Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH del Ecuador)
Quito, 23 de octubre de 2007
Informe de monitoreo
Misión: Registro y Análisis del nuevo desplazamiento de colombianos a Ecuador
Equipo de Monitoreo: Mauricio Gallardo y Mauro Castillo
Responsable en Quito: Anaité Vargas
Hecho: Nuevo Desplazamiento de ciudadanos colombianos al Ecuador
Lugares: Provincia de Sucumbíos: Lago Agrio; parroquia Gral. Farfán y comunidades de la Línea de Frontera.
Fecha: 10, 11 y 12 de octubre de 2007
Antecedentes
- El 3 de octubre del 2007, la APDH del Ecuador fue informada de manera urgente por representantes sociales de la Red Fronteriza de Paz que a su vez habitan en la línea de Frontera entre Sucumbíos (Ecuador) y Putumayo (Colombia), sobre la potencial llegada de nuevos desplazados colombianos a territorio ecuatoriano, éxodo parecido al que se diera en el mes de septiembre a la localidad de San Lorenzo, en Esmeraldas.
- El 4 de octubre recibimos de las Diócesis de Tumaco y de Mocoa, y del Grupo de Trabajo de Frontera Colombo-Ecuatoriana (red de ONGs de DDHH colombianas), senda documentación escrita sobre el inminente Riesgo de Desplazamiento en la frontera colombo-ecuatoriana que se produciría en los siguientes días una vez que se habría dado inicio al programa de erradicación manual de cultivos ilícitos en los departamentos fronterizos de Tumaco y Putumayo, campaña de erradicación que es ejecutada por el Estado colombiano usando como personal de planta a paramilitares desmovilizados que, a raíz del proceso de desmovilización, han sido reclutados para laborar en el programa de erradicación manual de cultivos ilícitos constante en el Plan Colombia; situación que –según reportes de la población de la zona a las Diócesis de la Iglesia y al Grupo de Trabajo– origina diversos conflictos sociales con los campesinos que laboran en esos cultivos, e incluso enfrentamientos entre los actores armados en la zona fronteriza colombiana.
- El 5 de octubre, con los datos iniciales de la Red Fronteriza de Paz y los informes urgentes enviados por las Diócesis de Tumaco y Mocoa y del Grupo de Trabajo de ONGs de Colombia, la APDH lanzó una Alerta Temprana previniendo a las máximas autoridades del país del probable desplazamiento de pobladores colombianos a la provincia de Sucumbíos en la frontera norte ecuatoriana.
- El 9 de octubre fuimos informados por habitantes ecuatorianos de la Red Fronteriza de Paz en Lago Agrio, que el desplazamiento había iniciado ya, y que según los primeros desplazados de Colombia dicho éxodo tendría por objeto ejercer presión desde Ecuador al Gobierno colombiano, información que confirmaba la causal que en nuestra Alerta Temprana dimos a conocer a las autoridades y medios de comunicación el 5 de octubre, y que resultó –con el pasar de los días– verídica.
- Inmediatamente una delegación del Programa de Fronteras de la APDH se trasladó a la provincia de Sucumbíos, equipo que estuvo dirigido por los defensores Mauricio Gallardo y Mauro Castillo.
Monitoreo en Sucumbíos
- Doscientos cincuenta (250) desplazados colombianos que ingresaron a territorio ecuatoriano, se asilaron inicial y temporalmente en la iglesia de la Diócesis de Lago Agrio (Nueva Loja), capital de la provincia de Sucumbíos, argumentando que se trataba de una toma pacifica de la iglesia, y luego fueron ubicados en el Refugio de APAFANO (Asociación de Padres de Familia del Nororiente), instalación manejada por ACNUR para atender específicamente emergencias humanitarias, una vez que aceptaron ser considerados refugiados. El Equipo de Fronteras documentó, filmó y grabó las condiciones de su traslado desde la Iglesia y de su estancia en APAFANO, donde se hallaban resguardados por elementos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, mientras eran asistidos por personal de ACNUR y Cruz Roja Ecuatoriana.
- La previa información acerca del trasfondo político del nuevo desplazamiento se cumplió igualmente, al ser testigos de que las 250 personas que llegaron a Lago Agrio, se negaron a acogerse a las condiciones de refugio y seguir el consiguiente trámite. Debido a esa negativa, aproximadamente 600 colombianos más, que ingresaron a territorio ecuatoriano, fueron impedidos de continuar su viaje a Lago Agrio, a la altura del Destacamento y Control Militar de la COOPER, localizado a una hora de la población de Puerto Nuevo, en donde permanecieron hasta su posterior retorno a Colombia.
- Durante el monitoreo realizado al albergue de atención, los desplazados manifestaron haber recibido buen trato, alimentación y cuidados médicos, más sus dirigentes expresaron malestar por haber sido supuestamente confinados en dicho lugar y no permitírseles realizar una movilización en Lago Agrio que tenían previsto hacerla para exponer su situación en Colombia, lo cual reafirmó el trasfondo político del actual desplazamiento. Ante esas expresiones, el Equipo de Fronteras les explicó que esas iniciativas no tenían sustento legal aunque tuviesen razones legítimas para denunciar lo que quisieren, pues ningún ciudadano extranjero puede realizar acciones de ese tipo en otro país según la legislación internacional, y ese procedimiento era observado por el Ecuador y sus instituciones, razón por la que ellos debían acatarlas.
- El Gobernador de Sucumbíos, William Barba, explicó a los desplazados que de no atenerse a la condición de refugiados deberían retornar a su país, pues la política de Ecuador es de no intervención en el conflicto colombiano, tesis que fue ratificada por las autoridades nacionales posteriormente.
- El Equipo de Fronteras sugirió a los desplazados la misma salida indicada por nuestras autoridades: Que se acogieran al refugio, cumpliendo las leyes nacionales, o considerasen su pacífico retorno a Colombia y reflexionaran en la justa posición del Ecuador de no involucrarse en los asuntos internos de Colombia, siendo sus denuncias contra el Gobierno colombiano un asunto de exclusiva competencia interna, cuestionando a su vez a los dirigentes de dichos desplazados por no haberles informado debidamente de lo que ocurriría al cruzar la frontera con dichos objetivos.
- Monitoreamos el proceso de traslado de los desplazados que estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas con la asistencia de la Policía Nacional, actividad que se dio en relativa tranquilidad, marcada por la permanente protesta de algunos dirigentes de los desplazados colombianos que se hallaban frustrados por no haber podido concretar sus planes de protesta dentro del territorio ecuatoriano, acusando al Gobierno Ecuatoriano de falta de solidaridad.
- No se registró ningún altercado ni violación a los derechos humanos de los desplazados.
Análisis de Contexto
- Los dirigentes de los actuales desplazamientos que llegaron a la capital de Sucumbíos tenían preconcebida una agenda de protesta y movilización políticas al atravesar territorio ecuatoriano y desear fijarse solo de manera temporal en el Ecuador.
- Esa agenda consistía en:
- Realizar marchas por las calles de la ciudad de Lago Agrio denunciando su situación social interna, para presionar desde el territorio ecuatoriano a su propio gobierno.
- Lograr visibilidad mediática para difundir internacionalmente sus protestas en territorio ecuatoriano y luego retornar a su país de origen, como admitieron al equipo de monitoreo de la APDH los dirigentes de los desplazados que fueron entrevistados por nosotros en el albergue de APAFANO.
- Presionar al gobierno nacional a tomar partido en favor de sus tesis, una de las cuales era la salida de Uribe, asunto que –por evidente obviedad– está impedido de apoyarlo nuestro y cualquier Estado.
- Por lo sucedido, la APDH infiere que el país podría estar asistiendo a una nueva matriz de comportamiento y crisis trans-fronterizas que probablemente tenderá a repetirse de manera esporádica como realidad bi-fronteriza desde hoy en adelante, matriz inédita por cuanto no la registramos nunca antes en Ecuador hasta este año, y que significativamente aparece en escena cuando el Plan Colombia ha completado en el país vecino su circularidad de fracaso e impactos dentro y fuera de sus fronteras.
- Tanto las autoridades diplomáticas, militares y políticas del país, cuanto los medios de información, no pueden obviar la clausura regional del Plan Colombia tal como estaba preconcebido y fue ejecutado desde el año 2000 al 2006; esto es, que los EEUU, dejando a Colombia como prioridad de segunda, se aprestan a cambiar de escenario y apoyar en esta fase la puesta en marcha del llamado Plan México, es decir la priorización geo-estratégica de otra región de Latinoamérica, una vez que se ha evidenciado el cambio de la correlación política de fuerzas en la región andina y Sudamérica.
- Las características de este nuevo desplazamiento pudieron observarse similares a las del primer éxodo de desplazados que llegó a San Lorenzo hace un mes y medio, y en este segundo éxodo que llegó a Lago Agrio fue más visible esa matriz: ningún desplazado quiso solicitar refugio ni quedarse en nuestro territorio, sino solamente realizar actos de protesta (legítimos o no) para motivar un escenario de atención binacional e internacional sobre sus problemáticas, y luego devolverse a sus lugares de origen.
- Los orígenes sociales de esa nueva matriz no pueden ser desconocidos, o vistos por algunas autoridades, analistas y mass media con simplicidad mistificadora, reduciéndolo todo a un plan del narco-campesinado, con el que se abona a la indiferencia y sospecha ciudadana y al desconocimiento de la institución internacional del Refugio como derecho humano, enfatizando que la satanización per se a desplazados de origen humilde, abona a la tesis despreocupada y unifocal del gobierno colombiano, que se ha negado a admitir que en su territorio existe una crisis humanitaria de graves proporciones y que hay miles de refugiados en sus países vecinos.
- Esa nueva matriz de comportamiento y crisis trans-fronterizas podría tener sus fuentes en la diversidad y complejidad del conflicto interno de Colombia, que es un conflicto social, geo-territorial y no solo armado; en la multiplicidad de sus actores, sociales, ciudadanos y regionales, y no solo armados; en las nuevas facetas que viene adquiriendo el Desplazamiento y que pudieran tener impactos en Ecuador, por lo que se hace necesario que las autoridades diplomáticas, militares, policiales y de las provincias fronterizas, así como los editores de diarios y periodistas de los medios, conozcan y estudien –por ejemplo– las consecuencias geo-territoriales y humanitarias que los desplazamientos voluntarios pudieran tener a futuro en nuestro país, y, más aún, las consecuencias tanto para las comunidades colombianas que viven en su frontera cuanto para nuestro territorio y habitantes, consecuencias que pudieran complicarse debido al desarrollo paulatino de un tema que ni siquiera ha sido aludido en el análisis mediático y gubernamental: el alertado uso de paramilitares desmovilizados en tareas de erradicación manual de cultivos ilícitos en las fronteras con Ecuador, asunto que fue alertado como escenario por la APDH en el año 2005.
- La Fuerza Pública actuó oportunamente y con prudencia para resguardar a los desplazados y trasladarlos a los albergues previstos. Las autoridades provinciales y nacionales de Gobierno mantuvieron reuniones informativas y conciliadoras con los desplazados a quienes explicaron tanto la postura oficial del Ecuador frente a asuntos de exclusiva competencia interna de los colombianos cuanto las normas de actuación que dispone el Derecho Internacional Humanitario en casos como éstos.
- Ningún delegado del gobierno o de las organizaciones de la sociedad civil de Colombia, entre ellas las autoras de la alerta inicial: las Diócesis de Tumaco y Mocoa y el llamado Grupo de Trabajo de Frontera Colombo-Ecuatoriana (ONG's de DDHH), que asisten humanitaria o técnicamente a sus poblaciones desplazadas en la frontera, no aparecieron en ningún momento, a pesar de que fueron las primeras en alertar a la APDH, Servicio Jesuita a Refugiados y otras organizaciones humanitarias del Ecuador acerca de ese potencial desplazamiento que se concretó.
Observaciones de la APDH
- Es necesario mantener la tesis nacional del respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH), y –por tanto– asumir que la responsabilidad del Ecuador es la de acoger y brindar socorro a los refugiados de cualquier país del mundo, con prioridad a ciudadanos de Colombia que legalmente se sometan al trámite de solicitud de Refugio en nuestro país.
- Es importante que el Ecuador mantenga la tesis nacional de no involucrarse en el conflicto colombiano, si no únicamente para aportar como Estado y nación en su resolución pacífica y dialogal.
- Se debe exigir desde la sociedad civil y el Estado ecuatorianos, a la Comunidad Internacional y al Estado y sociedad civil de Colombia el reconocimiento de que somos un país víctima trans-fronterizo del conflicto interno colombiano, del Plan Colombia, de los operativos militares, fumigaciones y erradicaciones manuales de cultivos en las cercanías a nuestras fronteras, tanto los ejecutados por el gobierno colombiano cuanto por todos los actores armados en su frontera sur, por lo que la comunidad internacional y Colombia deben reconocer su corresponsabilidad en la solidaridad y reparación al país por las afectaciones a nuestra población de frontera y por las crisis humanitarias derivadas hacia nuestra nación.
- Llamamos la atención a las ONGs, organizaciones sociales, regionales y de DDHH e iglesias de Colombia, así como a las Agencias de Cooperación Internacional presentes o cooperantes para el tema humanitario, para que actúen ante este tipo de contingencias suscitadas en la frontera común con Ecuador y reconozcan la bi-nacionalidad de la crisis humanitaria, aportando las últimas al Ecuador con programas reales y las primeras actuando y no solo alertando de probables desplazamientos a nuestra nación.
- Alertamos al Gobierno, prensa y sociedad ecuatoriana de la probabilidad de nuevos desplazamientos a futuro, cuya matriz ya no será la búsqueda de refugio per-se, sino temporales asilos de carácter social para visibilizar demandas propias. La crisis humanitaria interna en los departamentos fronterizos de Colombia y las iniciativas sociales de buscar éxodos temporales hacia Ecuador continuarán, por lo que se hace impostergable re-actualizar planes de contingencia humanitaria y de seguridad ante otros probables desplazamientos, con el fin de impedir el involucramiento espacial-territorial ecuatoriano en el conflicto interno de Colombia, otorgar resguardo permanente a la población ecuatoriana y a los refugiados colombianos en nuestra zona de frontera.
- Es necesario conocer esa complejidad interna de Colombia y estudiar los nuevos fenómenos sociales, ambientales, políticos y militares del país vecino y en especial de sus departamentos fronterizos, por parte de las autoridades y funcionarios del Estado, sus instituciones, sociedad civil, medios de comunicación y analistas.
- Hacemos un llamado a la población colombiana en situación de riesgo que desee ingresar al Ecuador, que hagan buen uso del Derecho de Refugio que el Ecuador respeta y cumple, para evitar manipulaciones puntuales de su realidad, la distorsión a sus demandas y, ante todo, el potencial cuestionamiento a la institución del Refugio que, a propósito de estas oleadas temporales de desplazamiento voluntario, pueden emerger en ambos países. De esa forma, respetando la población colombiana la normativa internacional de Refugio, nuestro país, sus instituciones y sociedad civil pueden garantizar solidariamente su llegada, seguridad y permanencia, tal como ha sido hasta hoy con todos los hermanos colombianos que han cruzado la frontera por razones humanitarias.
Equipo de Fronteras de la APDH
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