La ACJ y el Foro de la Niñez ante la situación que están viviendo los programas de desarrollo infantil del Ministerio de Bienestar Social

Asociación Cristiana de Jóvenes del Ecuador (ACJ)

Foro Ecuatoriano de la Niñez

Quito, 24 de agosto de 2004

La Asociación Cristiana de Jóvenes del Ecuador (ACJ), reunida en su Comité Ejecutivo y el Foro de la Niñez hacen el siguiente pronunciamiento ante la situación de crisis que en estos momentos están viviendo los programas de desarrollo infantil pertenecientes al Ministerio de Bienestar Social:

1. Saludamos a las madres y a las organizaciones de base que han asumido la defensa del FODI, como uno de los instrumentos que permite garantizar la vigencia y respeto de los derechos de la niñez y adolescencia.
2. Como ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, que desde la sociedad civil tenemos interés en contribuir a formular y consolidar políticas sociales de Estado, que tengan un horizonte de claro ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, en un marco de participación democrática, transparencia y manejo pulcro de los recursos, manifestamos nuestra preocupación por la situación conflictiva que se ha generado alrededor de la Unidad Ejecutora del Programa Nuestros Niños y de la gestión de creación del FODI (Fondo de Desarrollo Infantil), en razón del uso y destinación de los fondos establecidos en el Presupuesto del Estado para los programas de desarrollo infantil, así como en relación con el personal que debe conducir dichos programas.
3. Opinamos que la constitución del FODI, es esencialmente un mecanismo de asignación de recursos para perseguir las metas establecidas en el Plan de Acción de la Década en torno a la atención a niños y niñas de 0 a 5 años, señalada como mandato legal en el artículo 193, num. 1 del Código, que se refiere a las políticas sociales básicas y fundamentales, con cuyo cumplimiento el país estará en posibilidad de enfrentar las múltiples necesidades que tienen las familias pobres para proteger a sus niños en forma básica durante la primera infancia. En este sentido, el FODI, no es un instrumento opuesto al funcionamiento del ORI, por el contrario, ayudará a que esta modalidad, como otras, puedan cumplir requerimientos técnicos y de gestión indispensables para mejorar la calidad y la cobertura de atención infantil en zonas marginadas.
4. En el pasado mes de junio, las organizaciones ejecutoras del Programa Nuestros Niños y el Ministro de Bienestar Social, establecimos acuerdos básicos que lleven a la estructuración del FODI, acuerdos que no han sido cumplidos por este funcionario. Es por tanto necesario retomar la aplicación de la propuesta FODI que incluye la reanudación del cronograma inicialmente establecido con los organismos de cooperación y, también, la adopción del modelo competitivo de asignación de recursos, a fin de asegurar equidad, control de calidad, transparencia y una sana competencia entre organismos ejecutores, evitando la injerencia de intereses políticos coyunturales, que son el germen de conflictos, ineficiencias y filtración de recursos y, más bien, poniendo especial cuidado en escoger personal con la suficiente solvencia técnica para encargarle el diseño y la gerencia de este mecanismo.
5. Creemos que es necesario arribar lo más pronto posible a una solución que permita, por un lado, asegurar el financiamiento del FODI que se haga posible continuar con la atención a 110.000 niños, mediante la renovación de los contratos de ejecución que 104 organizaciones tienen firmados con el Programa Nuestros Niños y, por otro, terminar normalmente los contratos actuales, mediante los correspondientes finiquitos legales, cuyas vigencias están establecidas hasta los meses de agosto, septiembre y octubre del presente año, todo lo cual está en armonía con el reciente llamado a acreditación y actualización que el mismo Ministro de Bienestar Social hizo públicamente por la prensa.
6. Solicitamos, como parte de las organizaciones ejecutoras, que tanto el señor Ministro de Bienestar Social como las organizaciones ejecutoras, acatemos fielmente el mandato del Código de la Niñez y Adolescencia, que establece que las decisiones fundamentales relacionadas con la aplicación de políticas para niños, niñas y adolescentes, así como su financiamiento, sean tomadas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, en su calidad de órgano rector. En virtud de esta exigencia legal y consecuentes con la obligación que todos tenemos de contribuir a crear un sistema de protección integral como lo mandan la Constitución Política y la Ley, pedimos que el tratamiento del actual impase sea trasladado inmediatamente a consideración de dicho Consejo, mediante convocatoria de quien lo preside, es decir el señor Ministro de Bienestar Social.
7. La atención de niñas y niños, no puede estar sujeta a cálculos ni personales, ni partidarios. Reiteramos que debe construirse una política de Estado que merece ser analizada con responsabilidad, tanto por el Gobierno como por la sociedad civil, por lo que exigimos una apertura del Ministerio de Bienestar Social para el diálogo. La autoridad pública debe manejarse sobre la base del consenso, y del acatamiento de las responsabilidades previstas en los instrumentos legales, en este caso el Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que no dudamos que el Ministerio convocará a dicho diálogo en el seno del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
8. Asimismo hacemos un llamado fraterno a los cuatro representantes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, para que asuman plenamente el mandato que les confiamos en noviembre de 2003, en el sentido de velar por el cumplimiento de todos los derechos establecidos en el Código y vigilar que las decisiones de carácter obligatorio que se tomen al interior de dicho cuerpo colegiado, sean cumplidas a cabalidad por todas las instancias componentes del sistema de protección, es decir los Ministerios, los Municipios y las organizaciones civiles. Hemos aprendido que el cumplimiento de acuerdos y de ‘palabras empeñadas’ tiene que estar respaldado en el funcionamiento de los órganos competentes establecidos en la ley.
9. Complementariamente, asumiendo la obligación de implementar mecanismos de participación y control ciudadano, pedimos al Observatorio Fiscal, al Observatorio de los Derechos de Niñez y Adolescencia, a la Coordinadora de Desarrollo Infantil, a la Comisión Interinstitucional de Aplicación del Código, al Grupo de Enlace entre el Consejo Nacional y el equipo del Plan de Acción, a la AME y al INNFA, que asumamos todos juntos la exigencia de funcionamiento del Consejo Nacional con todas sus atribuciones, así como las acciones conducentes a construir el sistema descentralizado de protección integral, cuya base de sustentación debe ser el incremento constante de la inversión nacional en la niñez.
10. Queremos destacar que esta es una oportunidad más para renovar esfuerzos en el fortalecimiento del Movimiento por los derechos de la niñez que está tomando un importante impulso en los escenarios locales y nacional.

Comité Ejecutivo de la Asociación Cristiana de Jóvenes del Ecuador
Foro Ecuatoriano de la Niñez

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