso que el secuestro del senador Gechem fue la gota que derramó el vaso, sin embargo diversas organizaciones de la sociedad civil colombiana afirman que fue solo una excusa para un proceso prediseñado de confrontación armada que estaba ya contemplado en la aplicación del Plan Colombia y el financiamiento ofrecido en su componente militar.

Los que ganan con la guerra son los mismos que la proponen y aquellos que pierden son los que la sufren, esa ha sido siempre la lógica infernal de la guerra. Nos quedan ahora los miles de campesinos hombres, mujeres, niños y ancianos como blancos militares de un conflicto que pretende exterminarlos a todos si no es con balas, bombas o venenos químicos, probablemente por hambre y por necesidad. Porque nadie ha pensado en ellos, porque su presencia ha pasado a medirse en hectáreas cultivadas, en aportes a los grupos armados, en bases, nunca en construcciones, nunca en vidas humanas. Nada se ha dicho sobre la aplicación de medidas que precautelen su integridad personal, estas poblaciones permanecen abandonadas en un campo de batalla haciendo el papel involuntario de escudos humanos.

El analista político Alvaro Valencia ha determinado que los más beneficiados de esta situación, a parte de los fabricantes de armas, serán los paramilitares, el grupo armado responsable de dos terceras partes de las muertes en Colombia, ellos podrán actuar con más libertad y de manera abierta en otros sectores sin que los militares los enfrenten dado que concentrarán sus esfuerzos en los ataques a la guerrilla. Los paramilitares entrarían a las poblaciones abandonadas por los guerrilleros con el propósito de "limpiar" las mismas de la posible influencia izquierdista.

La guerra, a pesar de las declaraciones de ministros y voceros ecuatorianos, ya está extendiendo los brazos y cruzando nuestra frontera, ninguna de las provincias fronterizas con Colombia tienen capacidad para ofrecer un refugio digno a los desplazados y desplazadas por la guerra porque tampoco lo tienen quienes viven allí. Al contrario, la grave profundización de la pobreza percibida en los últimos dos años solamente contribuirá a la fragilidad de la población, cercada y amenazada cotidianamente por la violencia. Es responsabilidad del Gobierno ecuatoriano no tomar únicamente medidas coyunturales que en lugar de proteger a los pobladores, les reduce el ejercicio de sus derechos.

Es urgente detener los bombardeos generalizados que destruyen vidas civiles, es urgente que la comunidad nacional e internacional intervenga para frenar la espiral absurda de la guerra, es la primera obligación del gobierno del Ecuador insistir en el diálogo y la negociación como únicas salidas posibles y lograr que nuestros países, en lugar de involucrarse en la guerra se comprometan con una voluntad real de paz con justicia social.

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos