Quito, 1 de septiembre de 2006
Las recientes declaraciones del comandante del Puesto Avanzado de Operaciones de Estados Unidos en la Base Aérea Ecuatoriana de Manta, teniente coronel Javier Delucca, desde la Embajada estadounidense en Bogotá, ratifican las denuncias que distintos organismos nacionales hemos realizado desde el 12 de noviembre de 1999, cuando inconstitucionalmente se entregó la Base Aérea Eloy Alfaro y el complejo militar aledaño a los Estados Unidos; y expresan, de forma clara y transparente, el verdadero objetivo de ese país para involucrar al Ecuador en el fracasado Plan Colombia.
Las declaraciones de Delucca se suman a las denuncias de las actividades de la empresa mercenaria Dyncorp y la contratación de mercenarios por parte de EPI Security & Investigators, que operaba en Manta, la primera como empresa contratada por los militares estadounidenses, y la otra al mando de un funcionario de Dyncorp, el ex bombero Jeffrey Shippy.
Esta ratificación, realizada por los propios funcionarios estadounidenses, deja además al descubierto la traición a nuestra soberanía en la que, sus distintos voceros criollos, con Jamil Mahuad a la cabeza, Benjamín Ortiz, Heinz Moeller y tantos otros, han incurrido en contra del Ecuador. No queda nada más que argumentar. A confesión de partes, relevo de pruebas.
Solo resta ahora recordar que también la DYNCORP está encargada de la fumigación y vigilancia de la frontera norte, en donde reiteradamente se producen "incidentes" que apuntan a involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano, como el caso de los morteros disparados a Puerto Nuevo.
Ahora ya no bastan solamente notas de protesta; se hace necesario adelantar una posición de dignidad y de defensa a la soberanía de la Patria y denunciar el ignominioso convenio para impedir su renovación, el que debe decidirse máximo hasta noviembre del 2008, no solamente por atentar contra nuestra integridad territorial, nuestra soberanía y nuestra Constitución, sino porque además, ha sido violado por una de las partes.
El Ecuador y sus autoridades tienen en sus manos los argumentos necesarios para impedir la renovación, de no hacerlo estaríamos aceptando la implicación del país en el Plan Colombia y en un conflicto regional.
La historia y el país juzgarán a quienes traicionen los intereses nacionales.
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