Bogotá (Colombia), 6 de noviembre de 2004
La afirmación es tan contundente como polémica: no hay recursos suficientes para atender a la población desplazada pero si hay dinero para la guerra y para la reinserción de paramilitares. El debate lo propone Jorge Rojas, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES y los temas serán abordados en el tercer seminario internacional que sobre respuestas institucionales y sociales al desplazamiento forzado realiza esta Ong a partir del lunes 8 de noviembre en Bogotá. Entrevista de estudiantes de periodismo de la UNAD (Universidad Abierta y a Distancia).
¿Tiene sentido seguir haciendo seminarios para hablar de un problema tan grave como el desplazamiento forzado?
En Colombia los espacios de debate público sobre un tema tan grave como el desplazamiento forzado son limitados y reducidos. En el tercer seminario de CODHES confluyen todos los agentes de política pública: los obligados (el Estado y el gobierno) los interesados (la cooperación internacional, la academia, las ONG, Iglesias y organizaciones sociales) y los afectados (las personas en situación de desplazamiento). Desde esta convocatoria vamos a revisar las respuestas institucionales y sociales al desplazamiento forzado, al confinamiento de poblaciones y a otras manifestaciones de la crisis humanitaria.
El país necesita escenarios de debate público para socializar el conocimiento de la realidad y construir de manera colectiva y concertada propuestas y soluciones. Desde CODHES hemos realizado dos seminarios en los últimos cuatro años que han permitido abordar el desplazamiento forzado desde una perspectiva de democracia, derechos humanos, derecho internacional humanitario y construcción social de paz. Este es un seminario académico, con participación social y capacidad de incidencia política.
¿Responde el gobierno al drama del desplazamiento forzado, se puede hablar de una política para el desplazamiento en Colombia?
Hay unos trazos de política, presionados por la Corte Constitucional e incentivados por la preocupación internacional. Pero hoy el problema no es de normatividad o de institucionalidad, sino de voluntad y decisión para invertir recursos. ¿Cuánto dinero se requiere para atender dignamente a la población en situación de desplazamiento? Según expertos de Naciones Unidas 800 millones de dólares (alrededor de un billón de pesos).
Sin embargo, el gobierno, haciendo un poco de alharaca, anuncia para el próximo año una inversión de 300 mil millones de pesos para atender a no menos de 750 mil personas desplazadas desde el año 2002. Es decir, 400 mil pesos por persona. Mientras tanto, el mismo gobierno destina 410 mil millones de pesos para atender 20 mil desmovilizados de los grupos paramilitares. O sea, 20 millones 500 mil pesos por persona, atendiendo un proceso que tiene más dudas que certezas ante la opinión nacional e internacional. Y como si fuera poco, el gobierno destina para el año 2005 recursos por un valor promedio de 28 mil millones de pesos por día para el gasto militar y de seguridad, incentivando una guerra que tiende a prolongarse por más tiempo del que nos habían anunciado. Por esa vía estamos asegurando más gente desplazada hacia el futuro y menos posibilidades de atención, protección y reestablecimiento de las víctimas civiles de la confrontación. Aquí sólo se piensa en la guerra pero se ignoran sus consecuencias.
¿Entonces se puede afirmar que ustedes no están de acuerdo con el fortalecimiento de la fuerza pública para enfrentar a los grupos armados ilegales que atentan contra la población y contra la seguridad del Estado? ¿Se puede inferir que ustedes no están de acuerdo con la desmovilización de los grupos paramilitares?
Las Fuerzas militares están en la obligación legal de combatir cualquier amenaza a la seguridad pública y para cumplir ese deber requiere de recursos, formación, dotación e instrumentos que fortalezcan su acción. Pero ese fortalecimiento esta unido a la legitimidad de su acción que no depende sólo de sus resultados sino también del cumplimiento estricto de las normas básicas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, de la veracidad de sus informaciones, de la ruptura real de sus nexos con grupos paramilitares, de la credibilidad de la justicia penal militar y de explicaciones ciertas a la fuga de detenidos en cuarteles militares. Hay avances en la formación de los oficiales y suboficiales en derechos humanos, pero están por verse resultados efectivos. A pesar de estas dudas, el congreso aprobó 11.2 billones de pesos para el gasto militar el próximo año, una suma astronómica que asegura la continuidad del conflicto pero no su superación. Invertir semejante cantidad de recursos en la guerra interna sin tener una política global de paz y en medio de una peligrosa crisis social y humanitaria puede ser la antesala de un salto al vacío.
En cuanto a la desmovilización de grupos paramilitares es necesario que el país conozca qué se negocia y qué no se negocia en Santa fe de Ralito y si ese proceso conduce a la paz o es sólo un reacomodamiento en función de la continuidad del conflicto y su degradación.
Los recursos que destine el Estado deben responder a la legitimidad del proceso y serán apoyados por la sociedad si contribuyen de verdad a disminuir la intensidad del conflicto. En todo caso, el gobierno envía un mensaje equívoco para la población desplazada: tienen más recursos quienes participaron en la guerra, cometieron crímenes de lesa humanidad y despojaron de sus tierras a los campesinos que quienes huyeron de esa violencia y se negaron a participar en la confrontación armada. Es decir, el gobierno apoya más a los victimarios que a las víctimas.
¿En esa lógica, cuáles son las prioridades del seminario de CODHES?
Vamos a revisar en el nivel nacional, regional y local las políticas públicas tanto en la prevención de causas de desplazamiento, como en la atención, protección y reestablecimiento de las víctimas. Además, los temas de tierras y territorios, el enfoque diferencial en el ejercicio y realización de derechos, la justicia transicional y los principios de verdad, justicia y reparación frente a las poblaciones desplazadas, la política de seguridad democrática y los derechos fundamentales de la población y la cooperación internacional, el conflicto armado y la crisis humanitaria.
¿Pero el presidente de la República sostiene que no hay un conflicto armado sino una acción legítima del Estado contra el terrorismo?
Esa es una interpretación política del señor presidente que se contradice con actos administrativos de su propio gobierno que reconocen el conflicto armado. Es una tesis muy peligrosa para la población civil que no participa en las hostilidades. Por esta vía, hechos como los de Cajamarca en el que murieron en estado de indefensión cinco campesinos son presentados como un simple error y no como una grave infracción al derecho internacional humanitario, aplicable para situaciones de conflicto armado no internacional como el que padece Colombia. Esta interpretación también le ofrece una posibilidad a los grupos irregulares de auto eximirse de sus compromisos con el derecho humanitario en la medida en que sólo es aplicable en situaciones de conflicto armado. Y el país conoce las agresiones sistemáticas de las guerrillas y los paramilitares contra la población civil no combatiente.
¿Y el tema de las cifras sobre desplazamiento que genera tanto debate?
Ese tema ya lo abordamos en un taller realizado el pasado mes de septiembre con asistencia del Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social, del sistema RUT de la Conferencia Episcopal, del Comité Internacional de la Cruz Roja, del Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos de CODHES y de expertos internacionales. Allí se concluyó que todos los sistemas son válidos y creíbles, que cada sistema usa una metodología distinta (estimación o registro) que todos los sistemas se complementan entre sí y que ningún sistema puede dar cuenta de la magnitud real del desplazamiento. Es decir, que la realidad supera las estadísticas. El Dane estuvo monitoreando el proceso y, en su momento, compartió este análisis.
¿Hasta cuando se mantendrá este fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia?
Mientras haya conflicto habrá desplazamiento y, en algunos casos se alienta el conflicto para desterrar a la gente. Es urgente una política global de paz, una propuesta nueva de solución política del conflicto, procesos serios de diálogo y negociación con cronogramas definidos de desmovilización y en el marco de reformas estructurales que cambien las lógicas de exclusión social y económica y profundicen la democracia. El mensaje es que la guerra no es el camino y las armas no son la solución.
[fuente]
http://www.codhes.org.co/deditorial.php?editorial=44
[+info]
http://www.codhes.org.co