Quito, 27 de abril de 2004
En 1999 Ecuador acogía a 140 refugiados colombianos; en los 3 años siguientes 22.000 colombianos solicitaron asilo.
Desde el 2000, cuando Andrés Pastrana primero, y Alvaro Uribe con su aliado George Bush después, le apostaron al Plan Colombia, hoy "Plan Patriota", 22 000 colombianos han desfilado por las oficinas de la Cancillería y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) solicitando asilo en nuestro país. La información es del Comité Pro Refugiados del Acnur. De estos solicitantes, hasta marzo de este año, solo 6 080 consiguieron el estatuto de refugiado. Estas cifras, sin embargo, adquieren su verdadera dimensión cuando se conoce que, oficialmente, hasta 1999 en Ecuador apenas había 140 refugiados colombianos…
Además de los desplazados externos, el Plan Colombia está provocando en Ecuador desplazamiento interno: según el testimonio de organizaciones indígenas en la frontera, como consecuencia de las fumigaciones del gobierno uribista que empezaron el 2001, 6 000 familias ecuatorianas han sido desplazadas, 14 personas han muerto, 173 niños han debido abandonar la escuela y 16 000 hectáreas de selva han sido destruidas.
Aun así el gobierno de Lucio Gutiérrez sostiene que Ecuador no se involucrará en el Plan Colombia… ¿No se involucrará? Ya está involucrado: actualmente hay 7 000 soldados ecuatorianos en la frontera norte "listos para actuar" si algún guerrillero cruza la línea. Mientras tanto, del otro lado 15 mil nuevos soldados colombianos, apoyados por helicópteros y armamento entregados por Estados Unidos, comenzaron una nueva ofensiva, el Plan Patriota, contra las guerrillas presionándolas hacia la frontera ecuatoriana… ¿Estrategia conjunta? Lo cierto es que, lo reconozca o no el gobierno, el Plan Colombia, cuya ampliación hasta el 2009 fue solicitada recientemente por Álvaro Uribe, no ha traído ningún beneficio a Ecuador y sí muchos y muy graves problemas.
El Plan Patriota, la nueva ofensiva militar de Alvaro Uribe contra la guerrilla en los departamentos fronterizos con Ecuador, comenzará a aplicarse con 15 mil nuevos soldados para el combate. La primera previsible consecuencia es el aumento del ya preocupante desplazamiento de miles de ciudadanos colombianos a Ecuador...
Por Gerardo Merino
Desde hace tres años, de lunes a viernes, entre 100 y 150 personas llenan los parqueaderos del Comité Pro Refugiados del Acnur, en Quito, a la espera de un turno para solicitar refugio en Ecuador. No es diferente la situación en Sucumbíos, Ibarra, San Lorenzo, Cuenca y Santo Domingo. El 99,9% ellos viene de Colombia. Muchos llegan a las 5 de la mañana a hacer turno y solo se van a las 4 ó 5 de la tarde. Llevan carpetas llenas de documentos que prueban su identidad, su ocupación, su estado civil… En sus rostros se ve el cansancio y la preocupación por lograr el ansiado estatus de "refugiado" que, ellos piensan, les permitirá comenzar una nueva vida, lejos de la violencia de la que huyeron.
Hasta 1999 en nuestro país oficialmente había 140 colombianos reconocidos como refugiados. Pero desde 2000 -año en que comenzó la aplicación del Plan Colombia y se implantó la dolarización en Ecuador- hasta 2003, 22 000 ciudadanos y ciudadanas del país del norte han solicitado refugio. De ellos, solo 6 080 (dato del 27 de marzo de 2004) obtuvieron una respuesta positiva.
En estos tres años se han multiplicado también los desplazamientos masivos desde las poblaciones fronterizas colombianas a las provincias ecuatorianas: Sucumbíos, Esmeraldas y Carchi. A esta última provincia, por ejemplo, el pasado 24 de marzo llegó un importante grupo de desplazados (se habló desde 150 hasta 500, según el medio) provenientes de la población colombiana de Chiles. Ellos y ellas huían de un enfrentamiento entre la policía y la guerrilla de las Farc. El hecho tomó tan de sorpresa a las autoridades y la población de Tufiño, el pueblo ecuatoriano más cercano a Chiles, que ese rato tuvieron que convertir el coliseo en un gran dormitorio para niños, mujeres, hombres y ancianos… La inesperada situación dejó flotando en el aire la pregunta: Si esto es lo que pasa con unos pocos centenares de personas, ¿qué va a pasar cuando el flujo sea mucho mayor, de miles o decenas de miles de desplazados? Este escenario no es en absoluto improbable, ya que el pasado 25 de abril el diario El Tiempo, de Bogotá, reveló la ejecución del "Plan Patriota", que supone una ofensiva de 15 mil nuevos soldados contra la guerrilla en los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá y Putumayo, este último en la frontera con Ecuador. ¿Quién puede dudar, entonces, de que decenas de miles de hombres haciendo la guerra en cientos de pequeños pueblos, no van a provocar un éxodo humano de dimensiones inciertas?
La aventura militar de Uribe, a la que George Bush ha dado su bendición, no solo ha provocado efectos en Colombia, donde este mismo momento de hay dos millones de desplazados: la dura realidad de los desplazamientos internos se vive también en Ecuador.
Las fumigaciones con glifosato en el límite entre Ecuador y Colombia han provocado, según Daniel Alarcón, presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo, el desplazamiento de 6 000 familias ecuatorianas, 173 niños sin escuela y más de 16 000 hectáreas de selva destruidas.
Aunque el gobierno insista en que "las fumigaciones son inofensivas", un estudio de la Universidad Católica de junio del 2003 reveló casos de cáncer, alergias y afecciones respiratorias, debidos al glifosato. Y si bien las fumigaciones fueron suspendidas por unos meses a causa de una resolución judicial en Colombia, este mes serán retomadas.
Desde hace algún tiempo, en nuestro país se levantan voces autoritarias –entre las que se destaca la de Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil- que acusan a los desplazados y migrantes colombianos del supuesto aumento de la delincuencia y de la escasez de empleo, ya que, según dicen, "los extranjeros se quedan con fuentes de trabajo que corresponden a ecuatorianos".
Por supuesto que este tipo de discursos rápidamente se traduce en acciones: la aprobación del "pasado judicial" como requisito para ingresar a Ecuador (y a Colombia también, obviamente) supone un nuevo obstáculo para personas que, por huir de la violencia, no tienen tiempo ni siquiera de sacar sus pertenencias peor de realizar un trámite burocrático; y lo que es peor, supone una nueva fuente de ingresos para la guerra: los 10 dólares que cada colombiano debe pagar por el "pasado judicial" van directamente a engordar las arcas del Departamento Administrativo de Seguridad, uno de los organismos encargados de las acciones antiguerrilla.
De este modo se configura una paradoja absurda: decenas de miles de personas son obligadas a dejar su tierra a causa de la guerra por la que ha apostado el gobierno colombiano, pero antes de hacerlo deben pagar para seguir alimentando a la misma guerra que los expulsa.
Desde la firma de la paz con Perú en 1998, el gasto militar en Ecuador venía presentando un lento descenso. Sin embargo, a raíz de la aplicación del Plan Colombia, nuevamente se vuelve a hablar de la necesidad de "reforzar la presencia militar en la frontera norte" y por tanto de un aumento del presupuesto. Según el Balance Militar de América del Sur, del Centro de Estudios Nueva Mayoría de Argentina, el gasto militar de Ecuador durante 2002 –gobierno de Gustavo Noboa- fue de 685 millones de dólares, monto solo superado en la región por Colombia y Brasil. En ese mismo año, el gasto en educación fue de 497 millones de dólares y el de salud, de 152,1 millones de dólares. Sumados ambos no alcanzan el monto que obtuvo el gasto de las fuerzas armadas. Y aunque no se dispone aún de datos sobre el gasto militar durante el primer año del gobierno del Coronel Gutiérrez, todas las señales (por ejemplo el reciente ofrecimiento presidencial de subir los sueldos a los militares) indican que la tendencia es al alza.
Aunque sobre decirlo, como consecuencia del Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina, recursos que debían destinarse al pago de la gigantesca Deuda Social del estado ecuatoriano se han destinado al incremento del gasto militar.
Hombre o mujer, joven o viejo, los refugiados colombianos que llegan a nuestro país suelen tener unas características comunes: son personas de economía modesta, campesinos las más de las veces, acostumbrados a labrar la tierra y criar el ganado, que llegaron a Ecuador huyendo de la violencia y las amenazas de muerte de los diferentes grupos armados enfrentados en el país del norte: ejército, policía, paramilitares y guerrillas. En los últimos meses su llegada se ha incrementado. Desfilan por los pocos organismos de derechos humanos y ayuda para los refugiados que existen en nuestro país con las más variadas necesidades: albergue, arriendo, pasajes de transporte terrestre, comida, albergue… Ellos y ellas quieren trabajar y llevar una vida tranquila, pero su condición de extranjeros e indocumentados les dificulta y en muchos casos les niega esta posibilidad.
Por ello, emplean muchos meses y mucha energía para tratar de conseguir el estatuto de refugiado, que, según el derecho internacional y humanitario, conmina al estado ecuatoriano a proporcionarle condiciones legales de protección y condiciones dignas de vida, lo cual supone derecho a trabajo, educación y salud.
Según Inés Facioli, directora del Comité Pro Refugiados del ACNUR, para que una persona sea reconocida como refugiada "debe demostrar razones claras de persecución, de inseguridad en su lugar de residencia o amenazas a su integridad física". De modo que las respuestas negativas a un pedido de refugio, que en los últimos 3 años suman 15 000, se deben a que estos solicitantes "no han demostrado claramente estas razones".
Sin embargo, muchos solicitantes entrevistados tienen una queja recurrente: "a ti te aceptan o rechazan la solicitud dependiendo de cómo le hayas caído al tipo que te entrevista en la Cancillería". También sostienen que a muchas personas que están en real peligro y necesidad se les ha negado el estatuto y a otras que no lo necesitan tanto se les ha concedido. Más allá de quién tiene la razón en torno a esta polémica, existe un malestar real entre los solicitantes sobre la agilidad de los trámites y la acción del ACNUR en cuanto a la entrega de bienes y recursos a los refugiados. Inés Facioli argumenta que es "imposible satisfacer todas las necesidades de las personas que llegan al ACNUR", pero, a pesar del requerimiento, no informa sobre el presupuesto del organismo; solo señala que entre el 50 y 60% del presupuesto se utiliza en asistencia a los refugiados y el resto en gasto corriente.
Los refugiados o solicitantes que acuden al ACNUR denuncian también que la obligación que tiene el estado de brindar protección a los refugiados no se cumple. Aseguran que paramilitares y guerrilleros operan en Ecuador para "ajustar cuentas" con desertores que han solicitado refugio en Ecuador y con aquellos a quienes consideran enemigos. Y citan el caso de Daysi Pamela Salazar, acribillada en Guayaquil el pasado 29 de marzo, quien, según dicen, era una guerrillera desertora de las Farc.
Inés Facioli concuerda en que la situación para los refugiados colombianos en Ecuador no es buena y no solo por las amenazas de los grupos armados, sino también por el clima social: "Desde octubre del año pasado el sentimiento de xenofobia se ha incrementado. Conozco el caso de una enfermera colombiana, quien había sido reconocida legalmente como refugiada, y vio en el periódico una oferta de trabajo, pero cuando se presentó no la recibieron 'por ser de Colombia'... hemos recibido también denuncias de que a muchos colombianos la policía les rompe o les quita los documentos: tarjeta s andinas de migración, certificados provisionales de solicitantes de refugio… o haciendo de esto un comercio: queriendo ganar plata al quitar un documento a una persona".
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