Caso Fybeca: La "ayuda humanitaria" a las víctimas ofrecida por Gutiérrez es una trampa descomunal

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

Quito, 23 de diciembre de 2004

 

La APDH alerta a la ciudadanía ecuatoriana y a la comunidad internacional de DDHH, que el Presidente Lucio Gutiérrez, el ministro de Gobierno Jaime Damerval y, casualmente, uno de los abogados de los uniformados involucrados, desconociendo expresas disposiciones de las leyes nacionales, de la propia Constitución y la normativa internacional ("Derecho a la Reparación Integral a las Víctimas de violaciones a los DDHH"), han coincidido en manifestar ante la prensa que "no se trata de reconocer un hecho 'ya sentenciado' por la 'Justicia' Policial", sino de una "ayuda humanitaria". Es decir, ni siquiera hablan de "indemnización", que, por lo demás, está contemplada en las leyes nacionales e internacionales como un deber de los estados cuando sus agentes han violado los derechos humanos de los ciudadanos indemnes, sino algo así como un "humanitarismo navideño" típico del edecán que, ataviado de Presidente, regala palas, latas de atunes y chequecitos a comunidades indigenas empobrecidas.

Así, con ese dejo de "gobierno buenito", tal ayuda "humanitaria" es otra hipócrita violación legal sumada a las numerosas violaciones a la ley vistas en el caso Fybeca. El Coronel Gutiérrez, el ministro Damerval y el sector "duro" de la Policía Nacional (precisamente el que está detrás del Escuadrón de la Muerte que actuó en el caso, cuya existencia es lo que trataron ayer, tratan hoy y tratarán siempre, de ocultar en todo el proceso) intentan una consagración "monetarista" de la Impunidad.

Se puede, más allá de las palabras oficiales, descubrir adicionalmente, la intención de "manchar" ante la "opinión pública", a las Dolores y a las víctimas que ellas simbolizan, con la lógica típica del Estado de arreglar todo en términos monetarios (para que luego, el vulgo repita la torpe muletilla: "Todo lo que querían es plata") y, sobre todo, negar toda posibilidad de justicia futura a cualquier otra víctima de violaciones de DDHH cometidas por agentes de la Fuerza Pública, minimizando delitos de Estado con el tema "ayuda humanitaria", y ocultando verdaderos crímenes de Estado con "ayudas" que no pasan de ser una despreciable estrategia para dejar impunes hechos delictivos que no se sentencian ni sancionan.

Como Gutiérrez no es original, hay que aclarar que esa desfachatada propuesta ni siquiera fue inventada por él, sino por el gobierno de Gustavo Noboa, cuando su ministro de gobierno de turno (Dr. Santos Vera) durante el levantamiento del 2001 y ante las víctimas indígenas de Tungurahua y Napo, habló por vez primera, en la llamada mesa de diálogo (en la que participé como asesor de las organizaciones indígenas para el tema "Indemnizaciones" y Plan Colombia), de las famosas "ayudas humanitarias", con el mismo y exacto argumento: "El gobierno no reconoce violaciones a los DDHH, ni violaciones a la ley, ni indemnizaciones a los indígenas fallecidos o heridos, sino que quiere entregar ayudas humanitarias urgentes. Tómenlo o déjenlo". Los que tengan amnesia, favor revisar las actas de esas reuniones infames. Recuerdo que el entonces presidente de la Conaie, Antonio Vargas, fue el más acelerado interesado en que pronto reciban la ayuda humanitaria los heridos, bajo el argumento primario de que "las bases me están pidiendo cosas concretas, ya basta de seguir debatiendo si fue una violación a los DDHH o no". Recuerdo que todo lo que ganamos con los indios en las primeras rondas de reuniones, a pulso y peleándoles cada párrafo a los asesores gubernamentales, presentando casos internacionales parecidos, enseñando algo de normativa internacional al ministro y sus asesores, todo se fue al garete, cuando la Conaie de entonces aceptó admitir la "ayuda humanitaria". Esa noche, despechado por el tiempo perdido, con indignación por la tamaña grosería de la "ayuda" (los asesores mostrando una pizarra, tasando los muertos, dando clases de economía mortuoria), fui hospitalizado debido a la ùlcera sangrante que me provocó la perrada gubernamental y la torpe aceptación de Vargas y su combo. Juré no volver más a niguna mesa de diálogo si "nuestra" propia gente no era seria.

Es que no es un mero juego de palabras, no se trata de dejarles pasar así nomás esas aparentemente inocentes semánticas oficiales de las "ayudas". Cuando estos individuos, incluido el abogado de uno de los involucrados, dicen lo que dicen, no lo hacen gratuitamente, sino en aras de:

  1. Desconocer un caso que, como pocos, contabiliza al menos diez violaciones a los derechos humanos y a la ley que, en otros países con un poco más de cultura democràtica en sus sociedades, ya pondrían en su sitio, es decir los sancionarían, no solo a los oficiales delincuentes que cometieron crímenes a plena luz del día, sino al propio Presidente por proponer argumentos y "ayudas" no contempladas en la ley internacional y nacional cuando de crímenes de Estado o violaciones a los DDHH se trata.
  2. A futuro, evitarse el proceso de acusación y la más que probable sentencia condenatoria en el sistema interamericano de DDHH (CIDH-OEA) que, de todas maneras, obligaría al Estado ecuatoriano representado por el gobierno de Gutiérrez, a indemnizar como un deber oficial, a las Dolores, quienes tienen derecho a la indemnización, no a la "ayuda humanitaria" (¿acaso es un "favor" que los ecuatorianos debemos agradecer a estos papá-noel de la desfachatez patriotera y bucarameca?).
  3. Sobre todo, lo que es más peligroso, a futuro esta bellaquería de "iniciativa", trastocaría todo principio normativo y legal de conducción gubernamental ecuatoriana en casos parecidos. Porque si mañana se presenta otro caso, en que la "Justicia" policial o no, deja impunes crímenes de Estado o violaciones a los DDHH, cualquier Damerval de turno -abogado de Derecho por más señas- podrá escudarse en el mismo cínico argumento: "Ayuda humanitaria", para dejar lo más grave y gordo suelto: a los criminales, a los jueces que los absolvieron, a los jefes que los ordenaron, a los gobiernos que los taparon. Ya nadie hablará de actos contra la ley y violaciones de derechos humanos que deben ser indemnizadas, sino de "ayudas humanitarias", mejor si las mismas ayudas "manchan" a las víctimas en el inconsciente colectivo, haciéndolas ver como "buscadoras de plata", que es lo que además, de relancina, ganarian los despreciables teóricos de la "ayuda humanitaria".
  4. Reflexionemos un poco más allá del paisito: ¿Sería legal que Rumsfeld y el jefe de operaciones en Faluya, el director de la prisión de Ghirab o los carceleros de Guantánamo, ante la presión internacional por las bellaquerias que miramos en las fotografías de ayer y hoy, hablen de reconocer "ayudas humanitarias" a los torturados y asesinados, pero de ninguna manera hablen de reparar legalmente un acto reñido con las leyes internacionales y la normativa mundial de DDHH? Debería hablarse, en ese caso, de crimenes de lesa humanidad y crimenes de guerra que deben ser reparados a través de la sanción a los responsables y de la Indemnización a las víctimas.

Los defensores de DDHH hablamos del principio internacional contemplado en la normativa específica, de Reparación Integral, que va más allá del derecho de indemnización y, por supuesto, que la tal "ayuda humanitaria". Reparación quiere decir:

  1. Aceptar por parte del Estado la responsabilidad en una violación a los DDHH por acción o por omisión.
  2. Sancionar a los culpables y a los jueces que taparon el delito.
  3. Congelar sus cuentas, confiscar sus bienes y proceder a que ellos, los culpables, sean los que paguen el delito no solo penando en la cárcel por sus acciones, sino aportando así al principio de justicia en la indemnización.
  4. Reparar el nombre de las víctimas, que en este y otros casos, siempre son enlodadas, al igual que el nombre de sus familias.
  5. Impedir que esos agentes vuelvan otra vez a ocupar cargos o funciones en la Fuerza Pública.
  6. Indemnizar a las víctimas, no en base de caprichosos contrasentidos gutierréicos o damervalítisticos, sino en lo que prescribe la normativa internacional. Los funcionarios de Procuraduría saben a lo que me refiero. La CIDH-OEA mantiene incluso un eje científico que permite detallar los montos de una indemnización, que tienen que ver con la edad, el estado civil, si tuvo o no hijos la víctima, etc.
  7. Investigar las desapariciones forzadas que faltan investigar y sancionar al fiscal de marras que emitifdó un dictamen y boleta de captura a los desaparecidos, porque según el imbécil se trata de "prófugos de la justicia".
  8. Finalmente, lograr del Estado la promesa ante la CIDH-OEA de que esos hechos no se repitan.

Por todo ello, no es fácil amigos y amigas, dejar pasar esta inocentada de Gutiérrez y el Sr. Damerval, porque de por medio se juegan muchas vidas más en el país. Recuerdo que uno de los asesores del ministro de Gobierno, el Dr. Zavala Egas, fue abogado de unos de los oficiales involucrados en el caso Fybeca. ¿Puede el ministro mostrar similar actitud si estuviera demandado en la Corte Interamericana, una vez que se supiera en la comunidad internacional que uno de sus asesores fue abogado de un oficial involucrado?

Recordemos, por dios, recordemos las violaciones sucesivas vistas en este caso:

Reparación Integral, no indemnización, Y menos aún, "ayuda humanitaria".

Ojalá los defensores de DDHH de Guayas y nuestras Dolores puedan integrar estas sugerencias en sus argumentos, antes de dar un siguiente paso.

En Ecuador se ha inaugurado, oficialmente ahora, de un plumazo, la era de la negativa a reconocer delitos de Estado y el derecho a la indemnización, con el bellaco argumento de "la ayuda humanitaria".

Quien debe dar ayuda y no solo "humanitaria" es la CIDH-OEA: debemos aunar esfuerzos para que el caso siga su curso y que se sancione al Estado ecuatoriano, o en su defecto, antes de ser sancionado, reconozca y cumpla los elementos de la Reparación Integral a víctimas de violaciones de DDHH.

 

Alexis Ponce
Vocero de la APDH del Ecuador

 

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