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El Ejército ecuatoriano hiere, detiene y desaparece a un defensor de DDHH

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH, Ecuador)

Boletín de prensa

Quito, 26 de junio de 2006

El día lunes 19 de junio de 2006, el defensor de Derechos Humanos Wilman Adolfo Jiménez Salazar fue herido por el impacto de 6 balas de goma y detenido a las 12 del mediodía por efectivos de la fuerza publica cuando se encontraba realizando su trabajo en calidad de observador de DD.HH. en el marco de la medida de hecho pacífica de las comunidades 15 de Abril, Asociación Campesina Payamino y Asociación Campesina Punino que reclamaban por las violaciones de la legislación ambiental vigente cometidas por la compañía petrolera francesa Perenco Ecuador Limited. Wilman Jiménez permaneció detenido en la zona de los hechos durante 4 horas hasta que fue atendido de sus heridas en el Hospital Civil de Orellana, para posteriormente, ser trasladado a la Policía Judicial de Orellana e ingresado a los calabozos de la misma en presencia de otros defensores de derechos humanos y del Subteniente G. Vera que participó en el traslado del detenido.

Previa solicitud de Habeas Corpus remitida a la Alcaldesa de Orellana, Sra. Anita Rivas, se solicita la comparecencia del detenido a instancias de esta autoridad, sin embargo, al momento en que se debía realizar la audiencia de Habeas Corpus el Teniente Coronel de Policía Hugo Zapata Corrales, Comandante Provincial de Policía No 22 de Orellana comunica mediante oficio No 2005-0824-CP22 que Wilman Jiménez a sido puesto a órdenes del señor Fiscal de la Cuarta División del Ejército "Amazonas" y que por lo tanto no podía atenderse al pedido de Habeas Corpus. El detenido fue trasladado a la Brigada de Selva 19 Napo sin que quede constancia alguna en el registro de la Policía Judicial de su ingreso a la misma y posterior salida. Esto constituye una doble infracción a los procedimiento legales establecidos, primeramente porque el Teniente Coronel Hugo Zapata desacató la orden de la Alcaldía, como era su obligación legal según el art. 93 de la Constitución y en segundo lugar porque permitió que el detenido sea puesto a disposición de las autoridades militares cuando estas no tenía ninguna competencia ni autoridad para retenerlo, pues en ninguna parte de la Ley de Seguridad Nacional o de cualquier otro cuerpo legal se les confiere tal potestad. Una vez que Wilman se encontraba en la Brigada de Selva 19 Napo es incomunicado, impidiéndole tomar contacto con algún abogado, con sus familiares o con sus compañeros defensores; esto constituye un atropello al derecho fundamental del debido proceso contenido en el art. 24 de la Constitución y en el Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese mismo día, la alcaldía del Gobierno Municipal de Orellana, considerando que el detenido no había sido presentado en la audiencia de Habeas Corpus ni se había exhibido la orden de detención otorgó el Habeas Corpus.

Al día siguiente, los compañeros de Wilman acudieron a la Brigada de Selva 19 Napo, para averiguar el estado del detenido, sin embargo en aquella dependencia se afirmó que no se sabía nada de su ingreso a la misma, y además, cuando las autoridades del Municipio intentaron comunicar mediante oficio No. 2006-1631-AGMO-AR-RHC-211 dirigido al General Gonzalo Meza, Comandante de la IV División Amazonas que se había concedido el Habeas Corpus a Wilman Jiménez y que por tanto debía ser puesto en libertad inmediata, el personal de la Brigada de Selva 19 Napo se negó a recibir el mencionado oficio. Esto constituye un atropello al Art. 93 de la Constitución que establece la obligación incondicional de acatar las resoluciones de Habeas Corpus y al derecho a contar con un recurso eficaz ante cualquier arbitrariedad de las autoridades, derecho reconocido en el Art. 25 de la Convención Americana de DD.HH. Ese mismo día, los integrantes del Comité de Derechos Humanos de Orellana, preocupados por la situación de su compañero, presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Orellana y exigieron que se realizara un peritaje médico legal para constatar la situación de salud del detenido. El Fiscal Joel Bustos dio trámite a la solicitud y nombró a dos peritos médicos para que realizaran el examen correspondiente, pero las autoridades de la Brigada de Selva 19 Napo se negaron a que se realizara el peritaje médico legal ordenado, desacatando la orden del Fiscal de Orellana. De esta forma, Wilman Jiménez pasó la noche incomunicado y aislado mientras se vulneraba su derecho a la libertad, pues ya se había concedido el habeas corpus; hasta la fecha no se ha podido constatar el estado del salud del detenido. Al día siguiente Wilman Jiménez fue trasladado a la Brigada de Selva 17 Pastaza, donde permanece hasta la actualidad.

A más de los preceptos leales citados, esta detención por parte de las autoridades militares vulnera el derecho a defender derechos humanos, consagrado en el Art. 1 de la Declaración de Naciones sobre el derecho y deber de los individuos, grupos e instituciones a defender los derechos humanos y las libertades fundamentales, pues basándose en el estado de emergencia dictado se está impidiendo a un defensor de derechos humanos realizar su labor. Por otra parte, las autoridades militares no tienen competencia para juzgar o sancionar a un civil, quien además no se encontraba ejerciendo funciones militares, esto constituye un caso más de abuso del mal entendido y tergiversado "fuero militar", en base del cual se sanciona a civiles inocentes, criminalizando su labor y se permite permanecer en la impunidad a los miembros de la fuerza pública quienes son juzgados por sus propios compañeros, lo cual constituye una violación al principio de independencia e imparcialidad de los jueces.

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en un caso similar que "La Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Inclusive, esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta dentro del ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias (...) El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el consiguiente procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. En efecto, la jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, encuéntrase íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi vs. Perú, Párr. 128)

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