Quito, 5 de febrero de 2004
Más amenazas de muerte a periodistas y advertencias oficiales de clausura a una emisora.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH, procede a difundir con el carácter de urgente las siguientes denuncias relacionadas al ambiente de acelerado deterioro de los derechos humanos y las libertades públicas que viene constatándose en el Ecuador, donde hemos pasado a una fase de amenazas selectivas y acciones operativas, dentro de un creciente autoritarismo e intolerancia por parte del régimen:
El conocido periodista y director de noticias de Radio Quito y columnista del Diario “El Comercio”, Miguel Rivadeneira, denunció ante varios noticieros de televisión el 3 de febrero haber recibido amenazas que logró grabarlas y difundirlas en público, amenazas anónimas en su contra proferidas por individuos inidentificados que lo insultaron con palabras soeces y le advirtieron por su mensaje crítico en determinados hechos de conocimiento público en el país, luego de que en su informativo denunciara casos de presunta corrupción en FFAA y criticara al régimen de Lucio Gutiérrez.
El martes 3 de febrero el Informativo “24 horas” del Canal de Televisión TELEAMAZONAS informó de las acciones que el gobierno de Lucio Gutiérrez pensaría tomar contra la popular y solidaria Radio La Luna y su director de noticias, el ganador del premio “Símbolos de Libertad” y reconocido periodista Paco Velasco, denuncia consistente en tres aspectos:
En entrevista pública el ex-Subsecretario de Gobierno, Virgilio Hernández, miembro del partido Pachacútik, denunció que durante los días en que fue apresado el dirigente indígena de ECUARRUNARI, Humberto Cholango, el Gobierno de Gutiérrez efectuó consultas “políticas” sobre las consecuencias de una clausura de Radio La Luna, que había transmitido al aire durante todo el día de su apresamiento, todos los hechos referidos a esa detención ilegal.
La Luna es una emisora muy querida por las organizaciones sociales, indígenas y populares del país, que cuenta con la legalidad de la concesión de su frecuencia amparada por el marco legal desde hace 7 años. Ha sido reconocida por su trabajo evidenciado en numerosos premios nacionales e internacionales de periodismo, así como en el diario intercambio de información con diversos medios de comunicación de América Latina y el mundo (ALER, Radio Francia Internacional y otras).
Radio La Luna en comunicado público reivindicó la garantía constitucional del respeto al derecho de expresión, información y opinión tanto de los periodistas cuanto de la ciudadanía que a diario emite su voz a través de este medio. La Luna ratificó los principios que orientan su trabajo cotidiano: la construcción de una opinión pública democrática, participativa e independiente con el fin de conseguir una sociedad justa, equitativa y solidaria en un país soberano.
Mientras estos hechos ocurrían y el gobierno desmentía uno de los tres aspectos revelados en Teleamazonas (“negamos que deseamos quitar la frecuencia a Radio La Luna”), el periodista Paco Velasco denunció las llamadas telefónicas de amenazas en su contra, proferidas por desconocidos a su domicilio, que con palabras soeces amenazaron de muerte al reconocido comunicador social y le citaron los nombres de sus hijos y su familia.
Voceros del gobierno, entre ellos la Sra. Yolanda Torres, ex presentadora de noticias de un canal de televisión guayaquileño, así como los principales líderes del partido oficialista “Sociedad Patriótica”, entre ellos el ex-militar y diputado Renán Borbúa, primo del Presidente Gutiérrez (acusado en varias denuncias de corrupción y participación en la "guerra sucia ecuatoriana" de los Ochenta), lejos de desmentir los aspectos relatados por Teleamazonas, públicamente refirieron las presuntas “declaraciones extremistas y no adecuadas” del periodista Velasco.
En un programa en vivo realizado hoy jueves 5 de febrero de 14h00 a 15h00 en la tradicional y prestigiada Radiodifusora Tarqui de Quito (calles García Moreno y Olmedo), su crítico Director de Noticias (Informativo “Reportarqui”), el reconocido periodista Marco Pérez Torres, denunció ante tres defensores de DDHH (Elsie Monge, Pablo de la Vega y Alexis Ponce), ante un representante de la Alcaldía de Quito (Concejal Ricaurte) y una diputada de la República (María Augusta Rivas, presidenta de la Comisión Legislativa de DDHH del Congreso Nacional), los siguientes hechos:
El periodista Marco Pérez y Reportarqui, al tiempo de formular públicamente estas denuncias, demandaron el esclarecimiento del documento atribuido a Inteligencia de FFAA, así como el origen de las llamadas telefónicas amenazantes.
Mientras tanto, el gobierno continúa deslindando responsabilidades respecto del intento de asesinato al dirigente indígena Leonidas Iza, y un hermano del presidente y diputado oficialista, Gilmar Gutiérrez, públicamente esgrimió la descabellada teoría de que los indígenas “se auto-atentaron”, declaración repudiada prácticamente por toda la opinión pública.
En tanto, arrecian las denuncias de amenazas, hostigamientos e intentos de atentados (fallidos) a otros periodistas del país, casos que la APDH decidió informar de manera reservada y directa al Observatorio de Protección de Defensores de DDHH de la OMCT-FIHD (Ginebra), a Amnistía Internacional (Londres), al Representante del Alto Comisionado de DDHH de la ONU para América Latina, Dr. Roberto Garretón, y a la CIDH-OEA, por pedido expreso de esos otros comunicadores sociales recientemente amenazados .
No hay que obviar que el contexto general de este peligroso deterioro de la situación de los derechos humanos y las libertades públicas (fundamentales en un Estado de Derecho), tiene como antecedentes: la emisión de “listas negras de enemigos del régimen” a fines del año pasado, elaboradas por un ex-asesor de la Presidencia de la República, la detención arbitraria del dirigente indígena Humberto Cholango, el asesinato de Angel Shingre, dirigente comunitario y defensor ambiental en la provincia amazónica de Orellana, el acelerado involucramiento del Gobierno y de las FFAA en el Plan Colombia, el reaparecimiento el año pasado de las amenazas de un supuesto escuadrón de la muerte paraestatal (“Legión Blanca”), la judicialización y amenazas de muerte a dirigentes sociales, editorialistas y políticos de oposición, las esquelas mortuorias a periodistas críticos, el asesinato del funcionario petrolero Patricio Campana y dos sonadas denuncias sobre el presunto apoyo del narcotráfico a la campaña electoral del coronel Lucio Gutiérrez, difundidas ampliamente por la prensa del país.
La APDH del Ecuador solicita con el carácter de urgente:
En Ecuador se intenta crear una atmósfera de miedo y zozobra generalizados, y se busca neutralizar por el temor a las disidencias sociales y a los críticos del estado de cosas. La mayor fortaleza de nuestro pueblo ha sido y será la esperanza, el coraje, su capacidad de resistencia y movilización, tan ejemplar en el continente.
Se equivocan quienes apuestan a la violencia y al temor: No será fácil aniquilar los principios de la democracia, la convivencia pacífica y la vida. No será nada fácil derrotarnos.
Alexis Ponce,
Vocero de la APDH
[Nota 1]
Texto completo del documento filtrado en los medios de prensa del país, denominado "ANÁLISIS COYUNTURAL DE LA SITUACIÓN NACIONAL", calificado de reservado y atribuido a la Dirección General de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a cuya copia pudo acceder la APDH gracias a Radio Tarqui y su equipo de periodistas: