Organizaciones ambientalistas entregan el Informe Goodland sobre el OCP a la Comisión Anticorrupción en Ecuador




Acción Ecológica

Octubre de 2002




Más problemas para el OCP: El informe ratifica las denuncias de violación de estándares ambientales y sociales por parte del Consorcio.


Varias organizaciones ambientalistas entregaron formalmente el Informe Goodland al pleno de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Esta entrega es una contribución al trabajo de la Veeduría Especial designada por la Comisión para hacer un seguimiento del proceso de contratación y construcción del Oleoducto de Crudos Pesados y expresa el apoyo de las organizaciones ambientalistas a esta labor.

En forma reiterada, organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica, Ecociencia, Ambiente y Sociedad, Maquipucuna o Acción por la Vida, han denunciado a instancias estatales y a la opinión pública los continuas irregularidades en el proceso de contratación y construcción del OCP y en las prácticas ambientales y sociales que el Consorcio realiza. Estas denuncias han sido corroboradas no solo por misiones internacionales que han visitado el país, sino también por la Veeduría especial de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, en el informe entregado el pasado mes de agosto. A estas denuncias se suma ahora el Informe de Evaluación del Cumplimiento de los Estándares Ambientales y Sociales del Banco Mundial por parte del Consorcio OCP, informe realizado por el Dr. Robert Goodland, antiguo jefe del departamento ambiental del Banco Mundial a pedido de organizaciones ambientalistas de Alemania, Italia y los Estados Unidos.

Los hallazgos del Informe Goodland son implacables al afirmar que el Proyecto OCP viola sistemáticamente todos los estándares sociales y ambientales del Banco Mundial aplicables a este tipo de proyecto. Empezando por la forma en que fue realizado el Estudio de Impacto Ambiental, pasando por la violación de hábitats críticos y facilidades ambientales financiadas por el Banco Mundial, hasta la forma como han procedido con los propietarios a lo largo de la ruta y con los pueblos indígenas y minorías étnicas que serán afectadas como consecuencia del Proyecto.

En el ámbito ambiental, el informe Goodland afirma que la forma en que fue elaborado y aprobado el Estudio de Impacto Ambiental viola no solo los estándares del Banco Mundial sino todo principio de gestión ambiental reconocido internacionalmente. Otro de los hallazgos básicos es la gravedad de la violación de hábitats críticos, como los que existen en la zona de Mindo.

Las conclusiones del informe Goodland corroboran:

  • La violación de los términos contractuales entre el Gobierno ecuatoriano y el Consorcio OCP (Acuerdo de autorización 4, del 15 de febrero del 2001).
  • La violación de preceptos legales y constitucionales ecuatorianos sobre consulta previa.
  • La violación de acuerdos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, como los reconocidos en el Acuerdo 169 de la OIT.

Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo el gobierno ecuatoriano, en lugar de vigilar el cumplimiento del contrato por parte de OCP, cumple el rol de elogiar las prácticas del Consorcio ante la opinión pública, descalificando toda crítica que pudiera aparecer.

A pesar de que los estándares ambientales y sociales del Banco Mundial por sí solos no garantizan la conveniencia de un proyecto, este informe completa el retrato de un proyecto que, desde su concepción, ha atropellado los derechos de las personas y ha pasado por encima de las leyes nacionales e internacionales. Depositamos nuestra confianza en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción para evitar que otra vez funcione la mecánica de los hechos consumados, y que finalmente se termine con la impunidad del Consorcio OCP.-EcoPortal.net


Natalia Arias
C.I. 170849278-8
Acción Ecológica






 
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