El Juicio Político al Presidente de la República es un acto previsto en la Constitución

Asociación Americana de Juristas, Rama Ecuador

Quito, 5 de noviembre de 2004

 

Pronunciamiento

La Rama Ecuatoriana de la Asociación Americana de Juristas -AAJ- Organismo No Gubernamental con Estatuto Consultivo ante Naciones Unidas, manifiesta que el juicio político que se oficializa en el Congreso Nacional en contra del Presidente de la República, Coronel Lucio Gutiérrez, es una acción jurídica prevista en la Constitución.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5to. del Art. 167 de la Constitución, el Presidente de la República cesará en sus funciones por destitución, previo el enjuiciamiento político. Es de competencia del Congreso Nacional, de acuerdo a lo previsto en el numeral 9 del Art. 130 de la Constitución, proceder al enjuiciamiento político, a solicitud de al menos una cuarta parte de los integrantes del Congreso Nacional, del Presidente y Vicepresidente de la República, de los Ministros de Estado, del Contralor General y Procurador del Estado, del Defensor del Pueblo, del Ministro Fiscal General, de los Superintendentes, de los Vocales del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral, durante el ejercicio de sus funciones y hasta un año después de terminadas.

El Presidente y Vicepresidente de la República sólo podrán ser enjuiciados políticamente por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado o por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y su censura y destitución sólo podrá resolverse con el voto conforme de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Expresamente la Constitución señala que no será necesario enjuiciamiento penal para iniciar este proceso.

El Congreso, como representante de la soberanía popular y por disposición constitucional, tiene plena capacidad para proceder a este enjuiciamiento, el mismo que no puede ser considerado como un atentado contra la democracia, pues es un acto jurídicamente previsto en la Constitución Política de la República el que procede, como en este caso, con los requisitos establecidos en él.

Ningún organismo internacional puede interferir en este proceso, de ahí que la solicitud del Canciller de la República en el sentido de que el Grupo de Río intermedie en una solución a este conflicto, es absolutamente improcedente e incluso violatoria de Acuerdos Internacionales.

 

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