FUNDACIÓN PUEBLO INDIO DEL ECUADOR

Quito, 4 de julio de 2001.


Si bien la formalización actual de los Derechos Humanos corresponde a orientaciones ideologías modernas occidentales como el liberalismo, el socialismo y el nacionalismo, los indígenas desde sus propias culturas y desde tiempos ancestrales han concebido ideas de justicia, libertad, bienestar material y autodeterminación.

Hoy en día existe un acercamiento entre los reclamos indígenas y los conceptos básicos de los Derechos Humanos Universales aunque no todas las ideas de los pueblos indios estén recogidas en sus preceptos. Los Derechos Humanos por lo tanto, deben hacer frente al desafío que les plantean los movimientos indígenas en varios países de América y Europa.

Las condiciones sociales del Ecuador no han sido propicias a los derechos indígenas, de ahí que éstos no se han objetivizado en leyes, instituciones y normas sociales hasta años recientes en los que organismos internacionales y la propia Constitución ecuatoriana los han recogido.

La CONAIE y la Fundación Pueblo Indio del Ecuador elaboraron el Plan Operativo de Derechos de las Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos. Lo hicieron con el objetivo de complementar instrumentos legales ya existentes como el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Política del Estado Ecuatoriano.

La autoconciencia indígena está engendrando formas de vida pública no conocidas. Hoy en día los indios hacen valer su libertad política y no aceptan ya la incondicional obediencia al dictado estatal. Prueba de esto son los diálogos indígenas-gobierno a pesar de que no han marcado el comienzo de una política estatal estable y capaz de fortalecer el país. Lo único que han permitido los diálogos es apreciar que los errores del pasado son substituidos por errores del presente, y dejar en evidencia que las arraigadas convicciones sobre las competencias del estado obstaculizan juzgar de manera abierta lo nuevo que acontece en la vida del país.

En diferentes tonos el discurso gubernamental acusa a los indígenas de querer cogobernar: No hay bases para esa acusación y si así fuera ¿merece tal posibilidad la recriminación? Los indios no son partidos políticos ni agrupaciones gremiales, ni sectores sociales. Son pueblos y como tales tienen la facultad de darse el gobierno que les convenga dentro de lineamientos constitucionales. Su aspiración está garantizada por el Derecho Universal.

Los gobiernos de turno actúan frente a los reclamos indígenas como si fueran situaciones excepcionales y responden con acciones improvisadas.

Los pueblos indígenas invocan la protección constitucional para acercar el poder estatal a la voluntad de los pueblos y cimentar una relación basada en claras normas jurídicas. Los juristas no desarrollan las bases de la participación política indígena en el Estado, aunque en la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso se están elaborando leyes que concreten los derechos establecidos en la Constitución.

Los indígenas están llegando a la vida publica con sus lenguas, con sus culturas y tradiciones, con sus referentes territoriales. Sus demandas se centran en la necesidad de convivencia pacífica entre diversas culturas, pero el estado ignora a los indígenas como herederos de los pueblos originarios del Ecuador.

Inmersos en el sistema económico actual, los indígenas se insertan en el mercado de diferente manera. La mayoría de la población indígena es campesina, como tales sustentan en gran parte la seguridad alimentaria del país, sin embargo el gobierno no desempeña ningún papel en el funcionamiento de la economía indígena.

Los factores que se debe tomar en cuenta en lo relacionado a la economía de los indígenas son múltiples. Desde el punto de vista económico la mayoría de las comunidades ancestrales están atrapadas en lazos coloniales.

Al estado se le presenta una inmensa labor para levantar la economía nacional pero esta debe estar conjugada con la insuficiente atención que da a las necesidades de los pueblos indígenas, que necesitan urgentemente tierras, agua, tecnología y crédito.

Si bien el Plan Operativo es una guía amplia y con perspectiva al futuro, los acontecimientos protagonizados por los indígenas se suceden rápidamente, surge la necesidad de conceptuar constantemente, de ahí que algunas manifestaciones últimas del movimiento indígena no alcanzaron a ser recogidas en el Plan vigente.

Para quienes elaboramos el Plan Operativo de derechos de la nacionalidades y pueblos indígenas, es una satisfacción la coincidencia básica que hay entre la noción de autonomía en él propuesta y los logros que la práctica política de los pueblos indígenas está alcanzado en nuestros días en lo político, jurídico, administrativo, educativo, cultural, de salud, comunicacional.

El sentimiento de independencia que impulsa la recuperación de espacios de libertad por el que luchan las organizaciones indígenas, se inspira en las comunidades ancestrales que sobreviven, que no se han rendido a paradigmas de asimilación y que a pesar de la marginación han mantenido su significado y su intenso estímulo para vivir a través de siglos.

Los derechos humanos son un concepto social. No hay derechos humanos al margen e independientemente de la sociedad. Están determinados en mayor o menor grado por factores políticos, por el nivel de la democracia, por la lucha de diferentes sectores sociales, por el clima moral e intelectual de la sociedad.

El Plan Operativo, como un listado de objetivos, resultados y acciones no son un fin en sí mismo y si así se los considera corren el riesgo de convertirse en práctica burocrática estéril. Los Derechos de los Pueblos Indios emanan de su existencia real, de la acumulación secular de injusticias. En realidad no existe en la sociedad ecuatoriana ningún otro conglomerado humano sobre el que haya recaído con tanta intensidad la arbitrariedad y el abuso, tanto que los reclamos indígenas plantean en términos agudos, la existencia misma de sus pueblos e individuos.

En la estrecha interrelación y equivalencia de las categorías económicas, políticas, sociales, culturales, lingüísticas, jurídicas, ecológicas, educativas, psicológicas, comunicacionales, históricas de los derechos reclamados, se pueden percibir hasta que grado de severidad las libertades de los pueblos indígenas han sido irrespetados.

En el Plan Operativo de los Derechos de las Nacionalidades y Pueblos indígenas están explícitas las categorías mencionadas, sin embargo el estado a través de sus ministerios e instituciones no asume su responsabilidad mediante políticas acertadas, y es justo considerar el estancamiento del proceso de concertación y aprobación del mismo, como efecto de la indiferencia de los gobernantes.

Los pocos pasos que sirven para evaluar podrían resumirse en lo siguiente:

Una vez que se inició el trabajo de las mesas sectoriales de los distintos planes operativos de derechos humanos, desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador se dio seguimiento al plan a fin de llegar a consensos con el estado ecuatoriano.

Cancillería se encargó de formalizar las invitaciones a los delegados del sector gubernamental. Para la integración de las mesas encargadas de consensuar el Plan Operativo, se requirió la presencia de delegados conocedores de la cuestión indígena y con poder de decisión debido a que el Plan Operativo de Derechos de las Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador enfrenta problemas de enorme complejidad.

Tres reuniones se realizaron el año pasado. A la primera concurrieron delegados del Codenpe, del CONADIS, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de Turismo y del de la Vivienda. A la segunda reunión asistió un funcionario del Ministerio del Ambiente y no se presentaron los delegados de los Ministerios de Vivienda ni de Turismo. A la tercera reunión no se presentó nadie.

Los funcionarios de los diferentes sectores del gobierno que asistieron a las mesas de consertación, a excepción de Codenpe, fueron siempre funcionarios sin poder de decisión, con un desconocimiento total de la realidad de los pueblos indígenas y sin ninguna motivación ni preocupación para asumir un trabajo como el que demanda el plan mencionado.

En el mismo período, el movimiento indígena se hallaba participando en las mesas de diálogo promovidas por el gobierno actual, a raíz de la caída del Dr. Mahuad. La CONAIE, esperaba en ese entonces avances significativos en la concreción de sus derechos ya reconocidos en la Constitución y en el Plan Operativo de Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Desgraciadamente, luego de sesiones de ofrecimientos y promesas los diálogos se rompieron, renunció el Dr. Huerta como ministro de gobierno y fue cesado en sus funciones, el Dr. Ramón Torres conductor del diálogo.

Luego de estos acontecimientos, fue imposible volver a convocar a delegados del gobierno a concertar sobre el Plan Operativo. Cancillería tampoco dio seguimiento para promover nuevos contactos.

Este año, los acontecimientos volvieron a precipitarse. El país convulsionado frente a la crisis llegó a su climax con el levantamiento del mes de febrero. Esta vez, la represión contra los indígenas tuvo consecuencias sangrientas. Una vez más, los derechos de los pueblos indígenas fueron conculcados a nivel de crimen de estado con el asesinato de dirigentes y pobladores.

La lucha de los pueblos indígenas del Ecuador, nuevamente logró un espacio para el diálogo, el mismo que aún está vigente. Luego de cinco meses de forcejeos y dilaciones se vislumbran algunos acuerdos que consideramos son imprescindibles para responder a las demandas no sólo de los pueblos indígenas sino también de toda la sociedad. Esperamos que el diálogo no se rompa a fin de que en el punto 23 de los acuerdos se pueda introducir la aprobación del Plan Operativo.

La Fundación Pueblo Indio del Ecuador, está participando en la mesa de diálogo sobre tierras y territorios con la propuesta concreta de solucionar el conflicto de tierras de la Comunidad de Yuracruz. Como consecuencia del diálogo se logró que el Ingeniero Jorge Troya, portavoz del MAG asuma la responsabilidad de investigar a fondo el conflicto y de mediar entre los terratenientes y los comuneros. Precisamente hoy día se está realizando una reunión en la sede de la delegación provincial del MAG en Ibarra.

La Fundación Pueblo Indio del Ecuador tiene programada una sesión de trabajo con representantes de la CONAIE, la FENOCIN, FEINE, CODENPE, y Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso con la finalidad de evaluar y precisar acciones concretas para llevar adelante el Plan Operativo.

A pesar de que respecto al Plan Operativo de los Derechos de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas no existen resultados concretos, la Fundación Pueblo Indio del Ecuador mantiene la expectativa de que la Cancillería pueda contribuir a cerrar brechas entre el estado y las nacionalidades indias y abrir el camino de coexistencia justa entre el poder oficial y pueblos para que se consagren derechos y responsabilidades indispensables en la comprensión y tolerancia.

Ileana Almeida Vélez
Nidia Arrobo Rodas