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Comunicados de protesta contra la incursión del ejército colombiano en la Amazonía ecuatoriana

3 de marzo de 2008

CONAIE, ECUARUNARI, Movimiento Pachakutik, CONFEUNASSC

Condenamos la violacion de la soberanía nacional por parte del ejército colombiano, con participación del FOL localizado en la Base de Manta

La CONAIE, ECUARUNARI, el Movimiento Pachakutik, la CONFEUNASSC, condenan la violación a la Soberanía Nacional por parte del ejército colombiano, demandamos aclaraciones sobre el papel de la Base de Manta, que concluyó con la masacre de los miembros de las FARC, en territorio ecuatoriano.

La acción militar colombiana en territorio ecuatoriano es parte del constante esfuerzo de los Estados Unidos de Norteamérica, conjuntamente con el Gobierno de Colombia, para tratar de regionalizar el conflicto armado en los países de Latinoamérica y para involucrar al Ecuador en su Plan de muerte, el Plan Colombia.

Ante lo denunciado expresamos nuestro apoyo a la firmeza con la que ha actuado el Gobierno Nacional y nos sumamos al pedido de otras organizaciones para declarar a las compañeras heridas en esta masacre como refugiadas políticas.

Reconocemos la posición inalterable e irreducible del Presidente Correa, de no renovar el inconstitucional convenio de la Base de Manta, así como la decisión de que el FOL (Puesto de Avanzada) de Manta abandonen las instalaciones tan pronto cese el convenio en el año 2009.

Todas nuestras organizaciones del país realizaremos una gran marcha hacia la Ciudad Alfaro (Montecristi) , el día martes11 de marzo, para demandar se incluyan en el texto constitucional nuestras reivindicaciones que son las de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Y llamamos a apoyar la Marcha por la Paz el día Jueves 11 de Marzo en Quito.

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)

APDH rechaza la violenta incursión colombiana a territorio ecuatoriano y apoya la posición del presidente Rafael Correa

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos-APDH, condena la irresponsable y abusiva estrategia del Gobierno Colombiano de incursionar sucesivamente a territorio ecuatoriano, lesionado la soberanía de nuestro país y agudizando la crisis humanitaria en la zona, como nuevamente lo demuestran los hechos dados en la madrugada del sábado 1 de marzo en el sector ecuatoriano de Santa Rosa cuando el Ejercito colombiano violó el territorio nacional y procedió a ejecutar a varios miembros de las FARC que se encontraban pernoctando en dicho lugar.

La APDH respalda la posición enérgica y soberana del Gobierno Ecuatoriano al tomar la decisión de suspender las relaciones diplomáticas con Colombia y rechazar las tibias y recurrentes disculpas protocolarias del presidente Álvaro Uribe. Exigimos que el Gobierno Colombiano detenga la implementación de estrategias que impactan negativamente a la seguridad y soberanía de sus vecinos, y ponen en riesgo la estabilidad y buena convivencia de países hermanos, mas aún las relaciones sociales y comerciales de las que dependen los pobladores de la frontera común.

La APDH ha denunciado desde 1999 la intención de los gobiernos colombiano y norteamericano de involucrar a nuestro país en una respuesta belicista al conflicto colombiano interno, al tratar de forzar al Ecuador a través de su ejército a formar un muro de contención contra los grupos colombianos irregulares en nuestra frontera, lo cual terminaría con la tesis de no involucramiento que históricamente ha tenido nuestro país frente a Colombia. El Ecuador debe mantener su política de no intervención en la crisis interna del hermano país, mas es necesario dar respuesta política regional a una crisis que ya ha sobrepasado las fronteras y que ha hecho del Ecuador su primera víctima trasnfronteriza debido a los múltiples impactos que soporta la ciudadanía y el país entero.

Es indispensable, después de estos acontecimientos, continuar e impulsar con mayor fuerza las gestiones ante la comunidad regional e internacional para conseguir del Gobierno Colombiano compromisos serios que aporten a la estabilidad y la paz de la región.

El Gobierno Ecuatoriano debe tomar mayores previsiones para precautelar la soberanía ecuatoriana ante cualquier grupo armado extranjero, regular o irregular colombiano, y sobre todo para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas de frontera.

Para la APDH los acontecimientos de este fin de semana colocan una aldaba más a la posibilidad de una resolución política negociada al conflicto colombiano. Durante las últimas semanas el mundo entero fue testigo de un proceso de liberación de rehenes por parte de las FARC -lo cual sin duda alguna es una obligación del grupo guerrillero- pero que dejaba entrever una intención inicial para un nuevo proceso de diálogos, intención que se cancelaría ante estos hechos en los cuales además el ejercito de Colombia violó los principios del Derechos Internacional Humanitario al atacar a muerte a guerrilleros que se encontraban en ese momento fuera de combate, lo cual podría aumentar los enfrentamientos en territorio colombiano entre los diversos sectores armados, incluyendo evidentemente la zona fronteriza con Ecuador, por lo que se puede avizorar nuevas y mayores repercusiones hacia nuestro país de las vividas durante los últimos años.

Coalición Nacional por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras

Por la Paz, la Vida y la Soberanía

Ante la masacre perpetrada por el Gobierno Colombiano en los alrededores del caserío de Angostura en la frontera norte del Ecuador el pasado sábado 1 de marzo, como Coalición No Bases Ecuador:

  1. Rechazamos la incursión militar colombiana a la República del Ecuador en la cual se atentó el principio de soberanía nacional y los tratados limítrofes; masacre en la cual se asesinó a 20 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
  2. Respaldamos a la actuación y declaraciones del gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado al denunciar que nuestro país sufrió una inaceptable y planificado ataque aéreo y una posterior incursión de tropas de las fuerzas armadas colombianas, a la vez de respaldar la no injerencia en el Conflicto Colombiano. Exigimos que el Gobierno Ecuatoriano llevé el caso a Cortes Penales Internacionales, en el cual se demande a Colombia como Estado agresor y solicitar un sistema de garantías para que los actos de incursión ilícita y violación a la soberanía no se vuelvan a repetir.
  3. Rechazamos la estrategia del gobierno colombiano al deslegitimar la posición soberana del Ecuador de no intervenir en el conflicto.
  4. Ratificamos la necesidad de mantener y consolidar al Ecuador como territorio de paz. Consideramos que hoy más que nunca se debe reforzar la propuesta de la Coalición No Bases Ecuador, presentada y asumida por la Asamblea Nacional Constituyente de declarar al Ecuador territorio de paz y en ejercicio de su soberanía, no albergará bases militares extranjeras ni tropas extranjeras y se abstendrá de realizar cualquier tipo de convenio que implique otras formas de presencia militar extranjera. No se involucrará militarmente en conflictos de otros países unilateralmente o en coordinación con otros Estados. No realizará prácticas ni ejercicios militares con otros Estados [1].
  5. Solicitamos se realice una exhaustiva investigación sobre la participación de los militares estadounidenses y personal colombiano acantonados en la Base de Manta, en la localización de la llamada satelital realizada por Raúl Reyes a la senadora Piedad Córdoba -para el canje humanitario-, llamada a partir de la que se inicia el operativo de captura de Raúl Reyes. La detección de éste tipo de llamadas se los realiza desde los aviones E3 AWACS (Airborne Warning and Control System - Sistema Aerotransportado de Detección y Control) que incorpora avanzados modelos de radar para la detección de aviones y misiles enemigos [2], los cuales tienen una capacidad de monitorear hasta 20.000 comunicaciones por segundo.
  6. Hacemos un llamado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a continuar con la propuesta de acuerdo humanitario que permita la liberación recíproca de las personas retenidas por ambas partes de éste conflicto, a pesar de la muerte de Raúl Reyes [3].
  7. Convocamos y nos sumamos a la marcha en Defensa de la Paz y Soberanía que se realizará el jueves 6 de marzo a las 18h00 en Quito; así como apoyamos todas las iniciativas orientadas a la proclamación y construcción de una cultura de paz.
  8. Exhortamos al Gobierno Ecuatoriano así como a la Asamblea Constituyente del Ecuador a convocar de manera urgente un Encuentro de Jefes de Estado de todos los países latinoamericanos a fin de trabajar en una propuesta de Regionalización de la Paz en América Latina.
  1. [1] Coalición No Bases Ecuador. Propuesta presentada a la Asamblea Constituyente del Ecuador. Montecristi, 31 de enero de 2008.
  2. [2] Saavedra, Luis Ángel. Coba, Liseth. ¿Operaciones de avanzada o base militar operativa? Un Análisis sobre la Base de Manta. Imprenta Cotopaxi. Ecuador, 2008.
  3. [3] INREDH. INREDH ante la agresión de gobierno colombiano. Quito, 3 de marzo de 2008.

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

Ante la nueva agresion de gobierno colombiano

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, ante los acontecimientos dados en la frontera colombo-ecuatoriana, en los alrededores del caserío de Angostura, expresa lo siguiente:

  1. Rechaza enérgicamente la actitud belicista del presidente Uribe que, en múltiples ocasiones y en afán de involucrar al Ecuador en un conflicto que no le pertenece, ha llevado al ejército colombiano a incursionar en territorio nacional, provocando muertes, daños materiales e imponiendo un ambiente de zozobra y pánico entre las comunidades indígenas y campesinas de la zona de frontera. Para ejemplo, mencionamos las siguientes:
    1. Enero de 2006: un helicóptero y un avión ametrallaron en varias ocasiones una lancha que surcaba las aguas del río San Miguel, a la altura de la desembocadura del río Bermeja. En la embarcación viajaban civiles integrantes del Comité Binacional de los Pueblos de la Frontera del Ecuador y Colombia, que representa a 250 organizaciones de base de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos y 240 veredas (vecindarios rurales) de la zona limítrofe de los departamentos colombianos de Putumayo y Nariño. Los directivos del Comité estaban en la zona para verificar una denuncia previa acerca de violación del espacio aéreo ecuatoriano por parte de militares de Colombia.
    2. Agosto de 2006: El ejército colombiano dispara morteros sobre General Farfán; uno cae en la sede de la cooperativa de transportes Putumayo, hiriendo a tres personas, entre los que consta una menor de apenas tres años.
    3. Octubre de 2006: el ejército colombiano disparó en contra de cinco campesinos ecuatorianos. Ellos viajaban en una canoa por el río San Miguel, dos de ellos murieron por los impactos de las balas, uno resultó herido y los dos restantes se lanzaron al río y se desconoce su paradero. Los campesinos iban a votar en las elecciones presidenciales ecuatorianas.
    4. Marzo del 2007: dos personas murieron y seis resultaron heridas en una incursión militar colombiana en territorio del Ecuador en Puerto Nuevo. Los militares colombianos dispararon una granada de mortero contra la vivienda del ecuatoriano Jorge Plaza. Luego, ingresaron 15 militares al pueblo y se lo llevaron a él y al colombiano Daniel Marroquí, quienes luego aparecieron muertos.
    5. Noviembre de 2007: entre el 2 y 5 de noviembre, helicópteros artillados del ejército colombiano maniobraron sobre las casas de los habitantes de Yana Amarúm para, desde ahí, disparar a presuntos guerrilleros que se encontraban en la orilla colombiana del río San Miguel. Al disparar desde territorios ecuatorianos, el ejército colombiano no sólo violó convenios y tratados internacionales, sino que puso en riesgos a una comunidad de otro país a quienes utilizó, en la práctica, como un escudo de protección humana para evitar la respuestas de la guerrilla.
  2. Rechaza la nueva incursión militar colombiana del pasado 1 de marzo de 2008 a territorio del Ecuador, más aún cuando se conoce que fue una operación planificada con anterioridad y que deliberadamente el presidente Uribe violó los acuerdos bilaterales y el Derecho Internacional que obligan a informar al Ecuador sobre la presencia de fuerzas irregulares en su territorio, a fin de que el gobierno implemente las acciones necesarias para la captura de estas fuerzas por parte de la policía y el ejército nacional.
  3. Califica la acción militar colombiana en territorio del Ecuador como una masacre en la que murieron 20 miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y tres resultaron heridas. Esta masacre viola todos los convenios internacionales sobre los procedimientos a seguir en el marco de conflictos bélicos.
  4. Denuncia el interés de los Estados Unidos en convulsionar a Latinoamérica para frenar el proceso de cambio político que vive la Región; es de su interés el arrastrar a los pueblos latinoamericanos a una confrontación fratricida y para ello no dudó en proporcionar apoyo con tecnología de punta para que se lleve a cabo esta nueva agresión del ejército colombiano.
  5. Exhorta al gobierno del Ecuador a no únicamente aceptar disculpas diplomáticas, ya que ha sido una constante del gobierno colombiano el actuar sobre hechos consumados, tal como lo ha evidenciado en todas las incursiones militares anteriores. Es hora de llevar al gobierno colombiano ante los tribunales internacionales para que responda por las reiteradas agresiones infringidas al Ecuador, incluyendo la demanda por las fumigaciones tóxicas.
  6. Exhorta al gobierno del Ecuador, en el marco de la asistencia humanitaria y en defensa de los derechos humanos, proteger la vida de las guerrilleras heridas, evitando, por esta vez, su deportación. De ser responsables por posibles delitos cometidos en territorio ecuatoriano, a estas personas se las deberá procesar en el marco de la legislación nacional y atendiendo a las normas del debido proceso, entre las cuales está el derecho a la defensa y el contar con la asistencia de un abogado.
  7. Exhorta al gobierno del Ecuador a no dejarse arrastrar hacia un conflicto ajeno y, al contrario, declarar formalmente la neutralidad del Ecuador, asumiendo todas la derivaciones formales y jurídicas que implica esta declaratoria.
  8. Hace un llamado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, a continuar con la ruta trazada hacia la consecución de un acuerdo humanitario que permita la liberación recíproca de las personas retenidas por ambas partes de este conflicto, a pesar de la muerte de Raúl Reyes.
  9. Hace un llamado a las organizaciones sociales, políticas, organismos de iglesia, ONGs, comunidades indígenas de base y sus consejos de gobierno, y a todos los ciudadanos y ciudadanas a movilizarse para ratificar la vocación de paz que siempre ha caracterizado al Ecuador

Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, Ecuador

Posicionamiento ante el recrudecimiento de la violencia en el hermano país de Colombia

En la madrugada del día viernes 29 de febrero, el Gobierno colombiano realizó un ataque militar a una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) que se encontraba en territorio ecuatoriano, en el que fallecieron 21 personas, entre ellos Raúl Reyes, segundo al mando de este grupo insurgente.

Este hecho, que se suma a la ya infinita lista de actos de violencia que afectan al pueblo colombiano desde hace cinco décadas, ha empezado a desencadenar una serie de eventos, sobre cuyas reales y posibles consecuencias debemos llamar la atención.

Reiteramos que el problema de fondo no es la violación de la soberanía ecuatoriana por parte del Gobierno colombiano, a través de su ejército, sino las consecuencias que el conflicto colombiano en su conjunto está dejando en la población de Colombia y de la región: millones de desplazados por la violencia, muerte y destrucción, desolación y mayor pobreza. Por ello hacemos un llamado al Estado ecuatoriano, a la sociedad civil, a las organizaciones e instituciones que luchan por la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y a la comunidad internacional, a que se unan esfuerzos para lograr que el Estado colombiano y el Gobierno de Álvaro Uribe pongan fin al conflicto, no desde la beligerancia, sino desde la desarticulación de los intereses económicos que financian y se enriquecen con la industria armamentista y el narcotráfico.

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