Decreto de "Emergencia" contra la población de Sucumbíos y Orellana en Paro




Colectivo Pro Derechos Humanos

Nueva Loja, 24 de febrero de 2002




El Decreto de "emergencia" anunciado por el Presidente de la República se concretó hoy domingo y, aunque no se tuvo acceso al documento, de fuente fidedigna se conoce que la "emergencia" es la medida de hecho convocada por "algunas organizaciones sociales y gobiernos seccionales", las cuales son calificadas como "acción política". Esta medida evidencia "que la única preocupación del gobierno es romper el paro y desconocer las responsabilidades que tiene en las exigencias de las dos provincias", fue la reacción de la Asamblea de la Sociedad Civil de Sucumbíos, ASCIS. En el segundo día del paro fueron detenidas seis personas y se produjeron enfrentamientos entre fuerzas militares y ciudadanos en pozos petroleros de Sacha, cantón Shushufindi.

Luego del ambiguo anuncio del presidente Noboa sobre la declaratoria de "emergencia" en Sucumbíos, hoy se conoció que el decreto es la respuesta del gobierno a la paralización biprovincial. Para el gobierno, se justifica la emergencia por la "acción política de algunas organizaciones sociales y gobiernos seccionales". Cabe señalar que el Comité Biprovincial de Paro está presidido por el Prefecto de Orellana, Daniel Lozada, y el Prefecto de Sucumbíos, Luis Bermeo. Además, está apoyado todas las organizaciones agrícolas y campesinas de ambas provincias, organizaciones ambientalistas locales, organizaciones de mujeres y se pronunciaron a favor del paro diez de los 12 municipios de las dos provincias.

El decreto de emergencia del gobierno no se orienta a proteger a la población fronteriza ante las posibles repercusiones de la ruptura del diálogo entre el gobierno y la guerrilla en Colombia, sino que "se evidencia que la preocupación del gobierno es romper el paro y desconocer las responsabilidades en las exigencias" ante los graves problemas de la población, es el criterio de los dirigentes de la ASCIS.

Para representantes de Derechos Humanos, el decreto de "emergencia" pone en alto riesgo la seguridad de la ciudadanía que "abre el camino para sofocar la paralización de las provincias mediante la represión y bien podemos estar ante preparativos de una intervención militar a gran escala contra la ciudadanía, es como tener un pequeño "plan Colombia" contra la población civil de Sucumbíos y Orellana". De alguna forma, las detenciones en Dureno, Lago Agrio y los enfrentamientos entre las fuerzas militares y la población en Sacha, anticipan lo que puede ser la tónica de la "emergencia" en este paro.

Hasta las 19 horas de hoy, dirigentes de la ASCIS y otros organismos locales, adelantaban intensas gestiones ante el Gral. Miño, COmandante de la IV Zona Militar, para que se libere a las personas detenidas, entre ellas a Rosendo Castillo, Presidente del Centro Agrícola, y a ciudadanos de Dureno, entre quienes se cuenta el Presidente de la Junta Parroquial, Mario Arroba. Al parecer, las órdenes de los militares son controlar e impedir la paralización de la extracción petrolera.

La agenda del Paro Biprovincial incluye la exigencia al gobierno para que se ponga en ejecución un plan emergente de reactivación agrícola, para que se solucione de inmediato el déficit de 50% que tienen las dos provincias petroleras en la provisión de energía eléctrica, para que se obligue al Consorcio OCP a compensaciones justas y para que las minas de canto rodado del río Aguarico sean retiradas de las manos de los familiares del diputado Azuero, que las han monopolizado con la venia del Ministerio de Energía y Minas.

Estas demandas "legítimas y solo apuntan al respeto mínimo de los derechos económicos y sociales de las provincias orientales y de frontera, solo quien no vive en la región ni le importa la dignidad de la población, puede decir que se trata de acciones ilegítimas", dijo el documentador del Observatorio Internacional por la Paz en Sucumbíos, "la peor equivocación del gobierno sería desconocer las carencias crónicas de la región, descalificarlas por influencias de políticos y poner en marcha un plan represivo contra la ciudadanía de Sucumbíos y Orellana", añadió.


Colectivo Pro Derechos Humanos






 
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