Francisco de Orellana, 25 de abril de 2007
Oficio No. 189-HCPO-P
Economista Rafael CorreaPresidente Constitucional de la RepúblicaQuitoDe mi consideración:
La semana pasada se celebraron los 40 años desde la primera vez que salió petróleo de un pozo en la amazonía ecuatoriana. Desde entonces el petróleo ha constituido la principal riqueza del país y el ingreso fundamental para el Estado. Al considerar la extracción de crudo como una prioridad nacional, se han olvidado los derechos de la gente que vivimos aquí. Sólo era selva, selva con petróleo. También había algunos indios por allí, luego hubo campesinos que venían huyendo de las provincias más pobres del país.
Nunca nadie preguntó la opinión de los dueños de la tierra, los que sufrirían inevitablemente la contaminación. Los Derechos Colectivos consagrados en la constitución han resultado ser letra muerta. En la realidad los pueblos afectados por las actividades hidrocarburíferas, no hemos sido consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables, tampoco se nos ha informado sobre las afectaciones ambientales, sociales y culturales, esto a lo mejor será por que las personas y el medio ambiente no importamos. También se dice que la tierra comunitaria es inalienable, inembargable e imprescriptible, salvo que el Estado la declare utilidad pública, cosa que hace siempre que encuentra petróleo, ¿en qué quedamos?.
Es cierto que la Constitución actual data del año 1998, y ya por entonces se había hecho bastante daño, por ejemplo la vergonzosa entrada de la empresa Maxus en el Bloque 16, construyendo una carretera que se interna 100 Km al interior del Parque Nacional Yasuní (hoy operado por Repsol YPF), previa la reducción del pueblo Waorani por parte del Instituto Lingüístico de Verano. Este Pueblo nunca hasta entonces había vivido en lugar fijo. Ahora se discute sobre la opción de explotar el ITT, pero a los que van a ser afectados, nadie les ha preguntado su opinión.
Su gobierno, baraja en estos momentos varias opciones con respecto al ITT. Según se desprende de las declaraciones vertidas en los medios de comunicación, quién se muestra como más ardiente defensor de la explotación del bloque, es el actual presidente de Petroecuador, el Ing. Carlos Pareja Yannuzzelli. El y quienes dentro del gobierno apoyan decididamente esta opción, le están planteando a la sociedad ecuatoriana un dilema definitivo. O explotamos el ITT, o nunca saldremos de la miseria. Admiten el impacto ecológico y cultural, aunque intentan minimizarlo. Pero a continuación exponen que no queda otra. Hay que decir varias cosas:
Su gobierno recibe una herencia mala. Especialmente en el Oriente las cosas siguen difíciles. 40 años de explotación petrolera han dejado su rastro por estas tierras. En las zonas de explotación, se da una alta deforestación del territorio. El 50% de los ríos está contaminado. Las culturas autóctonas han sufrido un choque casi definitivo, en muchos casos dependen de la compañía hasta para comer. De seguir así desaparecerán irremediablemente en pocos años. En algunas comunidades se han generado focos de resistencia, que han sido respondidos con represión por parte de la fuerza pública (En esto hay que reconocer que la situación ha mejorado con el nuevo gobierno). De hecho la fuerza pública ha sido el gran aliado de la industria petrolera para amenazar a la población.
El año pasado tuvimos la visita del Relator de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen. En el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Stavenhagen exhortó a las Fuerzas Armadas ecuatorianas que se abstengan de celebrar convenios de prestación de servicios con las empresas petroleras que pudieran lesionar los derechos de las comunidades indígenas
. El experto consideró que la utilización de elementos de las Fuerzas Armadas para asegurar los intereses de las empresas petroleras, mineras y madereras que operan en áreas indígenas
ha dado origen a incidentes y denuncias de militarización de las comunidades
.
La militarización y las declaratorias de Estados de Emergencia han sido moneda común en la región durante los gobiernos anteriores. Entre todo esto, el Oriente sigue con unos niveles de pobreza de los peores del país. Aquí no llegaron las autopistas, ni el Malecon 2000. La tónica general estos años ha sido la ausencia del Estado, que las compañías petroleras han sustituido por la entrega de baratijas en las comunidades.
Los gobiernos neoliberales de épocas pasadas han abandonado las responsabilidades del Estado, dejando a la población a su suerte. A la suerte del mercado. ¡Hágase empresario, consiga plata, de usted depende, hágalo a costa de lo que sea!, esas eran las consignas. Eso aquí en el Oriente se nota aún más, la selva se destruye a pasos gigantes. Confiamos en que el gobierno asuma en serio su responsabilidad con la población y con el medio ambiente.
Señor Presidente, explotar el ITT no es vital para sacar el país de la miseria, es más, su explotación no garantiza que eso vaya a ocurrir. Para que eso ocurra hay que distribuir mejor la riqueza y acabar con la corrupción. Si está claro que el Parque Yasuní y las gentes que por años vivieron allí van a sufrir. Los que vivimos aquí sabemos que nos llegará sólo un poquito de lo que se saque, también sabemos que nos quedaremos con toda la contaminación. Por eso queremos que se le pregunte a la gente qué opina, que se le informe bien de los riesgos que existen. Queremos que tengan opción para dar su consentimiento, como dice la Ley. No queremos que pase con el ITT lo que ha pasado con el resto de bloques anteriores.
Atentamente,
Sra. Guadalupe Llori Abarca, prefecta de la provincia de Orellana
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