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Caso Mahuad

Comisión de Control Cívico de la Corrupción

Boletín de prensa No. 195

Quito, 8 de junio de 2006

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción, frente al fallo judicial que, con absoluta ligereza, coloca al borde de la total impunidad al hecho que generó los más graves problemas humanos, sociales y perjuicios económicos al pueblo ecuatoriano, exhorta al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia a canalizar la última alternativa legal que permite su juzgamiento, a través del impulso de la reapertura del proceso penal, mediante el aporte de elementos probatorios que posibiliten un nuevo análisis.

Repugna a la esencia de la Comisión el estímulo a la impunidad que provoca el sobreseimiento provisional resuelto, por voto de mayoría, de los Magistrados de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto de este caso, dado que el auto de llamamiento a juicio plenario que se dictó es penosamente viciado desde el momento en que señaló un solo delito (peculado), excluyendo aquellos comprendidos en la enumeración que consta en el escrito que se presentó ante el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Galo Pico Mantilla, por parte de la Comisión Anticorrupción y que se refiere a serias vulneraciones constitucionales plenamente probadas.

Los hechos ocurridos antes y durante el llamado "feriado bancario", configurarían los delitos tipificados y sancionados en el Código Penal referentes al Abuso de Autoridad, Art. 254; Atentado arbitrario contra derechos constitucionales, Art. 213 y; prevaricato, Art. 277, por parte del Dr. Jamil Mahuad Witt, la Econ. Ana Lucía Armijos y miembros del Frente Económico.

La expedición del Decreto Ejecutivo No 685, por parte del Dr. Jamil Mahuad, que permitió la retención de los depósitos confiados a instituciones financieras públicas y privadas y el denominado "congelamiento" de las acreencias de los clientes de estas instituciones, constituyó una extralimitación de las facultades que le otorgaban los Arts. 54, 55, 56, 71 y 72 de la Ley de Seguridad Nacional, ya que dichas disposiciones regulan el régimen de la movilización de bienes y personas y las requisiciones a que hubieren lugar en el sentido de satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional o sobrellevar la emergencia.

El mencionado Decreto Ejecutivo vulneró derechos constitucionales como: el derecho a la propiedad, a la libertad individual, a la libertad de contratación, al trabajo, a una calidad de vida digna; en definitiva, afectó los derechos constitucionales de quienes confiaron en el sistema financiero nacional.

Estos hechos fueron presentados en escrito a la Dra. Mariana Yépez, ex Ministra Fiscal General del Estado, quien expresó que el "feriado bancario" no se encuentra tipificado entre los delitos que contempla el Código Penal. Se le explicó a la Sra. Ministra Fiscal que los vocablos "feriado bancario" abarcan genéricamente una serie de delitos contra cuya comisión nada pudo argüir la Sra. Ministra Fiscal.

Era indispensable para la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, el concurso de la Sra. Ministra Fiscal General del Estado porque esta Comisión carece de la facultad de intervenir por sí misma en los juicios penales. Esta perjudicial carencia se remediaría con el Proyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica de la Comisión Anticorrupción y que cursa en el Congreso Nacional.

Aquello que se llamó el "feriado bancario" perjudicó al Erario nacional en aproximadamente ocho mil millones de dólares y la única víctima de este atentado al orden jurídico y moral fue el pueblo ecuatoriano. Preocupa a la Comisión Anticorrupción que la decisión tomada por los Magistrados de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en este caso, establezca un precedente respecto de casos similares que se están ventilando en la función judicial.

No obstante la larga cadena de actuaciones y omisiones de los poderes públicos llamados a la Administración de Justicia, de cuya gestión deberán dar cuenta al Ecuador, la C.C.C.C. hace un llamado urgente para que:

De conformidad con lo establecido en los artículos 249, 250 y 251 del Código de Procedimiento Penal de 1983, aplicable al caso, se proceda a la reapertura del sumario - posibilidad jurídica viable frente al sobreseimiento provisional del proceso y del sindicado - mediante la presentación de nuevas pruebas relacionadas con el delito y la responsabilidad del encausado, dentro de 5 y 3 años respectivamente. Hecho que podrían incentivar las partes procesales o el juzgador, por iniciativa de oficio.

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción compromete su gestión, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, al impulso de la referida alternativa legal, a fin de evitar la impunidad del presente caso, pues, como lo ha expresado en sus diversos pronunciamientos Si no logramos evitar que los casos de corrupción caigan en la impunidad, difícilmente podremos mejorar la calidad moral del conjunto de nuestros gobernantes y jueces, o nos unimos y desterramos ahora la impunidad o nos dejamos sepultar por ella.

Atentamente,

Dr. Alfredo Alvear, director ejecutivo

[+info]
http://www.comisionanticorrupcion.com/

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