Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)
Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo (PIDHDD Capítulo Ecuador)
Quito, 17 de noviembre de 2003
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y la Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y Desarrollo, PIDHDD Capítulo Ecuador, emiten el siguiente comunicado institucional para conocimento de la comunidad nacional e internacional:
- Diario "El Comercio" de Quito ha sido objeto de ataques y amenazas vertidas públicamente por el Jefe de Gobierno a propósito de las contundentes informaciones que la Prensa del país ha publicado en los últimos días sobre presuntos y gravísimos nexos que habrían existido entre funcionarios del régimen y allegados del círculo presidencial con narcotraficantes ecuatorianos y mexicanos detenidos recientemente por la Fuerza Pública, los mismos que habrían testimoniado haber financiado con treinta mil dólares la campaña electoral del Coronel Lucio Gutiérrez.
- Diario "El Comercio", cuyo acumulado histórico y prestigio han hecho de éste uno de los más serios periódicos del país, ha venido siendo objeto de diversos y frecuentes ataques por parte de círculos políticos de gran poder e influencia, por allegados a ciertas elites políticas y geo-económicas del país, y ahora por la máxima autoridad del Gobierno nacional.
- En efecto, anteriormente se produjo el enjuiciamiento y sentencia condenatoria de uno de los más prestigiados editorialistas del diario ecuatoriano, el meritorio científico Rodrigo Fierro Benítez, demandado penalmente por el "hombre fuerte" del país, Ing. León Febres Cordero, cuya demanda fue tramitada con velocidad inusitada por un juez cercano a dicho personaje en clara violación del principio constitucional que garantiza a la prensa y a los periodistas la libertad de opinión y expresión. Posteriormente a este hecho, siguieron las veladas amenazas al periódico en la ciudad de Guayaquil, proferidas por allegados al entorno familiar y político del citado caudillo del partido Social-cristiano, y finalmente -en estos días- vinieron las públicas amenazas de enjuiciamiento lanzadas por el Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente de la República a "El Comercio", y las presiones y conminaciones públicas del Jefe de la Policía y otros hombres del Poder para que el Diario capitalino transgreda un principio básico del quehacer periodístico en el mundo: la confidencialidad y resrerva de la fuente.
- Tan constantes como repetidas reacciones y conductas de los círculos de poder que gobiernan el país, preocupan hondamente a la APDH y la PIDHDD por el "mensaje" público que pretende emitirse a través de dichos ataques:
- amedrentar a los periodistas y medios de comunicación, de Diario "El Comercio" en particular y del Ecuador en general, que ejercen legal y legítimamente su actividad profesional de opinar, informar e investigar lo que sucede en el país;
- lesionar el principio constitucional de la libertad de expresión y de prensa, garantizado en la Carta Magna de la república;
- debilitar el Estado de Derecho y las reglas de juego de una democracia que se precie de serlo;
- impedir que otros editorialistas opinen y critiquen a los círculos de poder; y que otros medios de comunicación denuncien e investiguen casos que la ciudadanía tiene derecho a conocer y que el país exije transparentar de manera pública e inmediata;
- "legitimar" en la opinión pública un discurso antidemocrático y una práctica autoritaria del Poder, que erosione la -ya corroída- cultura democrática del país e instale el miedo a la crítica o la autocensura en la ciudadanía.
- De esta manera, la situación de la libertad de expresión en el Ecuador luce cada vez más vulnerable, y ello debería preocupar a los organismos internacionales de DDHH, a las instancias regionales encargadas de evaluar y velar por el respeto a la libertad de prensa en el continente, y sobre todo al pueblo ecuatoriano, a sus representaciones civiles, políticas e institucionales.
- Tales ataques y amenazas se dan en un contexto concreto de muestras de intolerancia y falta de transparencia signadas por:
- la publicación de una "lista de enemigos" del Gobierno, conformada por 34 dirigentes sociales, indígenas, campesinos, civiles, políticos y parlamentarios de oposición, dada a conocer por funcionarios del régimen representantes del partido de gobierno, "Sociedad Patriótica".
- la previa emisión de instrucciones oficiales, luego desmentida, a los funcionarios de ministerios y organismos del Estado prohibiéndoles criticar o dar opiniones contrarias a la dolarización en el Ecuador.
- los intentos oficiales que buscan desacreditar o debilitar las denuncias públicas de presuntos casos de corrupción, nepotismo y tráfico de armas producidos en apenas diez meses de gobierno, así como a las críticas y oposiciones a los convenios o acuerdos firmados subrepticiamente, sin transparencia, entre el Presidente de la República, el Ministerio de RR.EE. y la Fuerza Aérea Ecuatoriana con el Presidente Uribe de Colombia (Instalación de Puestos de Control Migratorio de Colombia en territorio ecuatoriano), con el Comando Sur de los EEUU (Bodegas de Acopio para "Ayuda Humanitaria") y con la empresa tercerizada Dyncorp ("mantención de las naves aéreas del Ecuador"), respectivamente; acuerdos o convenios ligados -según muchas críticas- al Plan Colombia, la Base de Manta y al creciente proceso de militarización extranjera en el país. Gracias a la oposición política y ciudadana, dos de los tres acuerdos han sido negados por el régimen.
- Las recientes denuncias públicas de una presunta relación entre círculos familiares y políticos íntimos allegados al Presidente Lucio Gutiérrez con una banda de narcotraficantes mexicanos ("el Cartel de Xinaloa"), denuncias que datan de la época de campaña electoral según las cuales un narcotraficante ecuatoriano, César Fernández, de origen manabita, hoy detenido, habría invertido treinta mil dólares para la campaña del entonces candidato Gutiérrez, obligan a varias reflexiones que aún nadie repara en el Ecuador:
- ¿Cómo es posible que dos de los más sonados casos de narcotráfico en el Ecuador de los últimos tres años, el del ciudadano César Fernández ahora en el 2003, y el ex-embajador de Ecuador en México, Cevallos Balda, en el gobierno de Jamil Mahuad, tengan como escenario geográfico la ciudad de Manta, provincia de Manabí, donde se halla desde 1999 la base militar estadounidense de "monitoreo del tráfico de drogas" más moderna y poderosa del continente?
- ¿Cómo es posible que después de casi un año de culminado el proceso electoral en el país, no se transparente ante la opinión pública -como lo han exijido diversos sectores civiles- las fuentes de las que provinieron las ayudas y donaciones para la campaña de los partidos políticos más grandes o triunfadores, en particular el partido "Sociedad Patriótica" del actual Presidente Lucio Gutiérrez?
- Es muestra de ejercicio cívico real que la sociedad civil se involucre en estas reflexiones y demande abiertamente a las instituciones de control, fiscalización e investigación la inmediata, independiente y seria indagación de la última denuncia dada a conocer en el país, sobre los presuntos nexos entre ese grupo narcotraficante con allegados al Presidente Gutiérrez, así como es muestra de deber ciudadano el que todos los medios de comunicación, periodistas, gremios y sociedad civil en general, apoyen de manera explícita el respeto a la libertad de expresión y prensa, como derechos fundamentales que no pueden ser conculcados, y que mostremos abiertamente la solidaridad con Diario "El Comercio" en los actuales momentos.
Alexis Ponce
Vocero APDH del Ecuador
Coordinador PIDHDD Capítulo Ecuador