Persecución política contra la AGD por parte del Gobierno y PSC

Agencia de Noticias Plurinacional del Ecuador (ANPE)
[Conaie/Ecuarunari/Pachakutik]

Boletín de Prensa / Minga Informativa

Quito, 18 de marzo de 2004

 

El movimiento indígena mantendrá su lucha inclaudicable contra la corrupción y llama a todo el pueblo a montar una vigilancia ciudadana, para defender los recursos de la nación y de millones de ecuatorianos que fueron afectados por los bancos supuestamente quebrados.

Así lo señalaron en la noche de ayer Humberto Cholango, Presidente de ECUARUNARI y Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE, durante una rueda de prensa, en la que señalaron su rechazo a la intención de la Fiscalía de poner presos a la gerenta de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Wilma Salgado, y al abogado Bolívar González, hecho que catalogaron como una acción de persecución política por parte del contubernio del Partido Social Cristiano y el Presidente Lucio Gutiérrez.

En la tarde de este miércoles 17 de marzo se conoció que el agente fiscal de la Unidad Especial de Investigaciones Financieras del Ministerio Público, Jorge Cano, mediante auto de Instrucción Fiscal, solicitó al juez Cuarto de lo Penal de Pichincha, Vicente Altamirano, ordenar prisión preventiva a la gerente y su abogado por el supuesto delito de peculado. Sin embargo, este juez se inhibió de tratar el caso por el fuero de Corte que tiene la Economista Salgado.

Ante estos hechos Iza expresó que la intención del gobierno nacional es impedir que se siga cobrando a los banqueros que han saqueado al país, tapando así la corrupción en la que están involucrados los socialcristianos, como es el caso del Diputado Patricio Dávila, ex gerente de la AGD.

Por su parte, Humberto Cholango dijo que el movimiento indígena no está haciendo solo una defensa de la persona de Wilma Salgado, sino que es un respaldo a la institución del Estado que está llevando a cabo la tarea de recuperar los recursos que fueron robados a millones de ecuatorianos, por parte de los ex accionistas de la banca cerrada. Aseguró además, que el Presidente Gutiérrez ya ha intentado varias veces sacar a la economista Salgado de su cargo, pero como no lo ha podido hacer, ya que la labor de la AGD ha sido transparente, ahora intenta hacerlo mediante una confabulación con el Partido Social Cristiano.

Las declaraciones de los dirigentes indígenas ponen en el tapete de la discusión política lo que está en el fondo de estas patrañas judiciales, pues con los anteriores gerentes de la AGD esta entidad solo se dedicaba a favorecer al sistema bancario ecuatoriano y los intereses económico-financieros vinculados a este sector privado, en detrimento de los intereses del Estado y del pueblo ecuatoriano, quien es el que en últimas ha salido pagando la crisis. Una vez más los banqueros siguen demostrando que en Ecuador su control e influencia a nivel del Estado se mantiene firme, y que los estamentos políticos, judiciales y económicos siguen a su servicio y en función de sus intereses. Y a esta causa el Presidente Gutiérrez está adscrito.

 

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