Boletín de Prensa No. 15-APDH-06
Quito, 13 de junio de 2006
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos del Ecuador, luego de enviar un equipo de investigación a la zona fronteriza donde se produjeron los hechos, y de corroborarlos con nuestras organizaciones ciudadanas aliadas en la frontera, denuncia el detalle de lo acontecido durante este fin de semana en la parroquia de General Farfán en la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
Como es de conocimiento público, el día sábado 10 de junio, aproximadamente a las 20H30 p.m., el único patrullero policial de resguardo en la parroquia fronteriza de General Farfán se hallaba realizando su patrullaje de rutina para verificar que todos los locales comerciales hayan cerrado sus instalaciones, de acuerdo a las disposiciones de la Policía acantonada en esa parroquia de que los fines de semana todo local comercial debe cerrar sus puertas a las 20h00 por razones de seguridad pública.
Según los testimonios y denuncias presentadas a la APDH por la Junta Parroquial de General Farfán y la Asociación de Ciudadanos Colombianos Residentes en La Punta-General Farfán, los dos policías fueron acribillados en el interior del patrullero cuando se encontraban frente a un bar que ya estaba cerrado, y en cuya acera exterior se hallaban libando algunos individuos inidentificados, quienes serían los responsables directos del asesinato de los dos uniformados, que respondían a los nombres de Luis David Lora Álvarez y Carlos Alejandro Garan Mina, con cuyas familias nos solidarizamos.
Luego de producido el asesinato de los dos policías, inmediatamente se activaron las alarmas locales de prevención instaladas en el pueblo por la propia comunidad organizada, con la finalidad de que cualquier hecho de violencia o inseguridad, sea respondido por la Policía o las Fuerzas Armadas cercanas a la población. Sin embargo, ningún miembro de la Fuerza Pública se hizo presente en los siguientes noventa minutos, por lo que la propia población civil intentó dar los primeros auxilios a los gendarmes, con resultados infructuosos.
Noventa minutos más tarde, esto es a las 22H00 p.m., llegaron a General Farfán miembros de la Policía Nacional acantonada en la capital provincial, ciudad de Lago Agrio, quienes ante los hechos acontecidos, desataron inmediatamente un operativo que permitiera dar con el paradero de los asesinos de sus dos compañeros. Empero, el operativo se realizó de manera poco profesional, con actitudes violentas y bruscas contra la población civil de General Farfán, desarrollando allanamientos masivos a viviendas particulares y desatando un ambiente de pánico en el pueblo, pues comenzaron a detener a cualquier ciudadano "con cara de sospechoso", por lo que -según todos los testimonios recogidos por la APDH- la población de la parroquia que se hallaba en las calles auxiliando a los uniformados, se refugió amedrentada en sus casas, y quienes no pudieron refugiarse en sus domicilios, por encontrarse lejos de los mismos, fueron detenidos y llevados hasta las dependencias policiales en la ciudad de Lago Agrio.
Algunos de los detenidos fueron liberados el día siguiente, domingo 11 de junio, pero un número indeterminado de personas aún se encuentran detenidas en la dependencia policial, tal el caso de la señora Rosalba Benavides, dueña del bar frente al cual se asesinó a los dos policías y quien siendo testigo de los hechos y queriendo aportar con datos señalando la apariencia física de los asesinos, continúa en cautiverio y ha sido tratada como delincuente. El equipo de fronteras de la APDH no logró de la Policía acantonada en Lago Agrio, que determine bajo qué procedimientos legales dicha ciudadana ecuatoriana y las otras personas, cuya identidad no se sabe aún, se encuentran todavía detenidas.
En el operativo de detenciones masivas y arbitrarias que se ejecutó la noche del sábado 10 de junio, miembros de la Policía Nacional en General Farfán detuvieron al ciudadano colombiano Fernando Sierra Rojas, quien se halla en nuestro país con su familia desde hace dos años, bajo reconocimiento del Estado Ecuatoriano de su estatus de Refugiado y con el amparo de ACNUR. Al ser detenido, su hijo, menor de edad, de nombres FERNANDO SIERRA CRUZ, de 16 años, de nacionalidad colombiana, salió en su defensa pidiendo a los uniformados que no maltrataran físicamente a su padre, pues todas las detenciones se dieron de manera violenta y agresiva, siendo el menor de edad maltratado y amenazado con ser detenido.
Ante la amenaza policial y bajo el ambiente de pánico que vivía toda la población ese momento, el joven corrió hacia la casa de su tío que se encuentra en la esquina cercana al lugar de los hechos. Los policías, creyendo seguramente que por correr como tantos ciudadanos que corrían a refugiarse a sus casas, era "sospechoso", según los testimonios de los testigos y del padre de la víctima, acribillaron a balazos al menor, causándole la muerte inmediata. El padre del joven, inocente de las sospechas policiales de la noche anterior, fue liberado al día siguiente y enterró a su hijo el día Lunes 12 de junio a las 17h00, luego de un recorrido fúnebre por las calles de la ciudad en la cual vivió, paradójicamente huyendo de la violencia de su propio país y esperando mantener una vida pacífica en el Ecuador bajo el amparo de la Fuerza Pública y de quienes deben velar por la seguridad de las y los ciudadanos que residen en la región fronteriza.
La APDH ha exigido mediante oficio a las máximas autoridades nacionales que procedan a ordenar las investigaciones de rigor que permitan dar con los responsables, tanto de la muerte de los dos policías abaleados en General Farfán, investigaciones que determinen además el por qué de la ausencia de la Fuerza Pública en la zona una vez que se prendieron las alarmas locales implementadas para una pronta reacción protectora de la Policía y de las Fuerzas Armadas en beneficio de la comunidad civil.
Así mismo, la APDH exige que se investigue el accionar de los miembros de la Policía Nacional que, llegados desde Lago Agrio, sembraron la violencia, el maltrato, el pánico y la muerte de un joven menor de edad, esclareciendo y juzgando con similar rigor a los responsables de este hecho.
Lamentablemente, en las zonas de frontera, descuidadas por el Estado ecuatoriano, nuestros policías son víctimas constantes de hechos delictivos que ponen en peligro su integridad personal, que incluso ha originado la muerte de varios gendarmes a vista y paciencia de los sucesivos gobiernos que no actúan para mejorar las condiciones de seguridad de la propia Policía, la calidad de vida de los uniformados y de los habitantes de la zona, no solo a través de la policialización o militarización de la región fronteriza, sino a través de políticas que velen por el mejoramiento de la seguridad integral y la protección de los derechos humanos, civiles, económicos y sociales de una población que debe soportar los efectos -sistemáticamente denunciados por nuestra entidad- del Plan Colombia, del conflicto colombiano y sus actores, y de la violencia delictiva común y/o la violencia de la Fuerza Pública de ambos países en la línea de frontera.
La población civil debe enfrentarse a la conflictividad de la zona, a la inseguridad cotidiana, a la pobreza y falta de atención estatal y, además, a la conducta poco profesional y desproporcionada de los miembros de la Policía Nacional, que en esta ocasión -en represalia por el asesinato aleve de dos uniformados- ultimaron a un menor de edad inocente.
Finalmente las autoridades de la Junta Parroquial de General Farfán y los directivos de la Asociación de Ciudadanos Colombianos Residentes en La Punta–General Farfán han solicitado a nuestra entidad que esta información la hagamos pública y oficial, y de ser necesario careos y entrevistas con testigos de todos los hechos, bajo reserva de la fuente, solicitamos ponerse en contacto con la APDH.
Anaité Vargas, directora ejectuvia APDH del Ecuador
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