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Actividades recientes de Repsol-YPF en el Ecuador

Land Is Life

Quito, 4 de marzo de 2008

Tubería rota cercana al Pozo Amo 1. Bloque 16

Foto 1: Tubería rota cercana al Pozo Amo 1. Bloque 16.

Estero que desemboca al Río Yasuní. Bloque 16

Foto 2: Estero que desemboca al Río Yasuní. Bloque 16.

Estero que desemboca al Río Yasuní. Bloque 16

Foto 3: Estero que desemboca al Río Yasuní. Bloque 16.

Recolección del Crudo, derrame Pozo Amo 1. Bloque 16

Foto 4: Recolección del Crudo, derrame Pozo Amo 1. Bloque 16.

Recolección de crudo derramado. Bloque 16

Foto 5: Recolección de crudo derramado. Bloque 16.

Nampay, líder Waorani de la comunidad Guiyero

Foto 6: Nampay, líder Waorani de la comunidad Guiyero, observa un pozo dentro del Parque Nacional Yasuní.

La noticia emitida el pasado 1 de febrero por la transnacional petrolera, nos dejó muy sorprendidos a quienes conocemos el parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, que es además, el territorio ancestral de la nacionalidad indígena Waorani. ¿Cómo puede ser posible un derrame de petróleo en un área protegida y que además afecta a comunidades Waorani que desde hace miles de años han vivido allí?

Hace un par de años atrás, un conocido científico ecuatoriano, encargado de una de las dos estaciones científicas ubicadas en el Yasuní y que reciben beneficios de Repsol YPF aseguraba que esta empresa opera con tecnología de punta y que jamás había sucedido ningún derrame en el Yasuní. Nada más alejado de la verdad, ya que el testimonio de los indígenas y la bibliografía existente demuestra que los derrames en el Yasuní empezaron en 1993. Y los vecinos de Repsol nos han comentado sobre otro derrame hace tres años y otro más reciente el año pasado.

Tanta tecnología desplazada para recoger apenas 100 barriles de crudo, imposible de entender, se habla de varios miles de barriles que superan los 4000 y el derrame había ocurrido no el 1 de febrero como lo informó Repsol, sino días antes. ¿No se trata de una violación a la ley de hidrocarburos, el haber ocultado información durante varios días? En Ecuador la contaminación ambiental es un delito penal, tal como lo establece la constitución ecuatoriana. El Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador estableció que se dictarán sanciones que consistirían en multas, y también se hará una investigación interna. Hay que recordar que las violaciones a la ley son motivo de caducidad de los contratos petroleros.

La transnacional tampoco tomó medidas para prevenir a la población local sobre los riesgos que significa estar en contacto con el crudo derramado y no solo esto, sino que además el derrame alcanzó a la toma de agua desde donde se provee a la comunidad waorani de Dicaro conformada de 150 personas. Tampoco se ha entregado agua segura a la población que hasta la fecha se encuentra tomando agua contaminada con petróleo, lo cual constituye una violación a los derechos fundamentales.

El derrame afecta las cabeceras del río Yasuní y se dio en pleno corazón del parque nacional y los Waorani temen también por la salud de sus familias que permanecen en aislamiento voluntario. Según muchos testimonios recogidos a moradores del Bloque 16, han ratificado la presencia de los pueblos ocultos conocidos como Tagaeiri – Taromenane y no descartan la posibilidad que el derrame pueda afectarles debido a que desconocen el petróleo y los riesgos que conlleva el contacto con esta sustancia.

La mayoría de los indígenas que allí viven, no saben leer ni escribir y desconocen la ley ambiental y los derechos que los amparan; únicamente algunos jóvenes hablan el idioma español. La población cercana tampoco conoce de los planes de contingencia que la empresa debería tener en caso de accidentes industriales de este tipo.

El derrame afecta las cabeceras del río Yasuní y se dio en pleno corazón del parque nacional y los Waorani temen también por la salud de sus familias que permanecen en aislamiento voluntario. Según muchos testimonios recogidos a moradores del Bloque 16, han ratificado la presencia de los pueblos ocultos conocidos como Tagaeiri – Taromenane y no descartan la posibilidad que el derrame pueda afectarles debido a que desconocen el petróleo y los riesgos que conlleva el contacto con esta sustancia.

La mayoría de los indígenas que allí viven, no saben leer ni escribir y desconocen la ley ambiental y los derechos que los amparan; únicamente algunos jóvenes hablan el idioma español. La población cercana tampoco conoce de los planes de contingencia que la empresa debería tener en caso de accidentes industriales de este tipo.

El pasado veinte y seis de febrero, el presidente de la Nacionalidad Waorani, solicitó permiso a Repsol para ingresar al Bloque 16 con sus técnicos propios para visitar a las comunidades Waoranis afectadas por el desastre, en ningún momento se pidió permiso para ingresar a las instalaciones de Repsol, de igual manera el permiso de ingreso fue denegado. Repsol YPF continúa obstruyendo el libre tránsito en el Parque Nacional Yasuní y en el Territorio Waorani y sobre todo impidiendo la realización de un trabajo independiente de las organizaciones indígenas.

Gracias a la queja presentada por la comunidad de Dicaro ante la Defensoría del Pueblo de Orellana, la empresa Repsol permitió el ingreso, el veintisiete de febrero, de los peritos designados por el Defensor del Pueblo para evaluar de manera independiente el daño ambiental causado, losmismo que se encuentran realizando una valoración del daño.

Persecución a los indígenas

Este desastre ambiental no es lo único que sucede en el denominado Bloque 16, sino que en el Bloque de Repsol están suceden otras situaciones indeseables. El pasado diciembre, fue encarcelado el anciano indígena Nampay, su delito fue exigir a Repsol que recoja la basura que se produce en el bloque petrolero. El ocho de diciembre, los militares ecuatorianos contratados por Repsol para que le brinden seguridad (http://repsolmata.ourproject.org/recherche.php3?recherche=+contrato+militares) arrestaron al anciano waorani y lo llevaron detenido por más de dos semanas a la ciudad de Coca.

Resultó ser que el Gobierno de la Revolución Ciudadana de Ecuador había decretado un estado de emergencia, que consiste en suspender los derechos constitucionales a los ciudadanos, militarizar el área donde rige el decreto, entre otros, con el objetivo de reprimir a las poblaciones afectadas por la contaminación del petróleo que llevaban días de paralización en la Parroquia de Dayuma. El decreto regía sobre la provincia de Orellana, donde se encuentra en el bloque operado por Repsol y la mayoría de operaciones petroleras en Ecuador.

Cabe mencionar que en el parque nacional Yasuní no llegan los medios comunicación, por lo tanto las comunidades indígenas allí asentadas, no tienen acceso a la información, por su parte tampoco los militares, la empresa o algún delegado del gobierno se tomo la molestia de informar a la población Waorani sobre la ausencia de derechos y garantías constitucionales. El anciano Nampay, de más de sesenta años de edad, hizo varios reclamos por la basura y los militares al mando de Repsol procedieron a arrestarlo, el anciano no habla el castellano y tampoco sabe leer ni escribir.

Gracias a la acción de varios de sus familiares y a la intervención del Defensor del Pueblo Indígena se logró su liberación varias semanas después de su detención.

Pero Nampay tampoco es el único enjuiciado por terrorismo, debido a que la mayoría de los detenidos durante el estado de emergencia se los denunció por los delitos de sabotaje y terrorismo. Hay cuatro indígenas más que viven dentro de las 2oo mil hectáreas que Repsol controla se encuentran enjuiciados, sus nombres son Orengo Tocari, Araba Omeway, Bainca Apa y Bogui Coba, los mismos que organizaron un paro en sus comunidades debido a que afrontan una causa legal en la que demandan a Repsol.

La madrugada del pasado ocho de diciembre, los dirigentes waorani que viven dentro del Bloque 16, organizaron un reclamo a la empresa debido a que Repsol no les ha cancelado las utilidades que les corresponden por haber trabajado durante años en la empresa. Nuevamente, en pleno desconocimiento del estado de emergencia vigente en Orellana, trataron de realizar una medida de hecho. Llegaron los militares y arremetieron con bombas lacrimógenas durante la madrugada, para desalojar a los indígenas y resultado de esto las mujeres, niños y demás miembros de la comunidad debieron escapar y esconderse en el bosque hasta que los militares se retiraron. Luego de esto, levantaron órdenes de arresto por terrorismo en contra de los cuatro dirigentes indígenas.

En conversaciones mantenidas con dirigentes waorani de las comunidades afectadas por Repsol han manifestado, su total rechazo a la presencia de los militares en su territorio y el malestar que causa la presencia de la empresa.

Ahora que el Ecuador se encuentra en un proceso de revisión de los contratos petroleros, es prioridad revisar la conducta ambiental y de responsabilidad social que Repsol YPF mantiene hacia las comunidades afectadas por sus operaciones. La revisión de la licencia ambiental de las operaciones en el Parque Nacional Yasuní y en el Territorio Waorani es urgente, la licencia de operaciones del Bloque 16 fue aprobada a inicios de los años noventa, pese a los cuestionamientos de cual fue objeto.

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