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Crece el apoyo internacional con los campesinos de Intag afectados por las transnacionales mineras

Comunidades del Valle de Intag

Quito, 17 de julio de 2006

El respaldo internacional a los campesinos y campesinas del Valle de Intag, provincia de Imbabura, sigue creciendo. Más de veinte organizaciones internacionales, incluyendo a Amigos de La Tierra Canadá, Cultural Survival y Earthrights International enviaron cartas al Presidente de la República, Alfredo Palacio. La misiva expresa su preocupación por la situación de las comunidades que han decidido preservar sus tierras mientras la minera canadiense Ascendant Copper pretende abrir una mina a cielo abierto, con graves impactos ambientales.

Según la carta las organizaciones se encuentran preocupadas por:

Las amenazas que el proyecto minero Junín representa a los derechos humanos sobre el acceso a la alimentación, agua, vivienda y la salud, así como a la seguridad de las personas que defienden estos derechos. Adicionalmente, estamos preocupados que las acciones de la empresa están socavando las decisiones tomadas por los representantes electos de entidades locales y regionales.

En su comunicación las organizaciones solicitan al Presidente de la República que:

Su gobierno investigue las denuncias procediendo de la zona de Intag, sus residentes, y algunas de las organizaciones de derechos humanos basadas en Quito, relacionadas al comportamiento de la empresa y sus contratistas, incluyendo Daimi Services. También le pedimos que, dada la oposición al proyecto minero de parte de las democráticamente electas entidades locales y regionales que considere revocar cualquier licencia otorgada a la empresa.

Las comunidades de Intag, Cantón Cotacachi, exigen la revocación de las concesiones de la Ascendant Copper: debido a los grandes impactos ambientales y sociales que provocará la mina, porque se estima que al menos seis comunidades serían desalojadas, porque la compañía y/o sus agentes han violado normas y leyes nacionales y cometido serias violaciones de los derechos humanos de los moradores de la zona, incluyendo amenazas de muerte, agresión física, y juicios legales (la empresa ha presentado juicios en contra de 10 moradores de la zona).

El 20 de mayo de este año, el conjunto de las Juntas Parroquiales Rurales del Valle de Intag realizó una asamblea en la plaza central del pueblo de García Moreno. La asamblea demandó la salida inmediata de la zona de la empresa canadiense, y resolvió no permitir: el ingreso de ésta y ninguna empresa minera al territorio de Intag.

Gerard Coffey, Coordinación Prensa


Proyecto Minero Junín (Ascendant Copper Corporation): Preocupación sobre la situación de los derechos humanos

17 de Julio de 2006

Doctor Alfredo Palacio
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Plaza de la Independencia,
Quito, Ecuador

Estimado Señor Presidente,

Las organizaciones internacionales firmantes del presente documento, nos encontramos muy preocupadas sobre la situación de los derechos humanos en la región de Intag, provincia de Imbabura, con relación a la presencia de la empresa minera Ascendant Copper Corporation.

Estamos excepcionalmente preocupados con las amenazas que el proyecto minero Junín representa a los derechos humanos sobre el acceso a la alimentación, agua, vivienda y la salud, como así a la seguridad de las personas que defienden estos derechos. Adicionalmente, estamos preocupados que las acciones de la empresa están socavando las decisiones tomadas por los representantes electos de entidades locales y regionales.

Señor Presidente, Ecuador ha ratificado el Convenio Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), al igual que otros documentos de derechos humanos que le obligan al Ecuador proteger los mencionados derechos. Por tanto, le urgimos asegurar que las actividades de la Ascendant Copper Corporation cumplan con estándares internacionales de derechos humanos. Le solicitamos que su gobierno investigue las denuncias procediendo de la zona de Intag, sus residentes, y algunas de las organizaciones de derechos humanos basadas en Quito, relacionadas al comportamiento de la empresa y sus contratistas, incluyendo Daimi Services. También le pedimos que, dada la oposición al proyecto minero de parte de las democráticamente electas entidades locales y regionales que considere revocar cualquier licencia otorgada a la empresa. En cualquier caso, le urgimos tomar medidas preventivas para evitar violaciones a los derechos humanos sobre el agua, alimentación, vivienda y salud.

El Informe de la Agencia Internacional Japonesa para la Cooperación (JICA) de 1996, pronosticó que cuatro comunidades, y más de cien familias tendrían que ser reubicadas para acomodar la mina a tajo abierto de cobre. El área actualmente bajo discusión para la mina es sustancialmente más amplia, lo que implica que el impacto a la población será aún más grande que lo que se pronosticó en 1996. La reubicación forzada constituye una gran perturbación al derecho a la vivienda, y presenta una severa amenaza al derecho a la alimentación de aquellas familias que pierden el derecho a recursos productivos. Por tanto, estamos profundamente preocupados sobre cualquier acto que pueda resultar en la reubicación de estas familias en contra de sus voluntades.

El Informe de la JICA pronosticó la contaminación de ríos y quebradas con plomo, arsénico y otros metales pesados, al igual que una "masiva deforestación", lo suficientemente grave como para secar el clima de Intag e impactar a decenas de especies de mamíferos y aves actualmente en peligro de extinción. El Informe también menciona impactos a la biodiversa Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Adicionalmente, la zona de Intag es extremadamente rica en el recurso agua, el cual también se encuentra amenazada por el proyecto minero. Como miembro signatario del Convenio Internacional Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el gobierno del Ecuador debe actuar de acuerdo a los siguientes principios:

Antes de que un estado miembro, o cualquier tercero, tome una acción que interfiera con los derechos individuales sobre el recurso agua, las autoridades pertinentes deben asegurar que dichas acciones se realicen de acuerdo a las leyes, que sean compatibles con el Convenio, y que circunscriba:

  1. Oportunidad para una genuina consulta con los afectados.
  2. Divulgación oportuna y completa de las medidas propuestas.
  3. Aviso razonable de las medidas propuestas.
  4. Acceso a remedios legales para las personas afectadas.
  5. Asistencia jurídica para obtener los remedios legales.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights "General Comment" #15. The Right to Water (arts. 11 and 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), 2002.

Le urgimos asegurar que estos principios, que hasta ahora han sido ignorados, sean implementados en el proyecto Junín por las autoridades estatales fiscalizadoras pertinentes.

Hemos recibido información que diez residentes locales enfrentan imputaciones criminales por haber tomado medidas para proteger los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto. A pesar de no condonar actividades criminales de cualquier índole, entendemos que estas fueron medidas que las comunidades sentían eran necesarias tomar para defender su modo de vida y sus tierras, y que tales medidas jamás habrían sido tomadas si el derecho de las comunidades a ser previamente consultadas y a participar democráticamente en procesos de toma de decisiones, hubiera sido reconocido. Estamos muy preocupados que las personas que laboran para defender los derechos de las comunidades sean debidamente procesadas por la ley, y que su seguridad personal sea asegurada.

Representantes de algunas de nuestras organizaciones han visitado la zona de Intag y han sido testigos de los conflictos sociales generados por la presencia de la empresa minera, y han recibido información sobre los métodos de intimidación utilizados por la empresa para intentar de implementar un proyecto minero al cual la mayoría de los residentes de Intag claramente se oponen. Conocemos que en Mayo del 2006, todos los gobiernos locales de Intag públicamente le pidieron a la empresa minera que abandone Intag, sin embargo, es claro que desde este fecha la empresa ha optado ignorar los deseos de estas autoridades locales electas. También merece mención que durante años el Gobierno Cantonal de Cotacachi ha adoptado, y públicamente manifestado, la misma posición relacionada al proyecto minero. Dada la oposición al proyecto minero por parte de entidades locales y regionales democráticamente electas, la intimidación de residentes locales, el amplio impacto a la población local, la salud humana y en el ambiente humano y natural, y en el desarrollo de toda la región, le pedimos que revoque todas las licencias que se le han otorgado a la empresa.

Para cerrar, le deseamos agradecerle anticipadamente por tomar las acciones para proteger todos los derechos humanos (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales) al igual que los derechos ambientales en la zona de Intag. Por favor, manténganos informados de cualquier medida que tome relacionado a este aspecto.

Sinceramente,

Organizaciones firmantes

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