En defensa del Agua y de la Vida: Carta abierta al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

Quito, 24 de septiembre de 2004

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito-MDMQ a través de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAAP-Q ha iniciado de manera oculta un proceso para la concesión del agua potable en el Distrito. Este proceso obedece a la estrategia general del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo-BID de privatización de servicios públicos aplicada hacia los países latinoamericanos, que en el caso del Ecuador es impulsada a través del Consejo Nacional de Modernización CONAM.

Esta estrategia incluye además la modificación de marcos legales que permiten la privatización o concesión de áreas protegidas y el manejo privado de las fuentes generadoras de agua (páramos, bosques y vertientes).

La privatización del agua implementada en Bolivia, Chile, Uruguay y en Ecuador (Guayaquil) nos ha mostrado que las empresas concesionarias no invierten y obligan al Estado a servir como garante de adquisición de más deuda externa con el BID; que las tarifas se han incrementado (hasta en un 400% en el caso de Cochabamba - Bolivia); que han eliminado puestos de trabajo; que el servicio no ha mejorado y finalmente el agua corre hacia donde hay clientes con capacidad alta de pago. La guerra contra la privatización en Bolivia obligó a la empresa Aguas de Tunari, subsidiaria de la transnacional Bechtel (EEUU) a abandonar el país, Bechtel demandó a Bolivia por 25 millones de dólares por las ganancias que se le escaparon.

En el caso de Quito la privatización como la llama claramente el BID en los respectivos documentos, pretende ser ocultada y minimizada con la figura de concesión por funcionarios y autoridades municipales. La privatización es un término paraguas que incluye la venta de activos y la concesión de agua potable, o la suscripción de contratos de gestión comercial con una empresa privada.

A pesar de que la EMAAP-Q tiene los índices de calidad y eficiencia óptimos se inició un proceso privatizador que pondrá el interés económico por sobre el interés público y social.

El agua potable y el saneamiento es un derecho humano fundamental y por lo tanto su gestión debe reservarse a la administración pública y municipal que mantengan esa prioridad social con criterios de sustentabilidad, participación y consulta ciudadana.

Frente a la intención de privatización del agua potable de Quito diferentes ciudadanos y organizaciones exigimos que se detenga de inmediato todo el proceso relacionado con la entrega de la administración de la EMAAP-Q al sector privado y alertamos sobre las graves consecuencias que producirán los cambios en la legislación ambiental (Ley de Biodiversidad y Ley de Agua Potable y Saneamiento) que se pretenden aprobar por el Congreso Nacional.

En defensa del agua y de la vida suscribimos esta carta:

 

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