Los Defensores de Derechos Humanos en la mira del Canciller ecuatoriano

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Boletín de prensa

Nueva York/Quito, 2 de julio de 2004

 

Ministro Zuquilanda vs. Auditoria Democrática y ALDHU

Es inadmisible la postura del canciller ecuatoriano, Patricio Zuquilanda, quien en lugar de promover vínculos de cooperación y transparencia entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y organismos especializados de la sociedad civil, prefiera el infundado cuestionamiento público a sus directivos, aliente la xenofobia y evite la rendición de cuentas, dijo Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.".

De la Vega se refirió a la demanda de información efectuada semanas atrás, por parte de Auditoria Democrática Andina, respecto no sólo al presupuesto sino a los contenidos de la agenda de la Asamblea General de la OEA que se efectuó en Quito, del 6 al 8 de junio pasado; y a la llamada de atención pública efectuada días atrás por una veintena de líderes de opinión sobre un decreto gubernamental de creación de un sistema anticorrupción que duplica los esfuerzos de una comisión constitucional designada para el efecto. La respuesta del canciller Zuquilanda, en una radiodifusora de la capital ecuatoriana, fue cuestionar la capacidad e integridad profesional de Francisco López-Bermúdez, catedrático, jurista y director de Auditoria Democrática Andina [http://www.auditoriademocratica.org].

Del mismo modo, De la Vega rechazó la posición xenófoba del canciller Zuquilanda quien ha puesto en duda el derecho de un defensor de derechos humanos, el chileno Juan de Dios Parra, de expresar su preocupación por las denuncias de hundimiento de varias embarcaciones pesqueras ecuatorianas por acorazados estadounidenses.

Parra, abogado chileno y secretario general de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, ALDHU [http://www.aldhu.com], quien reside en Ecuador aproximadamente dos décadas, es un conocido vocero del movimiento de derechos humanos en la región.

Sobre este comportamiento gubernamental, calificado como política y éticamente incorrecto, De la Vega recordó a Zuquilanda que las Naciones Unidas mediante resolución 53/144 de su Asamblea General aprobó la Declaración sobre defensores de derechos humanos, uno de cuyos artículos establece que toda persona tiene derecho, individualmente y con otras, a estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto, así como a señalar a la atención del público esas cuestiones por conducto de esos medios y de otros medios adecuados.

El Gobierno Nacional y en particular su canciller deben ser más sensibles a las demandas de la sociedad civil y reconocer que la ciudadanía tiene derecho a la rendición de cuentas, concluyó De la Vega.

 

[+info]
http://www.auditoriademocratica.org/rendicion.asp
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument

montesdh@hotmail.com

 

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