Quito, 11 de diciembre de 2006
Petición número REF P-422-06, Ecuador.
Señor Santiago A. CantonSecretario EjecutivoComisión Interamericana de Derechos Humanos1889 F Street, N.W.Washington, D.C. 20006 EEUU
Señor Secretario:
Nos dirigimos a usted respetuosamente dentro del proceso de medidas cautelares número MC-91-06, el cual está pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH), Petición número REF P-422-06 con el fin de entregarle evidencia adicional sobre la situación de los Pueblos Ocultos Tagaeri y Taromenani. Parte de ésta llegará por correo regular y otra, adicionalmente, en varios correos electrónicos. A continuación se describen las circunstancias que la evidencia obtenida documenta:
El Estado Ecuatoriano no parece tener el más mínimo interés en que la Zona Intangible (ZI) para protección de los pueblos ocultos se limite y/o funcione. Además se cometen errores que ponen en duda la legitimidad del proceso.
Aunque el Ministerio del Ambiente aparentemente intenta lograr que este proceso concluya (al respecto se puede consultar con el Subsecretario Alfredo Carrasco) existe evidencia de que el Director de la Dirección Nacional de Protección Ambiental (DINAPA) entorpece el proceso por falta de conocimiento o quizá incluso premeditadamente. Así, un comunicado No. 16 del CEDENMA (Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente) indica que distintos funcionarios, incluido el Director de la DINAPA, se reunieron el 15 de julio del 2006 y acordaron cuáles serían los límites de la ZI. Sin embargo luego de un proceso conflictivo y cuando parecía cerca la firma de un decreto presidencial (según declaraciones del subsecretario Carrasco) el director de la DINAPA emite un comunicado indicando que tales límites no son los correctos y sugiere – el 20 de septiembre del 2006- que a la ZI se le reduzcan 7327,7 hectáreas sobre la reserva de petróleo Awant. Evidentemente una inconsistencia inaudita que pone en duda el proceso de "socialización" realizado con 150 waos a inicios de Septiembre del 2006. Para mayor información se puede contactar con el CEDENMA (Sr. Jerónimo Menses Pérez, T: 593-2-2251-446/2270-451/ 2459-822 ext. 110).
Al mismo tiempo que la DINAPA realiza gestiones contradictorias, hemos recibido información que indica la presencia de taromenani sobre la reserva de petróleo denominada "Awant". Justamente la zona que el director de la DINAPA en comunicado del 20 de septiembre del 2006 (Memorando No. 373- IAH- DINAPA- 2006) sugiere se excluya de la Zona Intangible. El señor Mathew Finer de Save Americas Forests (matt@saveamericasforests.org) es quien ha obtenido información según la cual hay taromenani en la zona de Awant. Por otra parte, mapas observados por Fernando Ponce Villacís en las oficinas de Andes Petroleum durante una entrevista con el Señor Sebastián Valdivieso el día 30 de noviembre del 2006 muestran que los Taromenani u otros pueblos ocultos se hallan al menos cerca de Awant.
Aparentemente un funcionario del más alto nivel en el gobierno ha dicho que no se firmará la limitación y plan de manejo de la ZI porque el Presidente de la República, Doctor Alfredo Palacio, no quiere tener problemas con las petroleras
. Sin embargo no podemos entregar el nombre de nuestra fuente mientras no exista algún mecanismo para proteger su identidad y persuadirle de hablar al respecto. Quizá una vía para que se pueda constatar la situación es que representantes de la CIDH visiten el Ecuador y se entrevisten con personas cuyos nombres podremos proporcionar de manera menos pública. Estamos dispuestos sin embargo a cualquier sugerencia por parte de la CIDH.
Por otra parte, la absoluta falta de institucionalidad del país se refleja en un proceso deficiente de consulta respecto a la limitación de la ZI. Sabemos que distintas entidades ven o han visto problemas: la Organización de Nacionalidades Indígenas Huaorani del Ecuador (ONHAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), entendemos que personal de Wild Life Coservations Society de Quito (WCS), Acción Ecológica, la industria petrolera entre otros testigos. La ONHAE, aparentemente, luego de conversaciones con funcionarios del Ministerio del Ambiente y un proceso de "socialización", ha dejado de expresar su inconformidad. Sin embargo éste no es el caso para todas las organizaciones mencionadas.
No existe apoyo de la fuerza pública para controlar el tráfico de madera. El investigador Miguel Ángel Cabodevilla nos ha proveído de evidencia en ese sentido entre el 10 de agosto del 2006 y el 3 de septiembre del 2006. Incluso una foto enviada el 11 de agosto del 2006 (archivo "madera_desde_aire-2"), que entendemos muestra un camión cargado de madera en la Vía Auca (ruta de salida de la madera cortada ilegalmente) indican que la tala sigue sin que la fuerza pública se interese lo más mínimo en evitar nuevas tragedias. La falta de interés de la fuerza pública también es notoria para Remigio Rivera responsable de comunidades de Repsol YPF según él señala en un comunicado del 4 de septiembre para el Ministerio del Ambiente (el comunicado se dirige al Subsecretario Alfredo Carrasco).
Se envía también copia de una nota de Diario El Comercio (09-X-2006). En ésta se denuncia la existencia en el Yasuní de 12 campamentos ilegales para extracción de madera. También, hasta la fecha, según indica Diario El Comercio el 17 de agosto del 2006, lo único que ha sucedido es la confiscación de 200 tablones de madera de cedro a pesar de que se habla del tráfico de miles de tablones. Sobre esto último se puede consultar también con el periodista Franklin Vega (franklin.vega@gmail.com , teléfono en Quito: 098282833 ) quien hasta hace pocos meses hacía un seguimiento constante de la noticia. Toda esta evidencia junto con comentarios del investigador Miguel Ángel Cabodevilla indican que el tráfico de madera es masivo y se halla completamente fuera de control a pesar de ser completamente evidente para la Policía, Ejército y Fiscalía.
Una fuente que necesita permanecer anónima para poder seguir adelante con su investigación de la situación nos ha proveído un documento aparentemente escrito por el Señor Alonso Jaramillo, funcionario del Ministerio del Ambiente que trabaja en Puerto Francisco de Orellana, provincia de Orellana. En este documento señala el funcionario mencionado que no han recibido apoyo apropiado de la policía y ejército para un operativo el sábado 23 de septiembre del 2006 y se puede inferir que debido a su inferioridad numérica tuvieron que retirarse de la zona de Shiripuno (o Chiripuno).
Sobre el mismo evento se refiere el investigador Miguel Ángel Cabodevilla en uno de los comunicados que estamos copiando para la CIDH. En síntesis no han servido en absoluto las promesas del gobierno sobre implementar mecanismos de control o el desarrollo de un taller para promover mecanismos de control mediante métodos participativos. La realidad es que el gobierno hace un poco de ruido cuando la prensa denuncia su ineptitud y luego todo continúa igual. En abril del 2006 ya se tuvo un escándalo que condujo a una lista de promesas documentada por el Señor Eduardo Pichilingue. En la práctica nada ha cambiado, menos aún se ha investigado o apresado a responsables. Igualmente, el 17 agosto del 2006 se realiza un taller –que coincide con noticias de la prensa el 9 y el 17 de agosto– y que hasta donde conocemos ha conducido a ningún resultado.
La Fiscalía por otra parte es evidente que no cumple su trabajo apropiadamente. Hasta donde conocemos nadie ha sido arrestado por tala ilegal a pesar de que se sabe perfectamente quienes son los responsables. Más bien uno o varios testigos claves permanecen escondidos en sus casas. En este proceso es vital que se proteja a los testigos. Razón por la cual solicitamos a la CIDH visite el país con el fin de constatar sobre el terreno la situación. Un comunicado entregado a la Fiscalía en agosto del 2006 para informar sobre la situación no ha sido respondido hasta el momento.
Similar comunicado entregado a la Presidencia de la República tampoco ha conducido a ningún tipo de cambio en la situación. Lo único que indicó un funcionario de nombre Alejandro Dávalos es que se había pasado el comunicado al Ministerio del Ambiente. Gestión inútil de la Presidencia ya que justamente la falta de interés de la fuerza pública y la incapacidad del Ministerio del Ambiente para imponer una política de control del tráfico de la madera y/o hacerse escuchar por la fuerza pública y/o limitar la ZI condujo a realizar un contacto directo con la presidencia (además que dicho ministerio recibió también copia del comunicado). Ante esta situación se aconsejó al Señor Dávalos que la presidencia contacte con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para lograr que se cumplan promesas hechas por el gobierno en abril sobre control del tráfico ilegal de madera. Desconocemos si se siguió tal consejo. Gestiones recientes del Señor Juan Guevara (guevara@findingspecies.org) con un funcionario nuevo, el Señor Pablo Cevallos (593-2-2584-000 ext. 278), aparentemente reemplazo de Alejandro Dávalos, resultaron en un pedido por parte del gobierno de más información –caos total. El gobierno pide información sobre lo que éste mismo ha prometido hacer y no ha hecho. Pareciera que incluso el gobierno no está al tanto de que se le ha acusado de incumplir las medidas cautelares otorgadas a favor de los pueblos Taromenani y Tagaeri.
Cualquier notificación relacionada con el presente caso la seguiremos recibiendo en la Casilla Postal #17-01-600, Quito, Ecuador, o en los siguientes correos electrónicos:
Fernando Ponce Villacís: fernandoponcev@yahoo.comSebastián Albuja Bayas: sebasalbu@yahoo.com
:: http://www.llacta.org ::