Quito, 26 de junio de 2007
El 19 de Junio del 2007, en la ciudad del Coca, y atendiendo la necesidad urgente de defender los remanentes de bosques del país y el inminente empobrecimiento por la deforestación del los habitantes de las selvas; el presidente Rafael Correa conjuntamente con sus ministros firmó el Decreto N.419 estableciendo la veda total de corto plazo de seis meses para las especies forestales de bosque nativo, entendiéndose como tal la prohibición a la corta y aprovechamiento de árboles, la movilización y comercialización de productos forestales de especies de bosques nativos
Este decreto entraría en vigencia después de su publicación en el registro oficial, sin embargo, debido a la presión de los grandes grupos de poder maderero hasta la fecha no ha sido publicado. La situación puede ser aún mas grave, ya que las empresas madereras estarían manipulando a poblaciones locales para que se manifiesten en contra de esta Veda y organizando marchas en Quito en rechazo de esta medida.
Una vieja práctica de los grupos madereros ha sido manipular a comunidades locales en su beneficio, de esta manera encontramos a poblaciones afros en Esmeraldas defendiendo los intereses del grupo Peña/Durini o Álvarez Barba a costa de enfrentamientos con campesinos e indígenas. Otro caso conmovedor es el de los indígenas Waorani que son utilizados por empresarios madereros que se benefician de la extracción ilegal de cedro y caoba en la Amazonía, poco importa que los pueblos en aislamiento voluntario estén al borde de la extinción por la ambición del maderas finas.
La corrupción dentro del MAE, el sistema de control forestal y las diferentes oficinas locales sería largamente promovido por las empresas del grupo Peña/Durini, Alvarez Barba y Arboriente, quienes se han beneficiado de esta práctica y han obtenido su materia prima de la ilegalidad y la corrupción. El Colegio de Ingenieros Forestales de Pichincha sostiene que al menos el 51% de la madera de estas empresas es de origen ilegal, pese a que esto es reconocido y cínicamente aceptado hasta el momento no se había tomado ninguna acción para frenar el saqueo de los bosques de todos los ecuatorianos
Ahora que ven amenazado su prospero negocio, estos fuertes grupos económicos estarían utilizando a poblaciones locales de la Costa y Amazonía como carne de cañón para que exijan la suspensión del decreto forestal.
El establecimiento de la Veda Forestal es algo urgente y necesario. Los pueblos habitantes de los bosques vienen reclamando esta política desde hace varios años atrás, por lo que una iniciativa de esta envergadura es digna de felicitarse; sin embargo el decreto adolece de varias fallas:
aquellos compromisos establecidos por el Estado contractualmente o mediante autorizaciones o delegaciones al sector privado. En la práctica esto significa que los planes de aprovechamiento y licencias de tala aprobadas antes de la publicación del decreto, continuarían en vigencia después de la Veda. Encontramos entonces que desde el anuncio de la veda en abril de este año, las empresas madereras con desesperación han buscado la aprobación de nuevas licencias como por ejemplo SETRAFOR que presiona para el aprovechamiento de 8.000 ha. de bosque nativo.
Durante el tiempo de la veda forestal, para que esta tenga un impacto significativo en la conservación de los bosques nativos del país, esta debería ser publicada sin las excepciones antes mencionadas y aprovechar este tiempo para realizar una auditoría nacional al estado de los bosques, al sistema de entrega de licencias, de planes de aprovechamiento y al control forestal.
Por otra parte, seis meses pueden resultar insuficientes para enfrentar un conflicto que ha puesto a Ecuador como el país con la mayor tasa de deforestación en Latinoamérica; por lo que una extensión de la veda sería lo más conveniente.
Atentamente,
Nathalia Bonilla
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