Declaración de La Paz: Encuentro Alternativo Sudamericano de Migraciones

La Paz, Bolivia, 25 y 26 de noviembre de 2004

 

"Para un mejor mañana de los y las Migrantes"

 

Preámbulo

Vemos con interés la continuidad de las reuniones de consulta de los países, en foros denominados Conferencia Sudamericana de Migraciones. Creemos que este es un proceso alentador para el abordaje del tema migratorio de forma transnacional, en el que los diferentes países participantes están en la obligación de plantear sus propias realidades, desde la perspectiva de los países de origen, tránsito y destino de migrantes y refugiados, en busca de soluciones adecuadas para el fenómeno migratorio.

Desde la misma visión, debemos manifestar nuestro deseo de que se amplíen e institucionalicen los espacios de diálogo, estamos seguros que con un trabajo coordinado entre Sociedad Civil y Estado, se pueden obtener mejor resultados en la búsqueda de la dignidad humana de los pueblos y de las personas en movimiento.

Creemos firmemente que el fenómeno migratorio debe ser enfocado desde la visión de desarrollo, equidad e interculturalidad, y los Estados deben constituirse en ejes articuladores de la defensa y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de nuestros pueblos, mediante un trabajo conjunto con la participación de todos los actores e instituciones implicadas en la búsqueda de la dignidad de los y las migrantes.

En este contexto, reconocemos que el Plan de Acción sobre migraciones internacionales en América del Sur, trabajado por los Estados de la región, contiene objetivos, líneas y tareas, que servirían para la promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes.

Las instituciones de la sociedad civil que trabajamos la temática de los derechos humanos y con el fenómeno migratorio en América del Sur, alarmadas por la situación de la población migrante de la región, deseamos expresar ante las representaciones de los gobiernos participantes en la Quinta Conferencia Sudamericana de Migraciones y ante la opinión pública en general, lo siguiente:

Consideramos que

  1. La globalización, el modelo económico excluyente, la aplicación de procesos de ajustes económicos y estructurales, se manifiestan en la creciente ampliación de las brechas entre ricos y pobres; entre norte y sur y, constituyen un obstáculo para el crecimiento de nuestros pueblos, trayendo como lógica consecuencia el crecimiento de los flujos migratorios y el desarraigo de quienes buscan días mejores lejos de su tierra.
  2. La cultura milenaria de nuestra América India, rostro indígena y afroamericano de los países de la región, debe ser el punto en común de nuestro trabajo, realidad que debe llevarnos a buscar formas alternativas conjuntas (estado, sociedad civil), para construir sociedades nuevas donde nuestros habitantes encuentren la dignidad humana y el desarrollo en equidad de sus comunidades.
  3. Los estados deben reconocer y valorar el importante rol que trae consigo el fenómeno migratorio, sobre todo en el aspecto de contribución a la economía de los países emisores quienes se benefician de las remesas, que son base de muchas economías familiares; así como los países receptores se benefician de una gama de aportes culturales, sociales, económicos y mano de obra en cuya preparación no han tenido que invertir, pero cuya labor suma al desarrollo económico y social.
  4. Las políticas migratorias de algunos países tienen como línea común,  la “seguridad nacional", con lo que se pretende justificar el cierre de fronteras, la persecución, detención y deportación de los y las migrantes irregulares, por prejuiciar que son delincuentes activos o en potencia. Nos preocupa que este enfoque se esté profundizando con la ampliación de los conceptos de seguridad y terrorismo promovida por el gobierno de los EE.UU. en la V Conferencia de Ministros de Defensa en Quito. Bajo esta concepción se confunde seguridad pública con seguridad nacional, atentando gravemente contra los derechos de las personas y en particular de los migrantes, desplazados y refugiados, a quienes se les considera como una nueva amenaza.
  5. Algunas iniciativas en materia de legislación migratoria en países del norte ejemplifican la tendencia a la criminalización no sólo del fenómeno migratorio, sino también de las labores de protección y asistencia humanitaria. Estas normas vulneradoras de los derechos elementales de migrantes, pone en riesgo también la seguridad y libertad de activistas de derechos humanos en la región.
  6. Es alarmante la vulneración de los derechos humanos de los y las solicitantes de la condición de refugiado, así como de los y las desplazadas, quienes se ven en situación de desamparo ante el retardo de las decisiones de los Estados, para otorgar el estatuto de refugiado, procedimiento que no es efectivo, ni equitativo.
  7. La otorgación de documentos de identidad para estos colectivos es una obligación inexcusable para los Estados receptores, quienes deberán ver la mejor forma de documentar a esta población, con la única finalidad de velar por el cumplimiento del derecho a la identidad y otros derechos generados a partir de aquel.
  8. El aumento de los índices migratorios femeninos es una realidad tangible, los principales problemas que las mujeres afrontan son: el no acceso a los servicios de salud, educación, vivienda, empleo, créditos, tenencia de tierra, entre otros. A la vez, enfrentan situaciones de violencia, abuso sexual y discriminación laboral, a lo cual se suman situaciones de doble discriminación, como las contenidas en las políticas migratorias que no toman en cuenta las particularidades de las mujeres en tanto personas y su especificidad como mujeres migrantes. En este sentido ser migrante mujer implica ser discriminada por doble partida.
  9. Es preocupante el creciente número de migrantes detenidos en los centros de reclusión y cárceles comunes, donde no cuentan con las condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos reconocidos ampliamente en Convenios Internacionales y al ser deportados son tratados como criminales peligrosos.
  10. La falta de implementación, de parte de los Estados, de adecuadas políticas públicas en los países de la región para prevenir los flujos migratorios internos, de personas obligadas a movilizarse por la violencia, los desastres naturales y en muchos casos por la extrema pobreza y exclusión en las que sobreviven en sus países de origen.
  11. Los acuerdos y tratados de libre comercio que pretenden abrir las fronteras únicamente para el capital y las mercancías, no así para las personas, deben ser desechados por nuestros países, en cambio, nuestros Estados como parte de una misma región, deben buscar negociaciones alternativas que contemplen sistemáticamente la apertura de las políticas migratorias a nivel internacional.
  12. La pobreza y la exclusión en las que se desenvuelven las sociedades latinoamericanas, deben llevar a los Estados a asumir responsabilidades nuevas, traducidas en políticas públicas que generen empleos, redistribuyan las riquezas nacionales de manera justa y equitativa; luchen contra la pobreza y garanticen los derechos económicos, sociales y culturales de nuestras sociedades.
  13. Finalmente ratificamos en todo y cada una de sus partes la Declaración de Quito: “Migraciones, democracia, desarrollo y Derechos Humanos”, presentada por la sociedad civil, reunida el 14 y 15 de Agosto de 2002 en Ecuador.

Ante esta realidad del Fenómeno Migratorio, las organizaciones participantes en el Encuentro Alternativo Sudamericano de Migraciones

  1. Exhortamos a todos los Estados miembros de la Quinta Conferencia Sudamericana de Migraciones a respetar, proteger y garantizar plenamente los derechos humanos de los y las migrantes y para ello solicitamos a los Estados firmar, ratificar y dar plena vigencia la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1990 y en vigor desde el 1° de julio de 2003.
  2. Proponemos que los Estados tomen en cuenta y den una adecuada respuesta a las conclusiones y recomendaciones formuladas por la sociedad civil, a los Estados latinoamericanos en el documento “Intervención de las organizaciones civiles en la reunión conmemorativa del 20º Aniversario de la Declaración de Cartagena sobre refugiados”, adoptado en la ciudad de México los días 15 y 16 de noviembre de 2004.
  3. Exhortamos a los Estados a iniciar un proceso de ciudadanía sudamericana que garantice los derechos más allá de la nacionalidad y las fronteras.
  4. Consideramos que los Estados deben privilegiar en sus Acuerdos y Tratados comerciales la facilitación de los movimientos humanos intraregionales y de las migraciones sur – norte, y que estos instrumentos de negociación se realicen en solo bloque sudamericano, reuniendo las potencialidades y experiencias de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES y del MERCOSUR.
  5. Exhortamos a los Estados a diseñar, implementar y aplicar políticas públicas, con la participación de la sociedad civil, a fin de garantizar la asistencia y protección de los derechos humanos de sus nacionales, desde una visión sudamericana, en el que se respeten los derechos de circulación, permanencia y residencia de los nacionales de todos los estados de la región.
  6. Exigimos que los estados sudamericanos diseñen políticas públicas dirigidas a la despenalización del cruce de fronteras en la región, que adopten urgentes medidas administrativas, legislativas y judiciales que aseguren el cumplimiento del principio de no devolución (non refoulement) que incluyen la prohibición de rechazo en las fronteras; y en contraposición diseñen normas dirigidas a la prevención y penalización del tráfico ilegal y trata de personas.
  7. Reivindicamos la presencia de la sociedad civil, representada por Instituciones de Iglesia, organismos de derechos humanos, organizaciones de migrantes y familiares en el planteamiento y elaboración de políticas públicas tanto locales como regionales, mediante un estatus consultivo en futuras Conferencias Sudamericanas de Migraciones y otras instancias similares.
  8. Reiteramos la importancia del respeto a los derechos de los y las no nacionales, de forma que no se los califique como delincuentes potenciales o usurpadores de empleo, por el solo hecho de ser extranjero(a).
  9. Instamos a los Estados a que implementen planes de capacitación, dirigidos a funcionarios públicos, de manera que estén en condiciones de asegurar en forma plena y efectiva la protección de los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, desplazados y demás personas en movilidad e inicien investigaciones para dar con el paradero de los y las desaparecidas en países de tránsito y destino.
  10. Solicitamos que los Estados involucrados busquen una solución legal para las personas en situación de desplazamiento forzado que salen de su país para permanecer temporalmente en zonas de fronteras, quienes no aspiran a adquirir el estatuto de refugiado.
  11. Pedimos a los Estados implementar y operativar programas que privilegien la protección para las mujeres migrantes y refugiadas que garanticen el acceso a los servicios fundamentales en materia de vivienda, salud, alimentación y educación, así como a seguridad, y al reconocimiento y respeto de sus derechos fundamentales. Protección especial merecen lo(s) niños migrantes y refugiados.
  12. Emplazamos a los estados sudamericanos adoptar una inmediata Amnistía para todos los migrantes intraregionales que se encuentran en situación irregular, como señal de voluntad política para avanzar hacia una plena ciudadanía sudamericana.

Organizaciones firmantes:

 

[nota]
Versión provisional sujeta a revisión por la Comisión de Estilo.

 

[difunden]
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Ecuador Llaktakaru

 

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