No a la Inmunidad para las tropas estadounidenses

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Boletín de prensa - Com. 515

Quito, 30 de noviembre de 2004

 

La Corte Penal Internacional y los Derechos Humanos

El reiterado interés de los EUA para que el Gobierno ecuatoriano suscriba un acuerdo bilateral de inmunidad para sus tropas es inaudito y contradice los principios de la justicia internacional que el país se ha comprometido a respetar y promover como Estado Parte del Estatuto de Roma, declaró Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.".

De la Vega recordó que las presiones estadounidenses provienen de agosto del 2002, en las que la administración del presidente Bush empezó a presionar a varios países, entre ellos Ecuador, para eximir a ciudadanos de los EUA de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), mediante una interpretación errónea y de mala fe del artículo 98 del Estatuto que creó este tribunal internacional.

El artículo 98 fue basado en la capacidad de la CPI de obtener jurisdicción sobre un caso si encontrara que esa investigación o procesamiento nacional no se había llevado a cabo de buena fe. Dado que la administración Bush no reconoce la jurisdicción de la CPI sobre estadounidenses, incluso para crímenes cometidos en el territorio de gobiernos -como el ecuatoriano- que han ratificado el tratado de la CPI, los Estados Partes que entreguen a sospechosos estadounidenses a los EUA estarían violando sus obligaciones contraídas bajo el tratado, reiteró De la Vega.

La aplicación de la Ley de Protección de Militares Americanos, conocida por sus siglas en inglés como ASPA (American Servicemember's Protection Act), que permite el uso de la fuerza militar para liberar a los sospechosos estadounidenses o de países aliados que estén detenidos por la CPI y que, además, prohíbe varios tipos de asistencia militar a gobiernos -como el ecuatoriano- que rehúsen firmar acuerdos bilaterales, es inadmisible porque atenta contra la soberanía nacional y los principios del Derecho Internacional reconocidos en nuestra Constitución Política, reafirmó este defensor de derechos humanos.

De la Vega exhortó a la Presidencia del Congreso Nacional y a las Comisiones Legislativas de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos a no ceder a esta nueva amenaza y chantaje de los EUA y a rectificar y sancionar la posición del Ejecutivo sobre este delicado y complejo tema que ha llamado la atención de la comunidad internacional de derechos humanos.

 

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