El Estado Ecuatoriano enfrentará una demanda internacional ante la Corte Interamericana por la detención arbitraria y tortura de Daniel David Tibi

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador

San José (Costa Rica), 7 de junio de 2004

 

El 7 y 8 de julio del 2004, en la ciudad de San José, Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo organismo de protección de los derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), escuchará en audiencia pública a Daniel David Tibi, víctima de violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado Ecuatoriano.

Daniel David Tibi, ciudadano francés radicado en Quito, fue arrestado ilegalmente y sin orden judicial el 27 de septiembre de 1995 y trasladado a la ciudad de Guayaquil, donde fue recluido en la Penitenciaría del Litoral durante 28 meses. Fue torturado en varias ocasiones –golpeado, quemado y asfixiado- para obligarlo a confesar su participación en un caso de narcotráfico. Al no comprobarse ninguno de los delitos de los cuales era acusado, fue liberado el 2 de enero de 1998. Durante su permanencia en la Penitenciaría del Litoral, Tibi tuvo que soportar misérrimas condiciones carcelarias, no recibió atención médica, medicinas y alimentación adecuada, durmió en el suelo por al menos 3 meses, estuvo recluido en una celda sobrepoblada en donde recibió maltratos por parte de terceros, su proceso judicial fue lento y no contó con las más fundamentales garantías de un debido proceso: no tuvo un abogado defensor, el juez que llevaba la causa era incompetente en razón del territorio, no se le notificaron los cargos que pesaban en su contra, etc.

Esta demanda contra Ecuador, deja entrever las graves fallas acerca de la legalidad y eficacia de la justicia penal ecuatoriana, las graves inconstitucionalidades de la Ley de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes, la falta de una tipificación adecuada de la tortura y el desconocimiento por parte del Estado ecuatoriano de los estándares internacionales en materia de cárceles y centros de detención.

Los representantes de la víctima: el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado ecuatoriano la investigación exhaustiva de los hechos del caso para identificar y sancionar a los responsables de las violaciones denunciadas; la adecuación de la legislación interna a los estándares internacionales sobre condiciones carcelarias y tortura; la capacitación a los guardas penitenciarios en materia de derechos humanos; la adecuación de las prisiones a fin de que cuenten con condiciones dignas de reclusión, entre otras.

El Estado de Ecuador deberá responder por los derechos violados de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

La Corte Interamericana analizará estas peticiones y solicitudes, así como los argumentos y pruebas que los representes de la víctima, la Comisión Interamericana y el Estado ecuatoriano presenten en la mencionada audiencia del 7 y 8 de julio del presente año.

 

[+info]

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

La Clínica de Derechos Humanos es un servicio de extensión social de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que tiene como objetivo litigar a nivel nacional e internacional casos de violación a los derechos humanos, mediante acciones constitucionales y legales.

 

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