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¡No más militares al servicio de las petroleras!

Colectivo Pro Derechos Humanos en Ecuador (PRODH)

Quito, 7 de julio de 2006

La reciente represión y detención de campesinos en zonas petroleras por parte de elementos de las fuerzas de seguridad del Estado -Fueras Armadas y Policía Nacional- cuestiona nuevamente el papel de estas instituciones en lo referente a la así llamada seguridad petrolera.El petróleo es un recurso estratégico y la principal fuente de ingresos del país y por lo tanto, sus instalaciones y personal deben contar con una adecuada seguridad. Pero de esto, a la represión pura y dura, y a las detenciones ilegales, hay una gran distancia.

Con el pretexto de recurso estratégico, las empresas petroleras transnacionales han logrado del gobierno que elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se desempeñen como si fueran guardias de seguridad privados. Se trata de personal que sigue órdenes e instrucciones de la empresa como si fueran empleados de estas compañías.

En el caso sucedido recientemente, una protesta justa y pacífica por parte de campesinos frente a las instalaciones de le empresa PERENCO, en el campo Coca-Payamino, la protesta pacífica fue reprimida por policías y militares. Durante los hechos se detuvo al activista de Derechos Humanos, Wilman Jiménez, quien fue herido con balas de goma, a pesar de lo cual fue llevado a un calabozo militar, sin importar su estado de salud.

Los campesinos solamente pedían a la empresa el cumplimiento de un acuerdo ya firmado y aceptado por PERENCO: enterrar una tubería expuesta, cuya temperatura de más de 100 grados había provocado quemaduras y otras heridas en varios hijos de los campesinos, así como la muerte de animales propiedad de los campesinos.

Debido al incumplimiento del acuerdo, varios campesinos del sector se acercaron al campamento de la empresa para solicitar un diálogo con los personeros de la misma, lo cual fue rechazado por las autoridades de PERENCO, quienes argumentaban que no lo hacían por no disponer de las garantías necesarias. Esto, a pesar de contar con resguardo militar.

Los campesinos insistieron que los militares estaban presentes y que por lo tanto sí había la seguridad necesaria y que además ellos no eran delincuentes. Simplemente querían que la empresa cumpla con lo que se había comprometido ya que no querían tener más niños quemados, ni animales domésticos muertos.

A los pocos minutos, llegó un helicóptero con personal militar y empezó a desalojar por la fuerza a los campesinos. Wilman Jiménez comenzó a filmar el desalojo por la fuerza, ante lo cual recibió 6 impactos de balas de goma. Luego, junto con Antonio Cango, fueron apresado por la Policía y detenido en las instalaciones de PERENCO. Las policías y militares incautaron su cámara filmadora.

Debido a las heridas sufridas, finalmente, Jiménez fue llevado al hospital de Orellana. Posteriormente fue trasladado a un cuartel de Policía, luego a la Brigada 19 Napo, y definitivamente fue encerrado en el Fuerte Amazonas de Shell Mera. Ahí se le comunicó que estaba preso por organizar disturbios. Elementos militares le hostigaron, intimidaron con sus armas, le colocaron en el polígono de tiro, le alumbraron con linternas durante la noche. Al cabo de 15 días de detención, fue excarcelado.

Wilman Jiménez permaneció detenido ilegalmente en un recinto militar siendo civil. Además sufrió varios atropellos contra su integridad física y psíquica. En fin, los Derechos Humanos de este ciudadano fueron gravemente violados.

¿Es acaso rol de las fuerzas de seguridad del Estado el de hacer de empleados de seguridad de las empresas petroleras transnacionales y en este rol, reprimir implacablemente a los campesinos pobres del Oriente a quienes más bien deberían proteger y asegurar su vida y su dignidad?

¿No tienen acaso los campesinos el derecho a reclamar contra un peligro que afecta la salud y la vida de sus hijos cómo es el caso de la tubería hirviente junto a la carretera?

¿Por qué la única respuesta del gobierno, ante este justo reclamo, es la utilización de la represión a través de la fuerza pública, llámese esta Policía o Fuerzas Armadas?

Exigimos, y seguiremos exigiendo -hasta que se haga efectivo-, un pronunciamiento del gobierno y del Ministro de Defensa, responsables principales de velar por el respeto pleno a los derechos de los ciudadanos y de los pueblos.

 

¡No más militares al servicio de las petroleras!

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