Ante la propuesta de fumigaciones "a baja altura" de la Cancillería Ecuatoriana

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)
Grupo de Monitoreo del Plan Colombia

Boletín de prensa

Quito, 4 de agosto de 2004

 

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH calificó de "poco seria, contraproducente y lesiva a la soberanía y los derechos ambientales de la población de frontera", el planteamiento de la cancillería ecuatoriana de que las fumigaciones efectuadas en el lado colombiano se sigan realizando "con vuelos de menor altura para evitar el efecto deriva", como lo informó el funcionario Edwin Jhonson.

La propuesta ecuatoriana parece buscar el aplauso de Bogotá y Washington, pero no la protección de nuestros habitantes de frontera, señaló el organismo de DDHH, que llegó a calificar a los diplomáticos ecuatorianos como "óptimos candidatos para ingresar en la cancillería colombiana o la DEA".

La APDH, miembro del Grupo de Monitoreo del Plan Colombia, señaló que la propuesta local es poco seria porque no tiene sustento científico profundo, pues los vuelos de menor altura no garantizan que las aspersiones de glifosato reforzado y cosmoflux de Colombia, no rebasen la línea fronteriza ecuatoriana.

Acotó: "Es contraproducente porque lejos de afianzar una postura nacional propia, consolida la posición de Bogotá de continuar fumigando en la frontera, en lugar de hacer respetar el acuerdo previo de reconocimiento a la franja de diez kilómetros. Es lesiva a la soberanía porque implica un retroceso en la ya débil postura oficial ecuatoriana, que desde el 2001 y gracias a la presión pública, por lo menos había decidido pedir a Bogotá que respete aquella franja de 10 kms".

Al respecto, denunció: "Se ha retrocedido tanto, que el canciller Zuquilanda y el vicecanciller Jhonson ni siquiera mencionan el tema de las indemnizaciones a Ecuador producto de los impactos humanos y ambientales de la ciega política de fumigaciones efectuada por Colombia y EEUU".

La APDH tildó a la cancillería de "inepta" y llamó a la institucionalidad estatal y la sociedad civil a 'obligar' al presidente Gutiérrez y su canciller a reconocer las resoluciones y excitativas de la Defensoría del Pueblo y el Congreso Nacional para que a Colombia se le exija respetar el establecimiento de la franja de diez kilómetros de distancia en territorio colombiano en caso de nuevas fumigaciones, para evitar los impactos humanos y ambientales trans-fronterizos.

El organismo de DDHH calificó de "ligera" la propuesta del Ministerio de RREE de Ecuador según el cual "la opinión pública y los habitantes de frontera norte ahora deben estar tranquilos", pues solo devela la poca preparación con que la cancillería ha abordado esta problemática.

La APDH cuestionó además el tratamiento parcializado y el secretismo, de espaldas a la sociedad civil de ambos países, demostrado por la oficialista Comisión Científico-Técnica de Ecuador y Colombia de las fumigaciones, aludiendo así a la prohibición de ingreso a la IV reunión de la Comisión ocurrida ayer en Quito, al médico Adolfo Maldonado de Acción Ecológica y la experta colombiana Elsa Nivia, después de haber sido acreditados para esa reunión por el propio Ministerio de RREE.

Finalmente, preguntó a la cancillería ecuatoriana: "¿Es tan difícil mantener una posición digna y soberana, tan complicado transparentar el secretismo de los acuerdos con el lado colombiano, o imposible tomar en cuenta los estudios alternativos de científicos y organizaciones no gubernamentales preocupadas por el tema?".

 

Alexis Ponce, APDH
Mauricio Gallardo, Grupo de Monitoreo del Plan Colombia

 

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