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Caso Wilman Jiménez. Alertas de Amnistía Internacional y del Observatorio Internacional de DDHH

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH)

Quito, 29 de junio de 2006

Actualización Caso Jiménez

Wilman Jiménez es juzgado por corte militar

La detención

El 19 de junio de 2006, hacia las 12 del día, los efectivos policiales detuvieron al señor Wilman Jiménez Salazar, defensor de derechos humanos, miembro de la Red de Derechos Humanos de Orellana, la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre y del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos en el Ecuador (INREDH-HIVOS).

Wilman Jiménez fue detenido mientras ejercía sus funciones como observador de derechos humanos en la paralización que protagonizaran las comunidades 15 de Abril, Payamino y Punino (Provincia de Orellana – Amazonía norte), para presionar a la compañía petrolera francesa PERENCO para que cumpla con los estándares de seguridad ambiental en la zona, ya que se han registrado diversos hechos que violentan los derechos de las comunidades mencionadas.

Las fuerzas militares decidieron desalojar a los campesinos con bombas lacrimógenas y disparos de balas de goma. El Sr. Wilman Adolfo Jiménez Salazar fue herido en una pierna, en el abdomen y en un brazo por el impacto de seis balas de goma.

Luego de ser tratado de sus heridas en Hospital Civil de Orellana, fue trasladado a las dependencias de la Policía Judicial de Orellana y posteriormente a la Brigada de Selva 16 Napo. Durante este tiempo se lo mantuvo incomunicado y a varios miembros de las redes de derechos humanos se les negó información sobre su paradero y sus condiciones de salud, por lo que se lo consideró desaparecido.

La alcaldesa de El Coca, Anita Rivas, dispuso la libertad de Wilman Jiménez a través del recurso de Habeas Corpus, sin embargo esta disposición fue desacatada por las autoridades policiales y militares.

El general Gonzalo Meza, comandante del IV Distrito Militar, negó que Wilman Jiménez esté desaparecido e informó que ha sido puesto a las órdenes de la Corte Militar de Shell Mera (Provincia de Pastaza – Amazonía Sur) y que será juzgado por daños a la propiedad privada, sabotaje y terrorismo.

El juicio en la corte militar

Cabe destacar que los denominados "estados de emergencia" no pueden privar de las garantías constitucionales o distraer de sus jueces naturales a persona alguna. El proceso judicial al que se ha sometido a Wilman Jiménez presenta graves irregularidades y viola los Artículos 93 y 24 de la Constitución Política de la República del Ecuador; los Artículos 8 y 25 de la Convención Americana de DD.HH.; y el Artículo 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores de DD.HH.

El General Meza defiende la competencia de la corte militar respaldándose en el estado de emergencia que rige en las instalaciones petroleras y en la Ley de Seguridad Nacional. Pese a que Wilman Jiménez fue detenido fuera de las instalaciones petroleras, debemos resaltar que, al respecto de la competencia militar para juzgar a civiles, también la Comisión Interamericana, en el Informe de Seguimiento sobre la Situación de los Derechos Humanos en Ecuador, 1999, párrafo 48, considera que "las normas de la Ley de Seguridad Nacional son especialmente incompatibles y violatorias de la Convención Americana, en cuanto significan suspensión de aquellos derechos inderogables en toda circunstancia, como son las garantías judiciales consagradas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Esto en cuanto, al conferirse jurisdicción inmediata a la justicia penal militar para una gran cantidad de situaciones en donde hay civiles involucrados, se afecta el derecho a ser juzgado por tribunales con independencia e imparcialidad, toda vez que las fuerzas armadas pasan a cumplir un doble rol, por un lado, son actores activos durante el estado de emergencia y por el otro lado, los tribunales militares pasan a ejercer justicia sobre hechos que no son propios de la función militar y que afectan a civiles".

Por otra parte, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación al Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, párrafo 128, afirmó que: "la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias (...) la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia"

Pese a los principios constitucionales y resoluciones internacionales, la Corte Militar de Shell Mera inició un juicio en contra de Wilman Jiménez y legalizó su detención.

Estado del caso

La abogada Nieve Solórzano, de INREDH, y el abogado Pablo Fajardo, de la Red de Derechos Humanos de Orellana, se trasladaron a la Corte Militar de Shell Mera para impugnar la competencia de esta corte y defender los derechos de Wilman Jiménez.

Inicialmente el equipo jurídico fue impedido de ingresar a la Corte para ejercer la defensa, sin embargo la presión de activistas de Acción Ecológica y la Red de Derechos Humanos de Orellana, quienes también habían viajado a Shell Mera, posibilitaron el ingreso del equipo jurídico y el contacto con Wilman Jiménez.

Paralelamente, las autoridades, comunidades y organizaciones sociales de la provincia de Orellana iniciaron una serie de protestas por la detención de Wilman Jiménez y exigen su libertad.

Ante la presión ejercida por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos nacionales e internacionales, la Corte Militar manifestó su disposición de conceder la libertad de Wilman Jiménez otorgándole una fianza simbólica.

Wilman Jiménez, en una actitud valiente y democrática manifestó que no desea salir de la prisión militar bajo fianza porque eso significa reconocer la competencia de la corte militar sobre civiles. "Me quedaré detenido el tiempo que sea, pero de aquí saldré libre, con la frente en alto y con la seguridad de que una corte militar no podrá seguir juzgando a más civiles", manifestó Wilman al equipo jurídico que lo representa y a todas las organizaciones que lo han respaldado.

La decisión de Wilman también se lo ha dado a conocer a la corte. En la primera audiencia Wilman Jiménez manifestó: "Desconozco la competencia de esta corte". Dicho lo cual no ha vuelto a realizar ninguna declaración, de esta manera Wilman asumió el reto de no hablar ni defenderse en una corte militar.

Al día de hoy, jueves 29 de junio de 2006, Wilman Jiménez cumple 11 días de detención, la provincia de Orellana se encuentra paralizada exigiendo la libertad del activista de derechos humanos, se han producido nuevos enfrentamientos entre la población y las fuerzas armadas, provocando heridas en tres personas.

Las autoridades de Orellana y representantes de las comunidades indígenas y campesinas presentaron en el Tribunal Penal de El Coca, un juicio de competencia, a fin de que un juez civil exija la competencia en el caso de Wilman Jiménez y sea retornado a su lugar de origen y vuelva a órdenes de su juez natural.

De acuerdo a las informaciones de nuestro equipo jurídico, la corte militar estaría dispuesta a declinar su competencia, sin embargo, Wilman ha sido muy enfático: "No salgo de aquí mientras no exista una resolución formal y firmada en la que la corte militar declina su competencia".

En el caso de Wilman Jiménez está en juego los derechos de todas las personas de Orellana y él ha optado por arriesgar su libertad por esta causa. Wilman Jiménez ha demostrado ser un activista con una firme convicción democrática, ha demostrado que la Red de Derechos Humanos de Orellana y la Red de Líderes Comunitarios Ángel Shingre están constituidas por personas con una firme voluntad para defender los derechos humanos de las comunidades, y sabrán enfrentar todos los procesos de hostigamiento que han implementado las fuerzas armadas y las compañías petroleras para hacerlos desistir de su mandato.

Solicitud

En esta lucha, es necesario también resaltar el compromiso de Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Católica, los diputados indígenas del Congreso Nacional y un sinnúmero de organizaciones que han expresado su solidaridad, al igual que los pronunciamientos de Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, entre otros.

Ahora tenemos dos objetivos, primero, lograr que la corte militar decline su competencia y, segundo, demostrar la inocencia de Wilman Jiménez, en un juzgado civil. Para lograr el primer objetivo les solicitamos insistir en sus llamadas telefónicas y enviar cartas solicitando la declinación de la competencia de cortes militares sobre personas civiles. Llamen y envíen cartas a las siguientes direcciones:

Gral. Oswaldo Jarrín Román, Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa Nacional
La Exposición 208, (La Recoleta).
Quito, Ecuador
Fax: + 593 2 2580 431 (si responde una voz, digan: "Tono de fax, por favor")
Gral. Gonzalo Meza, Comandante de la 4º División Regional Amazónica
Fuerte Militar Napo
Ciudad Francisco de Orellana, Provincia Francisco de Orellana, Ecuador
Fax: + 593 6 288 1291 / 288 0534 (si responde una voz, digan: "Tono de fax, por favor")
Gral. Robert Tandazo, Jefe de comando conjunto de las FFAA y comandante general de la fuerza terrestre
Exposicion 208 y Avenida Maldonado. Parque La Recoleta, Complejo Ministerial
Quito, Ecuador
PBX (2) 2570999 / (2) 2583731
Coronel Patricio Ochoa Ullauri, Comandante de la Brigada de Selva Nº 17 – Pastaza
Comandancia de la Brigada de Selva Nº 17
Av. Padre Luis Jacome s/n, Shell, Provincia Pastaza, Ecuador
Fax: + 593 3 279 5045 (si responde una voz, digan: "Tono de fax, por favor")
Coronel Patricio Ochoa, Comandante Brigada de selva 17 – Pastaza
Coronel Francisco Carrillo, Comandante Brigada de selva 19 – Napo
General José Vinueza, Comandante General de Policía

¡Libertad para Wilman Jiménez!

¡Cortes Militares nunca más enjuiciando a civiles!

Luis Ángel Saavedra


Amnistía Internacional (AU 176/06): Detención en régimen de incomunicación / 23 de junio de 2006

Índice AI: AMR 28/006/2006

Ecuador: Wilman Adolfo Jiménez Salazar, miembro del Comité de Derechos Humanos de Orellana

Wilman Adolfo Jiménez Salazar, defensor de los derechos humanos y posible preso de conciencia, fue detenido mientras participaba como observador en una manifestación en Payamino, provincia de Orellana, en el este de Ecuador, el 19 de junio. Según los informes, le dispararon seis balas de goma después de que la Policía Nacional de Ecuador disolviera la manifestación y, según los informes, permanece recluido en régimen de incomunicación. Amnistía Internacional teme seriamente por su bienestar.

El 19 de junio, las comunidades campesinas de Payamino protestaron contra el impacto medioambiental que las operaciones de una empresa petrolera tienen en su comunidad. La policía y el ejército, según los informes, utilizaron gas lacrimógeno y balas de goma para disolver la manifestación. Wilman Jiménez Salazar, que es miembro del Comité de Derechos Humanos de Orellana, y otro hombre resultaron heridos a consecuencia de la actuación policial, según indican los informes.

La policía llevó a Wilman Jiménez Salazar al Hospital Público de Coca, en la provincia de Orellana, para que recibiera tratamiento médico por sus lesiones antes de llevarlo a la comisaría de la policía judicial de Coca. Otro hombre que había sido detenido al mismo tiempo que él fue puesto en libertad. Unos compañeros de Wilman Jiménez Salazar, también defensores de los derechos humanos, fueron a ver a éste a la comisaría el 19 de junio, y allí les entregaron la cámara de Wilman y otros objetos personales. Sin embargo, cuando regresaron a la comisaría de la policía judicial ese mismo día y pidieron ver a Wilman Jiménez les dijeron que no estaba allí. Según los informes, lo habían trasladado a una brigada militar en la provincia de Pastaza.

Ese mismo día se presentó un recurso de hábeas corpus en favor de Wilman Jiménez Salazar. Aunque las autoridades admitieron dicho recurso, los informes indican que no se ha permitido a nadie visitar a Wilman. El 21 de julio, el fiscal de distrito de Sucumbíos ordenó que se practicara un examen médico a Wilman Jiménez Salazar. Sin embargo, según los informes, hasta el momento no se ha permitido que ningún médico visite al detenido. Amnistía Internacional consideraría adoptar a Wilman Jiménez Salazar como preso de conciencia.

Información complementaria

En marzo de 2006 se decretó el estado de emergencia en las provincias ecuatorianas de Orellana, Napo y Sucumbios, por el cual se suspende el derecho a la libertad de expresión, circulación y asociación.

La práctica de detener a personas en régimen de incomunicación ha sido condenada por diversos órganos de derechos humanos, entre ellos el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, como una violación de derechos humanos que puede conducir a otras violaciones tales como tortura, malos tratos o interrogatorios sin las salvaguardias del proceso debido. En 2002, el relator especial sobre la cuestión de la tortura manifestó que "[l]a tortura se practica con mayor frecuencia durante la incomunicación. Debería establecerse la ilegalidad de la incomunicación y ponerse en libertad sin dilación a los incomunicados" (E/CN.4/2003/68, párrafo 26.g, 17 de diciembre de 2002).

Amnistía Internacional considera que el gobierno de Ecuador debe garantizar que la detención en régimen de incomunicación no se convierte en una oportunidad para infligir tortura o malos tratos a detenidos. Es fundamental que todos los detenidos comparezcan ante una autoridad judicial sin demora después de ser puestos bajo custodia y que sus familiares, abogados y médicos tengan acceso inmediato y periódico a ellos, y asimismo es fundamental que se garantice que un representante del Ministerio Público está presente durante los interrogatorios. La detención prolongada en régimen de incomunicación o de aislamiento puede constituir en sí una forma de trato cruel, inhumano o degradante.

Acciones recomendadas:

Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:


Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Campaña por la aparición con vida del detenido William Jiménez, defensor de Derechos Humanos de Ecuador apresado en Coca (Orellana) el pasado 19 de junio

ECU 002 / 0606 / OBS 082

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Ecuador.

Descripción de la situación

El Observatorio ha recibido informaciones de fuentes fiables acerca del uso excesivo de la fuerza policial y de la detención arbitraria del Sr. WILMAN ADOLFO JIMÉNEZ SALAZAR, Miembro del Programa de Protección a Defensores de Derechos Humanos de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), programa auspiciado por el Instituto Humanista para la Cooperación con Países en Desarrollo (HIVOS), y miembro del Comité de Derechos Humanos de Orellana y de la Red de Líderes Comunitarios 'Ángel Shingre', en la Estación Coca-Payamino, en la provincia amazónica de Orellana, la cual se encuentra en Estado de Emergencia desde el Decreto expedido por el Gobierno el 5 de mayo de 2006, con el fin de proteger las instalaciones petroleras.

De acuerdo con las informaciones, el 19 de junio de 2006, hacia las 12 del día, los efectivos militares y policiales decidieron desalojar a los campesinos con bombas lacrimógenas y disparos de balas de goma. El Sr. Wilman Adolfo Jiménez Salazar quien se encontraba en la zona en ese momento como Observador de Derechos Humanos, fue herido en una pierna, en el abdomen y en un brazo por el impacto de las balas de goma y fue detenido por las fuerzas policiales. Hasta las 16 horas del mismo día fue mantenido en las instalaciones de la compañía. Posteriormente fue conducido al Hospital Civil de Orellana y finalmente a la Policía Judicial de Orellana, ante la presencia de varios miembros del Programa de Defensores de Derechos Humanos de la INREDH, a los cuales les entregaron los objetos personales de Jiménez, pero a ellos no se les permitió entregar los medicamentos necesarios para la curación de sus heridas.

Según fuentes fiables, el Sr. Wilman Adolfo Jiménez Salazar fue mantenido incomunicado hasta la mañana siguiente. Posteriormente, en la noche del martes 20 de junio, fue trasladado a dependencias militares de la Brigada 19 de Selva Napo, bajo las órdenes del General Gonzalo Meza, comandante de la IV División del ejército "Amazonas". Ante tal situación, la Red de Derechos Humanos de El Coca no pudo llevar a cabo su pedido de Hábeas Corpus solicitando la liberación inmediata del Sr. Wilman Jiménez, ya que el General Gonzalo Mesa desconoció la mencionada garantía constitucional.

Según las informaciones, el 21 de junio el Dr. Joel Bustos, Fiscal del Distrito de Orellana habría ordenado que se realizara una revisión médica al Sr. Wilman Adolfo Jiménez Salazar, pero hasta el momento ningún médico ha sido autorizado para visitarlo.

El Observatorio señala que estos actos en contra del Sr. Wilman Adolfo Jiménez Salazar tienen lugar en el contexto de una campaña de difamación contra los defensores de derechos humanos y de represión violenta de la protesta social en Ecuador (ver Carta Abierta al Sr. Alfredo Palacio, Presidente del Ecuador, enviada el 12 de mayo de 2006). En efecto, según las informaciones, cuando el Comandante de la Defensa Civil de Napo, Sr. Alfredo Ponce y el delegado del municipio de Orellana, Sr. Marcos Baños, acudieron a la Brigada 19 de Selva Napo para informarse de la situación del Sr. Wilman Adolfo Jiménez Salazar, el General Gonzalo Meza dijo que: "los únicos responsables de esta situación son los defensores de derechos humanos ya que incitan a que la población se levante en contra de las compañías" (...) y que "estas personas prontamente serán sacadas de aquí".

Además, cuando el Sr. Ángel Álvarez, de la Red de Derechos Humanos de Orellana y miembro de Protección de Defensores de Derechos Humanos INREDH-HIVOS, intentó ingresar una denuncia de los hechos ante la Defensoría del Pueblo de Orellana, la Defensora, Dra. Susana Silva declaró que: "los defensores de derechos humanos molestaban mucho".

El Observatorio manifiesta su preocupación por la situación de inseguridad que sufren los defensores de derechos humanos en Ecuador, quienes frecuentemente son objeto de amenazas de muerte, de actos de acoso y de intimidación con el fin de presionarlos a que abandonen su servicio a la comunidad. El caso aquí denunciado constituye un peligro para el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho en el Ecuador.

El Observatorio manifiesta su seria preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica del Sr. Wilman Adolfo Jiménez Salazar, y en general por la situación de los defensores de los derechos humanos en Ecuador.

Acción solicitada:

Favor escribir a las autoridades ecuatorianas urgiéndoles a:

[+info]
http://www.inredh.org/

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