El Estado ecuatoriano impotente frente al colapso del Sistema Penitenciario

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Boletín de prensa (Com. 511-CSMM-04 y Com. 512-CSMM-04)

Quito, 7 de abril de 2004

 

El agravamiento de la crisis penitenciaria en el país es el reflejo de la inexistencia de una propuesta integral para adoptar e implementar una política pública cuyo propósito sea potenciar el sistema de justicia penal y en especial la gestión y administración de las prisiones, dijo Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM).

Una sentencia de prisión es el resultado de una larga cadena de decisiones que vincula a la Policía Nacional, los fiscales, los tribunales y los centros penitenciarios, aunque también los tribunales deberían disponer de alternativas comunitarias a las sentencias cortas, a fin de evitar el hacinamiento, y esa es una tarea del Parlamento ecuatoriano que debería tomar en cuenta los costos de las diferentes sentencias y su relativa eficacia, en el momento de redactar y aprobar las leyes penales, declaró De la Vega.

También argumentó que es importante invertir en la prevención y reducción del delito, así como adoptar un sistema que permita el amplio uso de la libertad condicional o supervisada.

El endurecimiento de las penas y la adopción de normas restrictivas como la "detención en firme", tampoco contribuyen a mejorar la crisis penitenciaria ni a potenciar el sistema de justicia penal, agregó De la Vega.

Por último, instó a las autoridades gubernamentales, frente a los actuales disturbios en varios centros penitenciarios del país, a respetar las normas y los estándares internacionales de derechos humanos de las personas privadas de libertad, en particular las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (1955) y el Conjunto de principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (1988).

 

Ante los disturbios en los centros penitenciarios

Criterios para la protección de los Derechos Humanos

Debido a los recientes disturbios en varios centros penitenciarios del país, Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM), exhortó públicamente a las autoridades gubernamentales, en particular al Ministro de Gobierno y Policía, al Director Nacional de Rehabilitación Social y al Comandante General de la Policía Nacional, a tomar medidas básicas que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de libertad, sus familiares y otras personas retenidas en estas instalaciones.

Este defensor de derechos humanos recomendó:

  1. Garantizar, en todo momento, el suministro de alimentos y agua potable a la población penitenciaria; de ninguna manera debe utilizarse la suspensión de alimentos y agua potable como medida de presión contra lo/as detenido/as;
  2. Resguardar, en la medida de lo posible, archivos y mecanismos de control de servicios vitales y de los trámites jurídicos y administrativos;
  3. Establecer o continuar la comunicación con lo/as detenido/as;
  4. Atender las peticiones legítimas y legales de lo/as detenido/as;
  5. Invitar a participar en calidad de observadores a organismos no gubernamentales y miembros de la sociedad civil que representen instancias humanitarias, en especial a la Cruz Roja Ecuatoriana;
  6. Establecer una comisión de negociación, mediación u otro mecanismo de resolución no violenta de conflictos conformado por miembros de ONGs de derechos humanos y autoridades con capacidad de decisión; y,
  7. Autorizar la intervención de las unidades especiales de la Policía Nacional en una situación extrema, como último recurso, según los criterios establecidos en el Código de conducta de las Naciones Unidas para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

De la Vega recordó que estos disturbios tienen su origen en la inadecuada gestión y administración penitenciaria, la corrupción, el hacinamiento y la inexistencia de una política pública en materia criminal y penitenciaria. Por tanto, señaló la responsabilidad directa del Estado ecuatoriano, en especial del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, el Congreso Nacional -empeñado en una política errónea de endurecimiento de las penas-, y la dilación y negación de la justicia por parte de la Función Judicial, en esta nueva y grave crisis penitenciaria.

 

[+info]
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Miembro-Observador de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)
montesdh@andinanet.net

 

[nota]
Pablo de la Vega es coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM) e integró la Misión del Observatorio Internacional de Prisiones que evaluó el sistema penitenciario ecuatoriano en octubre de 1997. Ha visitado centros penitenciarios en Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, Perú y Senegal.

 

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