Quito, 25 de octubre de 2006
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, a la vez que valora las declaraciones del Canciller ecuatoriano, Dr. Francisco Carrión, de que la Base de EEUU en Manta no ha dado ninguna utilidad al país y que de ser canciller del nuevo gobierno no ratificaría el aciago acuerdo que nos involucró en el Plan Colombia, así como las declaraciones del Vicecanciller, Dr. Diego Ribadeneira, en el sentido de que las supuestas "denuncias" del gobierno y cancillería colombianos sobre la incomprobada presencia de "líderes guerrilleros en Ecuador" han puesto en segundo plano el deber de Colombia de responder por el asesinato de dos ciudadanos ecuatorianos el 15 de octubre, comparte a autoridades, organizaciones, embajadas y comunidad nacional e internacional, la siguiente información, autoría de la Agencia Francesa de Prensa, AFP, que relata la decisión del régimen de Alvaro Uribe de aumentar colosalmente, a través de un impuesto de guerra, la adquisición e instalación de equipos militares para una denominada "defensa fronteriza", gastos avaluados en 1.525 millones de dólares, noticia que debería llamar la atención y preocupar al Ecuador, a sus autoridades políticas y militares, tomando en cuenta que ese aumento repercutirá gravemente en la incidencia de los impactos del conflicto y del Plan Colombia en nuestro territorio fronterizo, como desbalanceará el equilibrio militar con los países vecinos, entre ellos el nuestro.
Volvemos a insistir en que la era de los diálogos interminables de la COMBIFRON y de las cancillerías de ambos países, debe terminar para dar paso a la Exigencia Firme del Ecuador de su postura de paz, no intervención e indemnizaciones, a través de todas las instancias internacionales y regionales, como ONU, OEA, Pacto Andino, Comunidad Sudamericana de Naciones, sin descartar el Tribunal de La Haya, para que el régimen y militares colombianos, como los actores irregulares del conflicto interno, respondan de una vez por todas por los graves efectos que de manera permanente han traído sus políticas y estrategias belicistas en la frontera.
Alexis Ponce, vocero APDH
Bogotá, 24 de octubre de 2006 (AFP)
El gobierno colombiano destinará 1.525 millones de dólares de un impuesto de guerra en los próximos cuatro años, para la repotenciación y compra de patrulleras, submarinos, fragatas y la construcción de dos plataformas aéreas, indispensables para operar en las fronteras, precisó un reporte oficial.
El viceministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo a periodistas que las compras no están relacionadas con carrera armamentista alguna, y señaló que lo que se busca es fortalecer la persecución de las embarcaciones y aviones al servicio del narcotráfico.
Los dineros también se destinarán al aumento del pie de fuerza en 40.000 hombres y a la compra de helicópteros, vehículos blindados y equipos de Inteligencia.
En total, según el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, con el impuesto de guerra que se proyecta cobrar a los patrimonios superiores a los 635.000 dólares en los próximos cuatro años, el gobierno espera recaudar 3.600 millones de dólares.
El Ministerio recordó que las Fuerzas Militares tienen en servicio cañones con 64 años de uso y proyectiles de artillería con medio siglo de antigüedad. Por su parte los submarinos que serán repotenciados tienen entre 34 y 36 años, en tanto que los aviones datan de 30 años en promedio, y las fragatas, 23 años.
Ello a pesar de que en diciembre pasado la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) adquirió a la brasileña Embraer, 25 aviones de combate Super Tucano por un monto de 235 millones de dólares.
El proyecto que autoriza el cobro del impuesto será presentado esta semana al Congreso, y lo cancelarían unos 56.000 contribuyentes, cifra menor a los 140.000 que pagaron un gravamen similar durante el primer gobierno del presidente Alvaro Uribe (2002-2006).
El impuesto fue anunciado luego de que el viernes pasado el presidente Alvaro Uribe suspendiera los acercamientos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para un canje de secuestrados por rebeldes presos, en represalia por un atentado con coche bomba en un complejo militar de Bogotá, con saldo de 21 heridos y que el mandatario atribuyó a esa guerrilla.
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