Denuncia ante la comunidad internacional: Detención arbitraria e ilegal de dirigente indígena

Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM)

Boletín de prensa

Quito, 13 de diciembre de 2003

 

La detención de Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), la noche de ayer, por miembros de la Policía Nacional y agentes de civil de la Intendencia General de Policía, es arbitraria e ilegal y responde a represalias políticas de la actual administración gubernamental, dijo Pablo de la Vega, coordinador del Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S. J.".

Esta detención presuntamente justificada por recientes declaraciones públicas del dirigente indígena ante los medios de comunicación, en las que habría cuestionado la falta de transparencia e incoherencia del actual mandatario ecuatoriano, no sólo que atenta contra la norma constitucional que garantiza el derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sino que intenta legitimar normas que violan el derecho humano a la libertad de expresión, reconocido en numerosos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, enfatizó De la Vega.

Este defensor de derechos humanos recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA), luego de un análisis de la compatibilidad de las denominadas "leyes de desacato" con la Convención Americana de Derechos Humanos, concluyó que tales leyes (en el caso ecuatoriano los artículos 230 a 233 del Código Penal) no eran compatibles con el Art. 13 de la Convención porque se prestaban al abuso como un medio para silenciar ideas y opiniones impopulares, reprimiendo de ese modo el debate que es crítico para el efectivo funcionamiento de las instituciones democráticas.

De la Vega anunció que esta detención arbitraria e ilegal -porque infringe normas internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional-, dispuesta por el Intendente General de Policía, Fabián Villarruel, dirigente del gobernante Partido Sociedad Patriótica (PSP), ha sido puesta en conocimiento de Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, y Eduardo Bertoni, Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos para la libertad de expresión.

Esta desacertada decisión del Intendente General de Policía, cuya responsabilidad política es de competencia directa del Ministro de Gobierno y Policía, Felipe Mantilla, contribuye desafortunadamente a desacreditar aún más a la administración pública del presidente Lucio Gutiérrez Borbúa y a debilitar el frágil Estado de Derecho, concluyó.

 

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