Quito, 28 de junio de 2006
Doctor Alfredo Palacio Presidente de la República Presente
[copia a]
Dr. José Miguel Inzulza, Secretario General de la OEA. Alto Comisionado de los DDHH de Naciones Unidas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH-OEA Redes Nacionales e Internacionales de DDHH
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, APDH del Ecuador, expresa nuevamente a usted, nuestra profunda preocupación por los últimos acontecimientos registrados en la provincia amazónica de Orellana, que demuestran la reincidente opción represiva y de fuerza ante los sistémicos conflictos sociales amazónicos que esgrimen el Gobierno Nacional y, muy especialmente, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas acantonadas en la Amazonía.
Nos llama la atención la insólita indiferencia del Gobierno Nacional y del resto del país ante el hecho contundente de que tres provincias nacionales: Orellana, Sucumbíos y Napo, se encuentran -desde hace varios meses atrás- prácticamente en un "perpetuo Estado de Emergencia", que ha suprimido libertades individuales y derechos ciudadanos en estas regiones reconocidamente postergadas del Ecuador, pues la actual permanencia del 'estado de excepción' por más de 100 días, viola el Art. 182, inciso segundo de la Constitución Política de la República, que señala expresamente que su vigencia será de 60 días.
En ese contexto, la APDH denuncia como grave precedente nacional e internacional (cuyas consecuencias legales pudiera tener que asumirlas el Sr. Presidente, aún después del término de su mandato, por omisión, y no los militares autores directos del atropello, que deberían responder por su cometimiento) evidenciado en la detención arbitraria -que dura ya 10 días- y su ilegal juzgamiento en tribunales especiales militares, del defensor de derechos humanos Wilman Jiménez, detenido en Orellana mientras en calidad de Observador de DDHH tomaba fotografías testimoniales de la represión militar y policial contra la comunidad local, quien además está herido con seis balas de goma también usadas contra la población civil, en conflicto social con la compañía petrolera francesa PERENCO, hecho que desatara la salida de fuerza estatal, más la preocupante omisión, justificada por las autoridades militares del país en el citado Estado de Emergencia, del recurso constitucional de Habeas Corpus concedido en favor del ciudadano Wilman Jiménez por la autoridad competente -la alcaldía local-, que a pesar de ser favorable, fue olímpicamente desconocido por las autoridades de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional acantonadas en la zona, quienes ni siquiera presentaron al detenido ante el Alcalde, tal como lo dispone el Art. 93 de la Carta Fundamental del Estado Ecuatoriano, que expresamente ordena que "se dará inmediata libertad al detenido si no se ha cumplido el requisito de su presentación ante la autoridad civil competente" (las alcaldías del país).
"Habeas Corpus" es una figura universal, no parroquial, que literalmente significa "de cuerpo presente", término y derecho que parecen no ser conocidos ni por el Sr. Ministro de Defensa Nacional, Gral. (r) Oswaldo Jarrín, ni por el Jefe Militar de la IV División del Ejército "Amazonas", cuya autoridad impera en todas las provincias en conflicto, Gral. Gonzalo Meza.
Al defensor de DDHH, Wilman Jiménez, detenido desde el 19 de junio hasta hoy en la Brigada de Selva 19 Napo de las FFAA, se pretende juzgarlo en un tribunal militar especial, contraviniendo lo estipulado en la Constitución de la Republica, en su Art. 24 Numeral 11, que ordena: "Ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto".
Este injustificable atropello contra el defesor de DDHH citado y los demás hechos de violencia cometidos contra la población civil de Orellana, han sido coordinados, ordenados y conducidos por el General Gonzalo Meza, Jefe Militar de la IV División del Ejército "Amazonas"; por el Teniente Coronel de Policía Hugo Zapata Corrales, Comandante Provincial de Policía No 22 de Orellana; y respaldados por el Ministro de Defensa Gral. (r) Oswaldo Jarrín, quien en distintas oportunidades ha expresado su preferencia por la opción de "mano dura" e incluso ha citado públicamente su postura de optar a futuro por "la intervención de una fuerza multinacional en Ecuador, tal como ocurre en Haití" para 'solucionar' por la fuerza conflictos de hondo contenido social y postergación local.
Señor Presidente, pedimos comedidamente poner atención a la siguiente constancia: en 15 años de experiencia propia e historia del movimiento de DDHH del Ecuador, es la primera vez que observamos que una provincia entera (sociedad civil y autoridades locales) de manera masiva, realizan una medida de hecho y una marcha multitudinaria, el día de ayer 27 de junio, exigiendo en la calle y en diálogo infructuoso con el Gobernador provincial, la libertad y protección de un defensor de derechos humanos, el Sr. Wilman Jiménez. Nunca antes había ocurrido un hecho de tamaña significación.
Por eso volvemos a reiterarle, señor Presidente: no se guíe por los informes de Inteligencia o de las autoridades civiles y/o militares a usted cercanas, que posiblemente le presentan un cuadro distinto y minimizado de lo que ocurre. Los sucesos narrados desfavorecen la imagen de su Gobierno ante las provincias amazónicas, la opinión pública nacional y, muy especialmente, la comunidad internacional, sucesos ocasionados por las tres autoridades militares y policiales nombradas, lo que ahonda la desconfianza civil en una salida dialogal a los conflictos y resta credibilidad a su intención de hacer respetar los derechos humanos en el Ecuador.
Con los antecedentes citados, solicitamos comedida pero urgentemente, en su calidad de máxima Autoridad de la República, tomar las siguientes medidas de manera inmediata:
Con sentimientos de consideración,
Alexis Ponce, vocero APDH
:: http://www.llacta.org ::
