Declaración pública (Ecuador): El Estado debe respetar las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y proteger a la comunidad Sarayaku

Amnistía Internacional

3 de febrero de 2004

 

Declaración pública

Índice de AI: AMR 28/003/2004 (Público)
Numero del Servicio de Noticias: 024

 

Amnistía Internacional está preocupada por la seguridad de la comunidad Sarayaku. Miembros de la comunidad han convocado para el día de hoy una marcha de protesta desde Puyo hasta la Corte Superior de Justicia de Pastaza por el proceso que se sigue contra varios dirigentes indígenas por denuncias de funcionarios de la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC). La comunidad Sarayaku considera que las acusaciones contra sus líderes son las retaliaciones por su rechazo a la extracción petrolera en su territorio y por las medidas cautelares a su favor dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Amnistía Internacional teme que se puedan dar durante estas marchas hechos como los sucedidos el pasado mes de diciembre cuando varios miembros de la comunidad Sarayaku fueran agredidos física y verbalmente cuando se movilizaban a Puyo el 4 y 5 de diciembre sin que, de acuerdo a informes, los miembros de la fuerza pública presentes actuaran para defender su integridad física. Al parecer los agresores eran individuos afines a la compañía petrolera CGC adjudicataria de la extracción petrolera en el bloque 23 donde habita el pueblo Sarayaku.

La organización recibió además con suma preocupación las declaraciones efectuadas por el Ministro de Energía y Minas ecuatoriano el Coronel en Servicio Pasivo Carlos Arboleda Heredia el pasado 18 de enero, en relación a la extensión de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la comunidad indígena de Sarayaku en Pastaza. Según informes, el Ministro Arboleda se pronunció en torno a las medidas cautelares afirmando que "la OEA no manda aquí".

Las declaraciones del Ministro Arboleda parecen ignorar que el Estado ecuatoriano es parte en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y es por tanto una obligación del Estado el acatar con buena fe, prontitud y eficacia los requerimientos de los organismos que forman parte de este sistema, como es el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resulta además un mandato constitucional, conforme al Artículo 4 numerales 3 y 4 de la Carta Política ecuatoriana, el respetar las decisiones y recomendaciones del Sistema Interamericano.

El pasado 5 de mayo del 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de varios miembros y líderes de la comunidad Sarayaku quienes, según informes, habían sido objeto de amenazas por su oposición a la explotación petrolera en su territorio. Asimismo la Comisión solicitó que el Estado ecuatoriano investigara las amenazas y llevara a aquellos responsables ante la justicia. El 17 de diciembre las medidas cautelares fueron extendidas por seis meses después de los hechos del 4 y 5 de diciembre.

La organización de derechos humanos insta a las autoridades ecuatorianas a tomar todas las medidas a su alcance para asegurar la integridad de los miembros de la comunidad Sarayaku y a poner en práctica las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los hechos ocurridos en mayo y diciembre del 2003 deben ser investigados y los responsables deben ser llevados ante la justicia.

 

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