21 de agosto: Movilización Nacional en defensa de la Soberanía, la Democracia y la Vida

Congreso de los Pueblos del Ecuador

Quito, 21 de agosto de 2003

 

Señores:

Economista Guillermo Landázuri, PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL DE LA REPÚBLICA
Doctor Armando Bermeo, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Aase Smedler, REPRESENTANTE RESIDENTE DE LA ONU EN EL ECUADOR
General (r) Paco Moncayo, ALCALDE DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

Los pueblos del Ecuador no sólo hemos tenido la fuerza para resistir al proyecto neoliberal, sino que hemos ido construyendo una alternativa. Hemos aprendido que la dictadura del mercado financiero y especulativo termina por destruir la base económica y social de nuestros países, como ha sucedido en Argentina. Desde nuestro sufrimiento y nuestra lucha, sabemos que otro Ecuador y otro mundo es posible.

La esperanza de un cambio profundo se expresó en la rebelión del 21 de Enero del 2000; buscamos la refundación de la República, con un cambio estructural, ante el fracaso y la corrupción de la clase política tradicional. El triunfo de Lucio Gutierrez abrió la expectativa de confirmar este anhelo de cambio.

Sin embargo una vez en el Gobierno, el Coronel Lucio Gutiérrez traicionó el compromiso de cambio y eligió la senda del compromiso con el Fondo Monetario Internacional, con el Gobierno de Bush y con la derecha oligárquica encabezada por el Partido Social Cristiano.

A partir de la firma de la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional, optó por la continuación de la política neoliberal aplicada por los gobiernos anteriores, a favor de los grupos económicos, sobre todo financieros, tanto locales como transnacionales. No sólo ratificó el tradicional paquetazo económico de inicio de todos los gobiernos y los compromisos subordinados al pago de la deuda externa; sino que ahora la misión del FMI exige la segunda fase dirigida sobre todo a la privatización del petróleo, con la aprobación de reformas a la Ley de Hidrocarburos para legalizar la entrega de los campos petroleros del Nororiente y de las refinerías a las transnacionales y al salvataje del OCP; la privatización de la energía eléctrica, con la entrega de la administración a las transnacioales privadas; la privatización de la seguridad social, a través de la municipalización y la utilización de los fondos del IESS para la reserva monetaria y el beneficio del sistema bancario privado; la privatización de la educación y de la salud a través de la municipalización y la reducción del presupuesto para estas áreas claves.

El Gobierno se ha comprometido a aprobar la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación salarial, destinada a destruir las organizaciones laborales, legalizar el despido masivo de 30 mil trabajadores del sector público, la reducción de la masa salarial en 280 millones de dólares y el congelamiento de los sueldos de los trabajadores y de las pensiones de los jubilados. La pro forma presupuestaria se sustenta en la ampliación de la carga impositiva a la población, a través de una nueva “reforma tributaria” que eleve el IVA y los impuestos prediales y rústicos y el retorno de la amenaza de la elevación del precio del gas.

El otro capítulo de esta alianza es el creciente involucramiento del gobierno en el Plan Colombia, la manutención de la Base de Manta y la oferta de nuevas bases, el sometimiento en la trayectoria de aprobación del ALCA, y la defensa de una dolarización fracasada. El 22 de agosto llega el Presidente Uribe para tratar el Plan Colombia 2.

También existe el peligro de la implantación de un régimen autoritario, basado en la transformación de la política en asunto de seguridad nacional, la metamorfosis de la defensa de los derechos laborales en cuestiones de sabotaje y terrorismo, la organización de redes de espionaje, la persecución y el encarcelamiento de los dirigentes laborales y sociales, la amenaza de la utilización del “poder de las armas”, la violación de derechos humanos y laborales básicos, el crecimiento del presupuesto militar y, en particular, de las fuerzas policiales, y la constitución de bandas de choque contra la movilización social.

El combate a la corrupción se ha quedado en palabras y más bien se repiten viejas prácticas desde el poder: la impunidad y el nepotismo.

La derecha oligárquica, agazapada en el dominio del poder judicial y de organismos de control, como el Tribunal Constitucional, en la utilización del gobierno local del Municipio de Guayaquil y en una alianza “móvil” con el gobierno, se consolida y prepara su retorno.

Mientras en el mundo se multiplican las denuncias contra el fracaso de las políticas neoliberales y fondomonetaristas: mientras Argentina empieza a salir del infierno de la convertibilidad, en nuestro país, se fortalece el peligro de un neoliberalismo tardío y extremista.

Estos seis meses han sido difíciles para las organizaciones indígenas, campesinas, laborales y sociales. Hemos realizado un costoso aprendizaje sobre la real política del Gobierno y no logramos mantener un polo alternativo unido. Sin embargo, en este momento avanza una nueva unidad en torno al Congreso de los Pueblos.

Estamos ante una disyuntiva programática. El desenlace puede darse o por el lado de la consolidación de la alianza del Gobierno de Gutiérrez con la derecha oligárquica y el Fondo Monetario para imponer definitivamente el proyecto neoliberal privatizador; o logramos la reconstrucción de las fuerzas políticas alternativas, una alianza de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, y laborales con las fuerzas políticas democráticas, para detener la ofensiva privatizadora y retomar el mandato histórico de un cambio profundo hacia un Ecuador más justo y equitativo para todos y todas.

Nuestra línea de acción:

La primera tarea es la reconstrucción de la unidad programática y estratégica de las organizaciones sociales, indígenas, campesinas y laborales, y de la alianza con las fuerzas políticas democráticas y con los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas.

Declaramos la oposición popular y democrática al Gobierno socialcristiano, neoliberal y autoritario de Lucio Gutiérrez. Asumimos la promoción de nuestro propio gobierno.

Los diálogos no han sido fructíferos en estos seis meses, pues el Gobierno se ha burlado de los compromisos. Si el Presidente quiere dialogar, debe dar pruebas públicas de un cambio de política y de ser capaz de honrar la palabra empeñada.

Ante este fracaso, acudimos al Congreso Nacional para demandar los cambios que requiere el país e iniciar un proceso de vigilancia para lograr este objetivo. A la nueva mayoría 33parlamentaria demandamos detener las reformas de a la Ley de Hidrocarburos presentadas por el Gobierno y abrir un debate político sobre la política petrolera que requiere el país; archivar definitivamente la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación Salarial y empezar a tratar un proyecto alternativo de Ley de equidad salarial; exigir que el Gobierno cumpla la Ley y pague a los servidores públicos la décimo cuarta remuneración; propiciar un diálogo nacional sobre el Presupuesto Nacional para impedir que se continúe el camino de los nuevos endeudamientos externos y del castigo de nuevos impuestos; y asumir la responsabilidad que le corresponde en el tratamiento de los tratados del Plan Colombia y de la Base de Manta, para garantizar una política de no alineamiento y de paz, y de los acuerdos del ALCA, para defender los intereses del país e impulsar una integración diferente de nuestro Continente.

Estaremos vigilantes para que se realice la despolitización y no continué el control del Partido Social Cristiano sobre la administración de justicia. Demandamos una auditoria sobre la Fiscalía general de la Nación.

Acudimos al Alcalde de Quito para demandar que no siga los pasos de destrucción de la seguridad social, la educación y la salud, a través de la municipalización de la privatización de las empresas eléctricas a través de la entrega de la Administración a transnacionales privadas. Le solicitamos que no se entregue las llaves de la ciudad a Alvaro Uribe, pues las puede perder en la estrategia de guerra a la que quiere arrastrar a nuestro país en el Plan Colombia 2.

La hora es difícil para el Ecuador; por ello creemos que no es necesario un Acuerdo Nacional para salvar al país. Acudimos a la representación de la ONU en el Ecuador, para solicitar la mediación hacia un diálogo serio y veraz, a fin de evitar que se agudice la crisis económica y la intranquilidad social y política en el país.

Nuestra línea es presentar propuestas alternativas. Estamos abiertos a un acuerdo que beneficie al país y no a reducidos grupos de poder que han dominado la vida del Ecuador.

Nuestra propuesta: Por la defensa de la soberanía, la democracia y la vida.

 

Esta la hora de la UNIDAD.

Vamos a juntar nuestras fuerzas para construir el País que aspiramos para todos y todas, pues sabemos que

¡Otro Ecuador es posible!

 

Pedro de la Cruz, FENOCIN
Eduardo Delgado, CMS
Jaime Arciniegas, FUT-CEOLS
Ernesto Castillo, FP-UNE
Marco Murillo, FEINE
José Agualsaca, FEI
Faustín Valencia, FETRAPEC
Edgar Ponce, ENLACE
Lincoln Jara, FEDELEC
Santiago Yagual, CTE
Mesías Tatamuez, CEDOCUT
Luis Dután, UGTE
Héctor Terán, CONASEP
Gerardo Ramos, Confederación de Jubilados
Miguel García, FEDESEP
Alexis Ponce, APDH
Luis Muñoz, FENAJE
Paúl Jácome, FEUE
Marianela Rodríguez, FETSAE
José Merchán, FEUNASSC
Galo Yupanqui, OSUNTRANSA

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