Medidas cautelares a favor de los Pueblos Indígenas Taromenani y Tagaeri

Señor Presidente:

Me dirijo a usted cordialmente para solicitar acciones concretas en lo que respecta a medidas cautelares a favor de los Pueblos Indígenas Taromenani y Tagaeri. En mayo del 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de estos pueblos. Lo hizo 10 días después de nuestra solicitud ya que la situación ameritaba acciones policiales y judiciales inmediatas. Recordemos por ejemplo que está demostrada la muerte, en esos días, de un maderero lanceado.

Es importante enfatizar Señor Presidente, que esto no debe ser visto como un problema ambiental. Es un problema que atañe principalmente a la justicia y a la policía. Estamos hablando de asesinatos de personas (genocidio), desplazamiento forzado de familias, robo y quizá incluso violación. Procesos que pueden involucrar los intereses de madereros y que han significado varias muertes de Taromenani y madereros. Así también existe un problema de falta de reconocimiento de derechos territoriales. Un proceso sistemático que es de hecho una política de Estado a la cual durante aproximadamente 30 años han contribuido todos los gobiernos y que posiblemente fue la causa final del homicidio del líder Tagaeri Taga.

Luego de 17 de otorgadas las medidas cautelares y sin que se hayan dado cambios sobre el terreno, su gobierno presentó a la CIDH un plan de implementación de medidas cautelares el 11 de octubre del 2007. Hasta el momento nada de lo indicado en el plan se ha cumplido (por ejemplo una reunión en octubre con la Comunidad Waorani). Se nos indicó en la Procuraduría que el martes 13 de noviembre se presentará una petición de fondos pero dadas las circunstancias dudamos que ello se concrete. Independientemente de que tal trámite haya tomado al menos más de un mes, resulta evidente que no existe interés en impedir la presencia de terceros en las zonas de los ríos Cononaco Chico, Cuchiyacu, Cononaco y otros dentro y fuera de la Zona Intangible.

Esfuerzos de algunos funcionarios de su gobierno para establecer un cronograma de actividades se han encontrado con situaciones internas que lo impiden y estamos dispuestas a documentarlas si fuera necesario. Existe además una situación conflictiva alrededor del tema extracción petrolera. Pero por ahora consideramos pertinente enfocar esta carta en las promesas hechas por su gobierno. Si usted tiene alguna duda sobre nuestras afirmaciones estaremos dispuestos a demostrarlas ante usted si así lo considera necesario.

Es preocupante Señor Presidente que luego de 17 meses de continuas quejas dirigidas a usted y diferentes funcionarios, quejas en las que se hace evidente la falta de acción de la Ministra Ana Albán, se nombre a la Abogada Albán como ejecutora del plan de implementación de medidas cautelares. Así también la Procuraduría argumentó desde el principio indicando, básicamente, que se necesitaban pruebas de la existencia de una masacre en el 2006 para actuar. Esto es un sin sentido ya que justamente las medidas cautelares están orientadas a proteger vidas en peligro. Mientras la Procuraduría, mencionada el 11 de octubre como coordinadora del proceso, se perdía en estas argumentaciones, se optó por ignorar que desde el 2006 o antes a menos de un kilómetro de la Vía Coca-Tigüino funciona con absoluta impunidad un centro de acopio de cedro. Este cedro talado ilegalmente reposa sin ningún problema junto al río Shiripuno. Así también se opta por ignorar la masacre del 2003, con asesinos confesos y de la cuál existe evidencia irrefutable.

Señor Presidente, hemos señalado ante un gran número de funcionarios por escrito y/o en persona (Fernando Bustamante, Manuela Gallegos, Alberto Acosta, Gustavo Larrea, Juan Martínez, Ana Albán, Lorena Escudero, Humberto Aguilar, Marlo Brito, Erick Roberts, Cecilia Mantilla, Magdalena Molina, Álvaro Dahik) la necesidad de acciones inmediatas. En varios casos hemos señalado la necesidad de acciones específica y no se ha concretado nada. Reiteramos dada la situación que es vital una decisión presidencial. El nombramiento de un funcionario comprometido y capaz, con la autoridad necesaria, como único responsable es vital. Vemos con preocupación como el plan presentado en la CIDH no funciona mientras los responsables señalan que no está en sus manos la solución. Por ejemplo, que una persona sea el ejecutor y otro el coordinador es evidentemente un problema. Es claro para nosotros que los planes del Ministerio de Coordinación de Patrimonio están siendo ignorados y o cayendo en el olvido. Parte del problema, desde nuestro punto de vista, es quizá que dicho Ministerio no tiene capacidad de ejecución entonces tampoco puede asumir ninguna responsabilidad.

Se nos ha informado también que a pesar de la evidente incapacidad y/o falta de interés de la Ministra Albán por solucionar esta situación, ella habría argumentado fuertemente ante el gabinete, para que se le encargue la ejecución de las medidas cautelares. Las vidas de los Taromenani, Tagaeri y posiblemente otros grupos sin contacto están en manos del Ministerio de Ambiente cuando lo lógico es que la policía y el sistema judicial actúen. Más aún se encarga de ello a funcionarios como Ana Albán que: 1. Han sido incapaces de lograr acciones concretas dentro de su gobierno en el tema de medidas cautelares 2. Que junto con otros funcionarios (aparentemente Roberto Urquizo) y Ana María Garzón no han tenido problema en obstruir acceso a información sobre el proyecto de Petrobrás. 3. Que no cumple promesas hechas en abril del 2006 sobre control de riesgos en la Zona Intangible 4. Que concede una licencia ambiental, pasándose aparentemente por encima de los técnicos usuales, y por encima del Convenio 169 de la OIT y de la Convención par la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Naturales de los Países de América que en sus partes pertinentes dice:

Artículo III

Los gobiernos contratante convienen en que los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos, sino por acción legislativa competente. Las riquezas existentes en ellos no es explotarán con fines comerciales.

Artículo IV

Los Gobiernos Contratantes acuerdan mantener las reservas de regiones vírgenes inviolables en tanto sea factible, excepto para la investigación científica debidamente autorizada y para inspección gubernamental, o para otros fines que estén de acuerdo con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada.

En cuanto al Ministerio de Gobierno, la institución que nos parece debería ser la encargada de vigilar por la seguridad de todo ecuatoriano sin discrimina porque son indígenas, mestizos o se hallan en aislamiento voluntario, tampoco ha cumplido con su función. El Ministro Gustavo Larrea, cuando aún era un activista de derechos humanos, también participó en abril del 2006 de la reunión en que los funcionarios del gobierno se comprometieron a llevar adelante acciones de control. Hasta el momento ha resultado imposible lograr respuestas de él luego de que se le enviaron cartas, correos electrónicos, faxes y llamadas telefónicas.

Así también luego de una reunión entre usted y Acuerdo Nacional Constituyente a inicios de su gobierno, pude hablar unos pocos segundos -en el Palacio de Gobierno con el Ministro Larrea- y le señalé que estaba evadiéndome. Ante ello me señaló que sobre el tema de los Taromenani y Tagaeri si iba a trabajar en una comisión. Posiblemente la mencionada reunión se hizo en marzo. Esa comisión no existe hasta hoy. Así también una acción policial que se solicitó el 10 de octubre y cuya realización apoyaron la Ministra Gallegos y el Ministro Martínez no se concretó en la fecha indicada ni de la forma sugerida. Con ello se perdió la posibilidad de que se investigue sobre el posible asesinato de Taromenani durante su gobierno.

Es evidente, como señala Miguel Angel Cabodevilla el 5 de noviembre en diario El Comercio que hay poderes e influjos dentro de los gobiernos para que no se les dé carta de ciudadanía [a los Tagaeri y Taromenani] ni se reconozca sus derechos. Más bien se los silencie y, en definitiva, se permita, los más inadvertidamente posible, su eliminación. Repito así mismo las palabras de este investigador: Pero todo eso ¿qué tiene que ver con el problema de fondo? El problema no es de Petrobrás sino de Ecuador. Tiene allí unos grupos humanos dueños de una zona y el Estado debe reconocer y proteger oportunamente esos derechos ¿Hasta cuándo Ecuador dejará que una petrolera defina y ejecute una política nacional? ¿Dejaría el Estado la ejecución de otra política nacional como la protección de fronteras a una petrolera?

Señor Presidente su gobierno ha generado gran cantidad de planes para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV). En ese contexto el plan para vender crudo represado en la porción de su territorio denominada Bloque ITT constituye una excelente iniciativa. Sin embargo todo esto se ha quedado en el papel. La política para los PIAV presentada el 18 de abril no se discute y no se ha discutido con ningún actor social hasta donde conocemos. Otra política que sugerimos oportunamente que no se encargue a la Ministra Albán. Sin embargo a ella se le nombró coordinadora. Paradójico cuando su principal impulsor fue el Ministro de Energía Alberto Acosta. Tampoco existe hasta hoy un fideicomiso para colectar donaciones internacionales para mantener el petróleo el ITT bajo tierra.

Hemos pedido la acción de la Cancillería para que se implementen medidas de protección en el Perú. También hemos pedido en la Procuraduría acciones para que se detengan intentos, aparentemente, de usar a waorani ecuatorianos para realizar contactos con Taromenani en el Perú. Una acción que pondría vidas en peligro. Mucho más cuando pueden ser proyectos motivados por la industria extractiva. Hasta donde conocemos la Cancillería no ha hecho ninguna gestión a favor de los Taromenani. Más bien, el gobierno del Perú niega su existencia sobre su territorio. Niega incluso en la CIDH el 12 de Octubre del 2007 la existencia en su territorio de Taromenani y otros grupos humanos. Al pedir en la Procuraduría que se hagan gestionen acciones a nivel internacional -como se prometió en el plan que su gobierno presentó- se nos ha preguntado si tenemos pruebas de estas afirmaciones ¿No sería la función del Estado más bien cumplir su palabra y su deber y al menos investigar los indicios de lo que pensamos está sucediendo? Es vital, entre muchas otras acciones, que de inmediato se contacte con personas quizá interesadas en un peligroso proceso de contacto. La Procuraduría tiene la información pertinente para iniciar acciones apropiadas.

Con la mayor cordialidad Señor Presidente, pero sin dejar de señalar la existencia de una situación grave de inacción, intereses económicos y presiones del gobierno brasileño -basadas en acuerdos hechos por usted con Brasil sin consultar antes a la población potencialmente afectada (waorani) como lo manda el Convenio 169 de la OIT y sin tomar en cuenta los derechos de los PIAV como lo manda la OIT- solicito se actúe de inmediato para proteger vidas en peligro en la Zona Intangible y posiblemente al norte de ésta.

Así también estamos concientes de que esta carta y las acciones legales que llevamos adelante contra el Estado afectan intereses económicos e incluso podrían conducir a acciones legales contra funcionarios de su gobierno y otras personas que ponen en peligro la vida de Taromenani, Tagaeri y otros PIAV. Por ello hago responsable a su gobierno de cualquier intento de afectar contra nuestra integridad física o moral. Nosotros esperamos que esté de nuestro lado en el discurso, en la defensa de la ley y en la defensa de los derechos humanos con gestos y acciones concretas y coherentes.

Señor Presidente, lo elegimos para que se cambien las prácticas usuales de manipulación a los grupos indígenas. Para que se implante el respeto de la ley y para que sobre los intereses económicos se luche por defender derechos humanos, la equidad intergeneracional el buen vivir en armonía con la naturaleza (que menciona en su plan de gobierno). Confrontamos una situación de genocidio con ataques bien demostrados en algunos casos (durante aproximadamente 100 años). Está en sus manos buscar ahora el diálogo con los activistas que lo elegimos y hacer esfuerzos genuinos sin prácticas divisionistas ni ataques con generalizaciones que sólo aumentan la confrontación. Declaraciones que lo único que hacen es apartaros de la discusión seria y la posibilidad del trabajo en detalles importantes. Está en sus manos cambiar esta historia y en lugar de permitir que algunos funcionarios pospongan acciones necesarias con extrañas justificaciones -como por ejemplo la necesidad de estudios de impacto ambiental para hacer puestos de policía o la necesidad de poner algunos ministros y un procurador en Bameno antes de hacer nada- se proceda a tomar medidas inmediatas y concretas sobre el terreno. Ya no es el momento de gestos simbólicos pero realmente sin significado por la falta de cumplimiento de promesas. Es hora de actuar con inteligencia, agilidad y seriedad.

Cordialmente,

Fernando Ponce Villacís