Quito, 30 de marzo de 2004
El Estado ecuatoriano es responsable de brindar protección internacional a los miles de ciudadanos colombianos que cruzan la frontera norte huyendo de las amenazas contra su vida, como consecuencia del agravamiento del conflicto social y armado en Colombia, dijo Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J.".
De la Vega recordó que el Ecuador es Estado Parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que fue adoptada el 28 de julio de 1951, por la Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y Apátridas, convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que entró en vigor el 22 de abril de 1954.
También destacó que la legislación interna ha incorporado en su normativa la "Declaración de Cartagena de 1984" que reconoce como refugiados a "las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos internos o la violación masiva de sus derechos humanos".
Del mismo modo, De la Vega precisó que el derecho internacional prohíbe el retorno forzoso, lo que significa que el Estado ecuatoriano debe respetar el principio de no expulsión (non-refoulement). Por tanto, los ministerios de Gobierno y Policía, de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, deben permitir que los refugiados permanezcan en territorio ecuatoriano hasta que se encuentre una solución duradera a su problema, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
No obstante, dada la crítica condición socio-económica del Ecuador, la concesión del derecho de refugio a miles de colombianos puede resultar onerosa para el país, por lo que el Estado ecuatoriano puede y debe apelar a la solidaridad internacional, la responsabilidad común y el reparto de la carga como factores determinantes en la protección de los refugiados y la resolución a sus problemas, argumentó.
No tiene ningún sentido ni lógica que mientras los actores armados en Colombia (fuerzas armadas y policía, insurgencia y paramilitares) gastan alrededor de USD 9 millones de dólares diarios para sostener su tropa, comprar armas y municiones, garantizar la logística, hacer inteligencia, comprar el combustible de las aeronaves y vehículos de combate, entre otros rubros, la Oficina de Enlace del ACNUR en Ecuador haya recibido USD 1.4 millones de dólares como presupuesto para su operación durante el 2004, reiteró De la Vega.
Intereses diversos e incluso foráneos agudizan el conflicto social y armado colombiano, y los países fronterizos, entre ellos Ecuador, necesitan apoyo para enfrentar el desbordamiento de la más grave crisis humanitaria en la región, concluyó.
[+info]
Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)
Miembro-Observador de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)
montesdh@andinanet.net