Por los caminos de la patria y la dignidad

En el año 2001 el gobierno de Noboa entregó al consorcio OCP la concesión para que se construya el complejo industrial petrolero más grande del país. En realidad fué la venta de la patria, pues no dejan ni un solo centavo por barril al país, y nos dejarán las instalaciones luego de 15 años, pues 5 ya han operado, cuando posiblemente las reservas de petróleo se hayan agotado y por la tanto esas instalaciones no servirán para nada. En la construcción en el año 2002 y 2003 los pobladores y campesinos se resistían: unos recibían garrote, otros iban a la cárcel, pues violentando la Constitución de la República vigente de ese entonces, se declaró de utilidad pública una franja desde San Mateo en Esmeraldas hasta Lago Agrio en Sucumbíos. Las indemnizaciones por los daños las hacía unilateralmente la empresa. A quienes se oponían les expropiaban violentando toda ley vigente. El Consejo Provincial de Esmeraldas y el Municipio de Lago Agrio encabezaron las resistencias locales, hasta que la empresa logró corromper su unidad interna con su poderosa chequera. Se hicieron algunas obras de compensación con poquísimas excepciones relevantes, otras sin importancia y de baja monta, pues estaba determinada por la resistencia mayor o menor que hacía un grupo en el lugar de la travesía del ducto.

En definitiva la empresa fue rompiendo una a una las luchas locales de resistencia y así terminaron de construir este proyecto que beneficia totalmente a las transnacionales petroleras más fuertes del planeta: la OXY, la REPSOL, la ANDES entre otras. Éste proyecto se materializó cuando el costo del petróleo era de apenas 10 USD el barril llegando a comercializarse hasta en 190 USD en el 2008. Ninguna de las autoridades locales en nombre de la patria y en nombre de la dignidad han mantenido la resistencia frente a este proyecto antinacional, con excepción de la Red Amazónica por la vida, organización campesina popular y ambiental, que logró detectar no solo los daños y perjuicios a la rentabilidad de la actividad agro-productiva que impactó la construcción del ducto sino que además logramos demostrar que la construcción se realizó sin respetar el plan de manejo ambiental aprobado y se produjeron grandes impactos; daños ambientales irreversibles porque a las empresas constructoras lo que les interesaba era ganar dinero y cumplir con los tiempos de construcción. Por esto en toda la ruta desapareció la capa vegetal agrícola, capa frágil de 20, 30 ó 40cm que fué removida y se erosionó hacia los esteros y ríos y que por lo tanto nunca pudieron volver a poner en su sitio; como dice el plan de manejo. Este daño irreversible en los 600 Km de construcción por un promedio de 30m de ancho sólo podrá recuperarse después de 400 años que esa franja quede intocada. Se produjeron daños a las fuentes de agua y ojos de agua en todo lo largo de la ruta cambiando los niveles freáticos, apareciendo pantanos; este impacto también es de carácter irreversible. Se modificaron los lechos de los esteros y riachuelos por donde cruzó el ducto. Se cortaron todos los árboles primarios, secundarios, frutales y plantaciones en esta ruta produciéndose igualmente la desaparición de los mismos, con su correspondiente impacto irreversible; se necesitan por lo menos 200 años para que vuelva a crecer el bosque secundario en la ruta. Se produjeron los taponamientos, daños e interrupciones de los caminos de ingreso de los finqueros produciéndose un daño económico muy grande; impactos que duraron por lo menos 2 años y otros que continúan hasta la fecha. La empresa nunca cubrió por lo menos el daño emergente a los campesinos y jamás reconoció el lucro cesante de la actividad productiva del campesino y agricultor.

Desde el año 2004, 2 juicios ambientales se tramitan en la corte de justicia de Nueva Loja. En el uno el perito calcula que la empresa debe pagar 21 millones de dólares y en el otro 97 millones de dólares en obras de compensación socioambiental a la provincia de Sucumbíos, desde el río Salado hasta Lago Agrio. Esta larga lucha en nombre de la patria y de la dignidad es sin lugar a dudas la expresión más altiva y decidida de los campesinos para con la provincia. Ha sido una lucha desigual de un grupo de 400 familias campesinas sin ningún apoyo de las autoridades locales frente al colosal poder económico y político de las transnacionales petroleras... Con la ley ambiental vigente que castiga a los infractores ambientales, con nuestra lucha y la imparcialidad de los jueces, este año, a éste grupo de empresas trasnacionales les haremos respetar la ley, la patria y la dignidad de nuestro pueblo, tendrán que pagar además a los campesinos y a nuestra organización.

De igual manera hemos calificado el juicio por el derrame de petróleo del consorcio OCP que contamino los ríos Santa Rosa, Quijos, Coca y Napo en las provincias del Napo y Sucumbíos. A la Red Amazónica se unieron varias organizaciones y pobladores del alto Napo. Las aseguradoras del consorcio OCP tendrán que pagar cuantiosas sumas por compensación socioambiental y bio-remediación. Con estos tres juicios las trasnacionales que han estado acostumbradas a saquear nuestros recursos violando las leyes, dañando y contaminando el ambiente, aprenderán que no solo tienen que preocuparse de sus jugosas ganancias, sino que tendrán que invertir un porcentaje de al menos el 10% del costo de sus obras y de sus ganancias en las compensaciones sociales y respetar con puntualidad los planes de manejo que ellas mismas proponen para conseguir la licencia ambiental. Que tendrán que operar con el mismo cuidado y respeto con que lo hacen en sus países de origen y desterrar para siempre su concepción de que en los países tercer mundistas, aunque los gobiernos sean traidores y vendepatrias, siempre se encontrarán con pueblos dispuestos a organizarse con profundas convicciones patrióticas y de dignidad.

Convocamos a las autoridades locales, a las organizaciones populares y campesinas, a la Defensoría del Pueblo, a la Veeduría Pro-justicia y a todos los ciudadanos patriotas a cerrar filas alrededor de la Red Amazónica para hacerle cumplir sus obligaciones a las transnacionales petroleras. Frescas están las acciones de nuestro pueblo en contra de la base norteamericana en Manta, en contra del Plan Colombia, plan de muerte, y nuestra férrea unidad que logró la caducidad de la OXY en el Bloque 15 (a la que además, los campesinos de la Red Amazónica en el ducto Lago Agrio-Yuturi-El Edén la hemos demandado por los daños ambientales y que igualmente tendrán que pagar los tres rubros que la ley ambiental vigente obliga a los infractores; siendo el segundo rubro el más representativo, pues servirá para compensar socialmente a la comunidad).

Esta patria es nuestra y la queremos digna para nuestros hijos y la queremos limpia y ambientalmente vivible para las futuras generaciones. La patria no se construye con discursos sino con las acciones diarias para que todos cumplamos con la Constitución y las leyes vigentes, con la vigencia plena de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Duras serán nuestras acciones para quienes solo piensan en la rentabilidad, en el jugoso negocio y en sus ganancias por encima de todo.