Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Quito, 27 de febrero de 2002

LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO SUPONEN UN AGRAVAMIENTO DE LA INSEGURIDAD JURIDICA Y UNA VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES CIVILES

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos exige a las autoridades nacionales el respeto a los derechos humanos de los moradores de las provincias fronterizas de Orellana y Sucumbíos y una respuesta urgente a sus justas demandas de mayor atención por parte del gobierno central a sus necesidades básicas.

La actitud represiva por parte del Estado solamente profundizará la escalada de violencia y no aportará en nada a la resolución de un conflicto cuya raíz es el abandono que durante décadas han mantenido los gobiernos de turno frente a estas provincias.

La declaratoria de Emergencia y de Seguridad, según los pobladores, pretende únicamente garantizar la seguridad a las empresas petroleras. Creemos que constituye una medida que además de reducir el ejercicio de derechos de los ciudadanos y cuidadanas demuestra la poca voluntad política de entablar diálogos y asumir compromisos reales con la población.

Demandamos del Gobierno Nacional una actitud responsable frente a la población civil de frontera que además podría enfrentar a corto plazo las consecuencias de la guerra interna de Colombia, situación que agudizará los problemas sociales, políticos y económicos de ambas provincias y volverá aún más vulnerable a la población a la violencia y al miedo.

La CEDHU exhorta a las autoridades civiles y militares para que su actuación se de bajo las normas y leyes de protección y garantía de derechos y se procure por todos los medios el inicio de un diálogo abierto en el que participe la sociedad civil y se expongan propuestas viables de desarrollo social en estas zonas.