Ginebra, 7 de julio de 2006
Caso ECU 070706.ESCR
Violento desalojo / destrucción de viviendas / preocupación por integridad física y psicológica de las personas desalojadas
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Ecuador.
El Secretariado Internacional de la OMCT manifiesta su preocupación por la actual y futura situación de cerca de 120 familias campesinas, que fueron víctimas de un violento desalojo en hechos ocurridos en La Yuca, en el Cantón de Palenque.
De acuerdo con la información, existe seria preocupación por la situación general, en particular por la seguridad y la integridad física y psicológica de las familias que fueron desalojadas de manera violenta el 18 de junio de 2006, en medio de una masiva operación policial en el Cantón de Palenque. Ese día, la policía obligó a hombres, mujeres y niños a abandonar sus viviendas y a que se suspendieran abruptamente las clases en la escuela del recinto La Yuca, en Palenque y en Los Ríos, en donde la policía también obligó a decenas de niños a desalojar las aulas. Además, según las denuncias, al menos 12 viviendas incluyendo la escuela habrían sido destruidas.
Según las informaciones, las tierras en disputa involucran a decenas de familias asentadas en La Yuca, Artillería, Los Mosquitos, La Victoria, Aguacatal y otros recintos. Actualmente unas 120 familias residen en la Yuca y poseen el título de propiedad de las tierras otorgado por el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) además de que pagan los respectivos impuestos en el municipio de Palenque. Según las informaciones, la orden del desalojo fue dada por el intendente de Policía, Mario del Rosario Moreno, luego de que, según el gobernador de Los Ríos, Néstor Orlando Coello, la orden fuera emitida por el director del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), Carlos Aguirre.
Los terrenos en litigio son reclamados por los herederos de Apellido Pimentel Delgado, quienes han estado reclamando esas tierras, con el argumento que son una herencia de sus ancestros. Sin embargo, las familias desalojadas tienen escrituras otorgadas por el desaparecido IERAC, instituto que ahora fue remplazada por el INDA, el cual no reconoce los documentos anteriores sobre esas tierras.
De acuerdo con las informaciones, durante el desalojo la policía utilizó excavadoras para destruir las viviendas, tanquetas antidisturbios y también, bombas lacrimógenas para impedir cualquier concentración de los moradores. Además, no se permitió la entrada de personas, defensores o abogados que pudieran ser testigos de estas actuaciones policiales.
Entre los damnificados con esta violenta acción policial, propietarios de las casas destruidas, habitantes cuyos enseres fueron saqueados y/o destruidos, además de ser obligados a desalojar los terrenos se encuentran las siguientes personas:
La OMCT manifiesta su preocupación frente a esta situación y al hecho de que más de un centenar de familias puedan quedarse desalojadas, sin vivienda, sin tierra para el trabajo, sin bienes y sin poder escolarizar a los niños, los cuales no deben ser privados de su escuela.
De igual manera, la OMCT recuerda que en muchos casos similares se han prometido y/o encontrado soluciones a estos problemas, las cuales después de un tiempo han sido olvidadas por las autoridades, dejando sin recursos a una población de campesinos, lo cual les significa peores condiciones de pobreza.
La presente expulsión de los campesinos de La Yuca, se debe a un conflicto de tierras que se inició hace nueve años cuando el IERAC fue sustituido por el INDA, el cual legalizó a favor de los herederos Pimentel y de la Sra. Martha Delgado Coello Vda. de Pimentel, una extensión de 4.600 hectáreas de tierra que corresponde a los recintos La Yuca, Artillería de Arriba, Artillería de Abajo, Pampas de Arriba, Pampas de Maculillo, Bombón, La Delia, parte de Los Mosquitos, y otros lugares cuyos moradores se encuentran en la misma situación que los de La Yuca.
Según los agricultores esas tierras fueron denunciadas anteriormente ante el IERAC y ahora ante el INDA y les fueron adjudicadas en Quito. Los campesinos pagaron por ellas al banco y obtuvieron las escrituras que les han servido por años para la obtención de créditos con el Banco Nacional de Fomento.
En medio de otro caso de violencia, el 16 de septiembre del 2005 se realizó otro desalojo en La Yuca, lanzado por el jefe de Policía, Mario del Rosario, quien en esa ocasión manifestó que cumplía una orden emanada por el INDA [1]. En esa ocasión, 13 casas y la escuela comunitaria "18 de junio", legalizada en el Ministerio de Educación y en donde estaban estudiando cincuenta y dos niños, fueron destruidas.
El Secretariado Internacional de la OMCT recuerda que a la luz de los instrumentos internacionales de derechos humanos, el desalojo arriba denunciado viola el derecho humano de los habitantes a una vivienda adecuada: el derecho de toda mujer, hombre y niño a tener y mantener un lugar seguro donde vivir en paz y dignidad, en particular en este caso se han violado específicamente las obligaciones que surgen del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ratificado por Ecuador. Además, las demoliciones de viviendas representan una grave violación de los derechos humanos, a ese respecto, el Comité contra la Tortura (CAT) considera que la demolición de una vivienda puede constituir un trato o castigo cruel, inhumano y degradante.
La OMCT recuerda que, según el comentario general N° 7 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de las Naciones Unidas (CDESC) el término desalojos forzosos se define como el hecho de hacer salir a las personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.
A este respecto, el CDESC recuerda que los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. En este caso, el Estado parte deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda. Por tanto, la OMCT recomienda al gobierno ecuatoriano adoptar las medidas necesarias para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo ...el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados , y también el derecho de toda persona a la educación, el derecho a trabajar y el derecho a cubrimiento en salud
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El Secretariado Internacional de la OMCT por lo tanto urge al Gobierno ecuatoriano a que tome todas medidas necesarias para garantizar las condiciones mínimas de seguridad y de respeto de la integridad física y psicológica de las víctimas de este desalojo así como para garantizarles el rápido retorno y el derecho a una vivienda digna.
Favor escribir a las autoridades del Ecuador para urgirlas a:
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de Ecuador en sus respectivos países.
Favor informarnos sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
Secretariado Internacional OMCT
[+info]
http://www.omct.org
:: http://www.llacta.org ::
