Organizaciones Sociales y de DDHH se pronuncian sobre libertad de expresión

FENOCIN, APDH del Ecuador, PIDHDD Capítulo Ecuador, Red Enlace, CTE

Quito, 19 de noviembre de 2003

 

La FENOCIN, APDH, CTE, Red Sindical Eléctrica ENLACE y Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo, PIDHDD Ecuador, en pronunciamiento conjunto resolvieron:

  1. Manifestar su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión en el país, debido a las constantes expresiones y actuaciones del Gobierno nacional, clanes políticos tradicionales y ex-funcionarios públicos, en contra de editorialistas, periodistas, medios de comunicación social, grupos sociales y políticos de oposición.
  2. Solicitar a la CCCC, Fiscalía y organismos del Estado, que el partido político de gobierno, Sociedad Patriótica, los partidos políticos que alcanzaron altas cuotas de representación política y el Tribunal Supremo Electoral sean conminados a entregar de manera inmediata las identidades de todos los donadores y financistas de los gastos de campaña electoral, y se investigue si efectivamente cada una de esas fuentes son donadores, o si pudo existir presuntos casos adicionales de testaferrismo (ciudadanos que prestan sus nombres para actividades ilícitas).
  3. Condenar las públicas amenazas de enjuiciamiento y presiones gubernamentales contra Diario El Comercio desconociendo la norma constitucional que garantiza el principio periodístico de la reserva de la fuente, así como la quema pública de ejemplares de este periódico hecha por miembros del partido de Lucio Gutiérrez “Sociedad Patriótica”, a la que calificaron como una “muestra de intolerancia extrema y tropicalismo primario que ofende a todo el país”.
  4. Repudiar la agresión del ex-Superintendente de Bancos del gobierno de Jamil Mahuad, Juan Falconí Puig, en contra de TC de televisión, durante la realización de una diligencia judicial ante la presencia del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
  5. Recordar que otro precedente negativo de ataques a la libertad de expresión en Ecuador fue el enjuiciamiento y sentencia condenatoria de uno de los editorialistas de El Comercio, el Dr. Rodrigo Fierro, que fue enjuiciado por el caudillo de la extrema derecha León Febres Cordero, cuya demanda fue ventilada por un juez cercano a su partido político.
  6. Advertir que con sus pronunciamientos y actuaciones, el Gobierno y los grupos de poder económico y político generan un ambiente de vulnerabilidad para el periodismo nacional que ejerce legal y legítimamente su actividad, e impedir el derecho de investigación de los casos que el país exige transparentar de manera pública e inmediata.
  7. Aclarar que los ataques públicos no solo son contra los medios de comunicación sino líderes de oposición política, un ex-presidente de la república y dirigentes sociales, indígenas, sindicales y campesinos del país, incluidos en una desfachatada "lista de enemigos" del Gobierno que no ha sido retirada por el régimen.
  8. Investigar a fondo las denuncias publicadas en El Comercio sobre la presunta relación entre círculos familiares y políticos íntimos allegados al Presidente Lucio Gutiérrez con narcotraficantes mexicanos y ecuatorianos ("el Cartel de Xinaloa"), según las cuales el narcotraficante ecuatoriano, César Fernández, ex-Gobernador de la provincia de Manabí en el gobierno de Sixto Durán Ballén, habría invertido treinta mil dólares para la campaña del entonces candidato Gutiérrez. No se puede echar tierra a un asunto tan delicado.
  9. Exigir transparencia pública en el tratamiento fiscal y judicial de esa denuncia y convocar al Congreso de los Pueblos este 21 de noviembre en Cuenca a definir una línea de defensa de la libertad de expresión, solidaridad con el periodismo nacional y acciones de movilización y vigilancia ciudadana en el tema narcotráfico, corrupción y gastos electorales en el Ecuador.

 

Pedro de la Cruz, FENOCIN
Alexis Ponce, APDH del Ecuador
Fidel Narváez, PIDHDD Capítulo Ecuador
Edgar Ponce, Red Enlace
Eduardo Alcívar, CTE

 

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