Quito, 22 de mayo del 2001


"Son cuatro majaderos que quieren joder al país".

Habrá de referirse así, a los banqueros, a los grandes empresarios y funcionarios corruptos, quienes desde hace años vienen apropiándose de los dineros y recursos del Estado, a costa de hambre, enfermedad, destrucción cultural y ambiental.

"No voy a permitir que jodan al país", "Les voy a dar guerra, trinchera por trinchera".

Seguro que no habla en contra de los Bucaram que abalean al entrenador de la selección, de los Isaias y de los administradores del filanbanco que ahora se beneficiarán de 300 millones de dólares en bonos del Estado, de los que nos involucran en el plan Colombia, bombardean y desplazan a nuestras comunidades indígenas asentadas en la frontera norte.

EL PRESIDENTE HABLA Y AMENAZA ASÍ, ¿por qué es parte de su política de gobierno?

El Presidente de la República confirma con estas amenazas una actitud de gobierno emprendida ya en el mes de febrero de este año cuando reprimió el levantamiento de las nacionalidades indígenas con insultos, bala y garrote, provocando varios muertos y decenas de heridos y detenidos.

Ahora pretende descalificar la actitud de organizaciones ecologistas, del movimiento de derechos humanos e indígena por el hecho de defender los intereses del pueblo ecuatoriano, al denunciar violaciones permanentes a la Constitución de la República, como los consumados en la contratación del OCP, por no realizarse consulta previa a las comunidades, ni haberse contado con antelación a la firma del contrato, con los estudios contemplados en el sistema de manejo ambiental, ni con el informe favorable del Ministro del Ambiente.

El mismo estudio de impacto ambiental da argumentos suficientes para descalificar la ruta escogida por los constructores de la obra (67 fallas sísmicas, 6 volcanes activos y suelos deleznables e inestables, entre otros).

Por otro lado, la ampliación de la frontera petrolera que implica la operación del OCP amenaza con la extinción a numerosos pueblos indígenas de la amazonía, incluyendo al pueblo záparo, recientemente reconocido como patrimonio cultural y liguistico de la humanidad.

Para amplias poblaciones como al de Quito, la construcción del OCP significa poner en riesgo el aprovisionamiento cotidiano del agua potable, indispensable para la vida de la ciudad. El OCP atraviesa por las fuentes de agua de la zona de Papallacta, identificada además como de alto riesgo en el mismo estudio de impacto ambiental.

La actitud del Presidente de defender el negocio petrolero como beneficioso para el país oculta a la opinión pública elementos como el hecho de que las empresas petroleras estén exoneradas del impuesto a la renta y del IVA en la mayor parte de sus transacciones. ¿De qué beneficios para el país estamos hablando?

No se trata de oponernos a una obra de esta naturaleza simplemente por oponernos, sino que ante cualquier desesperación económica del país se imponga el respeto a la vida de los pueblos y la naturaleza, respetando procedimiento legales y constitucionales, que al mismo tiempo eviten cualquier interés obscuro, que a costos graves para el país, beneficie a ciertos empresarios y funcionarios.

CONAIE, Acción Ecológica, FENOCIN, APDH