Quito, 29 de septiembre de 2006
Doctor Alfredo PalacioPresidente del Ecuador
Ante el nuevo estudio de impacto ambiental para el proyecto de Desarrollo y Producción del Bloque 31 (campos Nenke y Apaika) nos dirigimos a usted para que se considere cuidadosamente las implicaciones de dicho proyecto. Este pondrá en peligro la existencia de distintas comunidades que habitan en la zona y que incluyen a waorani y pueblos en aislamiento voluntario. Por ello pedimos que se tome en cuenta el ordenamiento legal ecuatoriano y el gobierno se abstenga de permitir el ingreso de Petrobrás al bloque 31.
Es claro que el ingreso de Petrobrás al bloque 31 significará no sólo un atentado contra la existencia de lo que posiblemente es el Parque Nacional más diverso del planeta, sino también una amenaza a la existencia de los pueblos que habitan en esta zona. Desde el año 2005 hemos visto cómo Petrobrás viola en el bloque 18, con total impunidad, regulaciones ambientales. Hasta el punto que parecería haberse hecho merecedora de la caducidad. Sin embargo el sistema judicial ha resultado completamente inútil para defender los derechos de la población (ha rechazado de manera completamente arbitraria un recurso de amparo). Por otra parte, las gestiones iniciadas contra Petrobrás dentro del Ministerio de Energía, por el subsecretario Barragán, parece que no progresan. Nos preguntamos si en el bloque 31, perdida en la selva, la empresa Petrobrás podrá tener un control más efectivo que el observado en el bloque 18.
A la falta de garantías de un efectivo proceso de control de contaminación por parte de los poderes ejecutivo y judicial se suma la posibilidad de accidentes que no podrán ser manejados apropiadamente. Como usted y Petrobrás conocen, en el bloque 31 habitan personas en aislamiento voluntario. Tales personas, dada una emergencia, no podrían ser contactadas y ser advertidas, por ejemplo, sobre los riesgos de contaminación de fuentes de agua o suelo. Resulta además completamente obvio que se ingresará a un territorio indígena sin que exista el consentimiento informado de toda la población (ya que ésta ha optado por el aislamiento voluntario). Por lo tanto además de poner sus vidas en peligro se violarán sus derechos a decidir sobre el mejor uso de los recursos en su territorio. Más aún la presencia de empleados petroleros y, posiblemente, miembros de la fuerza pública y agentes de seguridad, significará un riesgo continuo de enfrentamientos violentos y un atentado permanente a su derecho a circular libremente en su territorio.
Las industrias extractivas tienen efectos muy grandes desde el punto de vista social y político. Los fenómenos asociados con la industria extractiva han sido analizados ampliamente e incluyen efectos negativos en el desarrollo de otras industrias (lo que se denomina "enfermedad de Holanda") además de graves impactos en el funcionamiento de las sociedades afectadas por el proceso. (Ballards y Banks, 2003, Mehlum et al. 2005 ) Los efectos son tan graves que el término técnico para describir tal proceso se denomina "maldición de los recursos". Es por ello que consideramos vital que se suspenda definitivamente todo intento de ingresar al bloque 31.
Vemos que el proceso que Petrobrás lleva adelante carece de 1. Un estudio adecuado de impacto social que haya sido hecho por una institución independiente 2. Absoluta falta de análisis transparente y serio sobre la situación y derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. 3. Falta de respeto hacia las leyes y constitución ya que no se ha diseñado un plan que verdaderamente tome en cuenta la noción de desarrollo sustentable (o sea que exista preocupación genuina por el desarrollo de la presente y futuras generaciones). Al contrario, parecería que la noción de desarrollo sustentable se usa como un elemento de retórica en lugar de aplicarla como lo que es: Un mandato constitucional.
Un proceso serio de consulta debe incluir consentimiento informado de la ONHAE y distintas comunidades waorani. Además debe existir un proceso cuidadoso para consultar a organizaciones indígenas en niveles más altos de organización (por ejemplo la CONAIE) y en general a la sociedad ecuatoriana. Todo esto está claramente regulado en la Constitución y otros cuerpos legales. Sin embargo no se respeta. Por lo tanto Petrobrás no ha llevado adelante un proyecto que cumpla con lo que manda la ley y permitir que esto continúe sería un acto de complicidad.
Es importante enfatizar la situación de olvido que los pueblos aislados viven en el Yasuní. Tan grave es la situación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado otorgando medidas cautelares a favor de los pueblos Taromenani y Tagaeri. No olvidemos también los intereses que han llevado a graves situaciones de violencia en la zona de Tiguino y la falta de interés de la fuerza pública (policía y ejército) y la fiscalía para impedir que se den nuevos hechos de violencia o incluso una masacre como la ocurrida en el año 2003. Dadas estas circunstancias sería completamente irresponsable permitir que otra petrolera ingrese al territorio de los pueblos ocultos sin que exista ninguna garantía de respeto de la ley o garantía alguna de que la fuerza pública y el poder judicial trabajarán en defensa de la población local.
En esto hay que ser enfáticos: Desde hace 30 o más años el Estado Ecuatoriano cierra los ojos ante la situación de los pueblos en aislamiento voluntario. Dadas estas circunstancias es necesario primero corregir errores antes de lanzarse nuevamente a una aventura en el interior de la selva. Mucho de este descuido sistemático ha sido documentado ampliamente por Miguel Angel Cabodevilla (2004) entre otros investigadores. Invitamos a su gobierno a revisar tal información antes de que se cometa nuevamente un error y una injusticia gravísima.
Sugerimos, ya que Petrobrás es parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, que se invite a observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas para que visiten y realicen un estudio serio de la situación. Otra opción es que vengan miembros de la CIDH para que estudien la situación y de manera más objetiva opinen sobre lo que sucede.
Tampoco se debe olvidar que este gobierno ha sido advertido sobre los riesgos de realizar explotación petrolera en el área del río Nashiño. Por ejemplo al director de la DINAPA (Manuel Muñoz) se le ha advertido sobre los riesgos de un derrame de petróleo en esta área ya que los pueblos aislados no pueden ser contactados y advertidos sobre peligros si se da un accidente o un derrame. Sin embargo, hasta donde conocemos, nada se ha hecho para desarrollar un plan de contingencia (si es que tal cosa fuera posible). Más aún, la Veeduría para la Protección de los Pueblos Aislados del Yasuní está conciente de que existe personal de Petroecuador que considera prioritaria la explotación petrolera frente a la posibilidad de que los pueblos aislados corran peligros. Se subyugan derechos sociales, el derecho a la vida y la dignidad humana a intereses económicos.
Todo esto dentro de un marco de falta de respeto al mandato constitucional sobre desarrollo sustentable. Un programa de desarrollo sustentable debería incluir planes de inversiones que garanticen a la presente y futuras generaciones un ingreso que será usado para satisfacer necesidades básicas de educación y salud de la presente y futuras generaciones. Sin embargo, frente al auge petrolero sólo vemos un notable incremento en el gasto del Estado. Esto es, se promueve el derroche de la presente generación, se dilapida la riqueza que debería servir también a las futuras generaciones. Más aún, hasta donde conocemos no se han establecidos mecanismos para procesos de indemnización a favor de los pueblos aislados. Tampoco existe, hasta donde conocemos una estimación de costos ambientales y sociales del proyecto. Mientras tanto el pueblo waorani aparentemente recibe educación de bachillerato que en la realidad no supera el nivel de la escuela primaria.
Antes de proceder con este proyecto, si verdaderamente existe preocupación por la situación es vital un análisis mucho más serio de todo el contexto y una decisión que realmente beneficie a quienes se hallan en situación más precaria.
Fernando Ponce Villacís
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