Viena (Austria), 11 de mayo de 2006
Tribunal a las empresas transnacionales europeas en América Latina
Encuentro Enlazando Alternativas 2, Viena (Austria), 10 al 13 de mayo de 2006
Del 10 al 13 de mayo de 2006 tendrá lugar en Viena el Tribunal Permanente de los Pueblos – Tribunal a las empresas transnacionales europeas en América Latina en el marco del Encuentro "Enlazando Alternativas 2". Este tribunal surge de la Red bi-regional Europa Latinoamérica.
El objetivo del Tribunal no es otro que buscar la verdad, la justicia y la reparación, así como determinar las responsabilidades de las empresas transnacionales europeas con actividad comercial o financiera en América Latina por las violaciones de los Derechos Humanos. Asimismo, intentará señalar instrumentos y caminos de superación de la impunidad con que actúan estas empresas.
Este es un Tribunal Permanente de los Pueblos, no una corte judicial. Sin embargo, este Tribunal se fundamenta y recoge lo mejor de diversas tradiciones jurídicas y éticas partiendo de una argumentación rigurosa y una documentación fidedigna. La acusación se basa en un amplio material documentado y aporta testimonios.
A la empresa Repsol YPF, como responsable de las actividades de su empresa matriz y sus respectivas filiales en los países donde opera, de la comisión de los siguientes hechos:
En Colombia: las actividades de Repsol YPF afectan a los pueblos indígenas U'wa y Guahibos y, además, la empresa está relacionada con la financiación de grupos paramilitares.
En el año 2004, Amnistía Internacional presentó su informe "Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca (Colombia)", donde se acusaba a las empresa petrolera española Repsol YPF y a la empresa petrolera estadounidense Oxy (Occidental Petroleum) de no respetar los derechos humanos, al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejército colombiano con vínculos probados
con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca, la región más miltarizada de Colombia, donde se cometen abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla
.
Repsol YPF, en su asociación con la empresa estadounidense Oxy, con la cual explota la Asociación Cravo Norte (dentro de la cual se encuentra el yacimiento de Caño Limón), es corresponsable de la destrucción de la Laguna de Lipa así como del desplazamiento de los pueblos guahibos.
En Ecuador: Repsol YPF participó, junto a otras seis empresas petroleras, en la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), durante la cual se produjeron violaciones a derechos humanos como la libertad de expresión, la salud, la alimentación, el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente sano.
Hasta la actualidad aún existen causas legales de parte de los afectados que no se han resuelto y la presencia del tubo significa daños ambientales y sociales. Las actividades que han venido realizando empresas europeas como Perenco, Eni Agip y Repsol YPF han aplicado las mismas características que tuvo la construcción del OCP. Las prácticas denunciadas por la construcción del nuevo oleoducto están relacionadas con las políticas de operación que estas compañías mantienen dentro de sus propias concesiones, como son los contratos de seguridad con los militares ecuatorianos, la inseguridad ambiental, el deterioro de la calidad de vida de los afectados, entre otros.
Después de treinta años de actividades petroleras en el Ecuador, la explotación de petróleo ha provocado la destrucción de aproximadamente cuatro millones de hectáreas de bosque tropical. Como consecuencia de esto, hoy en día la población amazónica –campesinos e indígenas que han vivido por varias generaciones en la Amazonia– ha perdido sus medios tradicionales de subsistencia, y las culturas se encuentran en riesgo de desaparecer, debido a la permanente destrucción de los ecosistemas, resultado del robo de los recursos naturales, de parte de las transnacionales.
Hace más de dos años y medio se terminó de construir el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el cual atraviesa 503 kilómetros de selva amazónica, páramo andino y costa ecuatoriana. Siete petroleras conformaron un consorcio para su construcción entre ellas la española Repsol YPF, la italiana ENI AGIP y la francesa Perenco. El financiamiento de este proyecto fue dado por varios bancos europeos liderados por el Banco de propiedad Estatal West-deutsche Landesbank (WestLB).
El funcionamiento del oleoducto ha permitido continuar con la búsqueda de nuevos yacimientos de petróleo sobre 2,4 millones de hectáreas de selva virgen, donde se encuentran los territorios ancestrales de numerosas comunidades indígenas: Shuar, Achuar, Waorani, Kichwa, Shiwiar y Zápara y también reservas "protegidas" como el Yasuni, Cuyabeno y Limoncocha.
Este proyecto ha generado un daño ambiental que ha afectado a 11 áreas protegidas. Durante su construcción, este proyecto ocasionó el taponamiento de fuentes de agua para el consumo humano de la población asentada a lo largo de la ruta. Además, durante las etapas de prueba del oleoducto se produjeron 5 derrames de crudo que contaminaron las áreas cercanas. Al ampliar la frontera petrolera se multiplicaron los desechos tóxicos que luego fueron arrojados al ambiente. La deforestación de 15 millones de m2 expropiados ha causado perdidas irreparables de biodiversidad y terrenos agrícolas a lo largo de la ruta.
La deuda ecológica en Ecuador, creada a partir de la presencia de la industria petrolera, se expresa en la devastación de la cuenca amazónica. Los pasivos ambientales generados han afectado gravemente tanto a las poblaciones locales como al medio ambiente. El deterioro ambiental ha conllevado a una extema situación de pobreza, pérdida de conocimientos ancestrales y afectaciones a la salud. Los indicadores de desarrollo humano en zonas petroleras son los más bajos en el país, lo cual demuestra el permanente saqueo y la irresponsabilidad socio ambiental con que operan las trasnacionales. Actualmente, la población amazónica presenta las mayores índices de cáncer en el Ecuador.
Este proyecto generó un amplio rechazo dentro de las organizaciones sociales y solo se pudo concretar de manera autoritaria, mediante el uso de la violencia y la represión de parte del ejército y la policía nacional: 73 personas fueron detenidas arbitrariamente por oponerse pacíficamente a su construcción. Actualmente, los campos operados por las empresas petroleras se encuentran militarizados impidiendo el libre ejercicio de organización social y denuncia, y el libre ingreso de los pueblos indígenas a sus territorios.
Las concesiones son contratos de explotación de petróleo entre las transnacionales petroleras con el gobierno ecuatoriano, en lo que se ha denominado "Bloques Petroleros". Cada bloque tiene una extensión de 200.000 hectáreas de bosque amazónico. Los contratos firmados con Repsol YPF y Perenco aseguran un margen de ganancia para el Estado que va del 18 al 27%, respectivamente, mientras que la mayor ganancia se la llevan las empresas. Durante los años en que se construyó toda la infraestructura que beneficiaría a las transnacionales, la deuda externa del Ecuador creció casi 22 veces. La deuda actual, luego del la construcción del OCP, es de 13.906 millones de dólares. El 44% del presupuesto nacional está destinado al pago de la deuda externa, creando un perjuicio económico al Estado.
Con la construcción del nuevo oleoducto, las empresas privadas se han apoderado de la cadena productiva en su totalidad. Por un lado, se apropian de los territorios nacionales y sus recursos naturales (biodiversidad, petróleo, agua, conocimientos ancestrales) y por otro lado, se convierten en los propietarios absolutos de la cadena productiva y de la comercialización, dejando a un lado cualquier forma de intervención estatal o manejo social de este patrimonio. Las empresas transnacionales se toman el derecho de contratarse a sí mismas dentro de toda la cadena productiva, a través de la creación de holdings. De esta manera, los capitales invertidos regresan inmediatamente al país de origen, recuperando su capacidad de inversión, mientras que los Pueblos deben de pagar esta deuda por generaciones.
En Bolivia: según las leyes bolivianas y la Constitución Política del Estado Boliviano (CPE), las empresas asentadas en el país se sujetan a las leyes del mismo, y esta norma ha sido vulnerada reiteradas veces por la empresa Repsol YPF [1].
En Bolivia, Repsol es responsable (junto con otras empresas transnacionales y organismos multilaterales) de impulsar a través del Estado boliviano una serie de reformas cuyo fin es la transferencia del derecho propietario del Estado sobre sus empresas, bienes y recursos naturales a las empresas transnacionales y principalmente a Repsol YPF.
Todas las operaciones de Repsol YPF están sujetas al D.S. 24806, que le confiere propiedad sobre las reservas hidrocarburíferas de forma ilegal, ya que va en contra de la Constitución Boliviana en los artículos 136 [2], 137 [3] y 139 [4].
Además, los artículos 132 [5] y 133 [6] de la CPE han sido violados a través de las reformas de privatización y a partir de la entrega ilegal de los recursos hidrocarburíferos a Repsol YPF, eliminando los principios de justicia social, una existencia digna de sus habitantes, profundizando la dependencia nacional y eliminando su desarrollo.
Repsol controla, mediante su filial y mediante asociaciones, más del 50% de las reservas y la producción de hidrocarburos, lo que le permite ejercer un verdadero monopolio privado que pone en peligro la independencia económica del Estado, situación absolutamente ilegal dentro de la normativa del país según el artículo 134 [7] de la Constitución.
Los contratos firmados con el Estado boliviano, mediante los cuales Repsol YPF opera en Bolivia, son ilegales y han sido declarados nulos por el Tribunal Constitucional (sentencia incumplida), ya que en ningún momento han sido aprobados por el Congreso Nacional como corresponde según la CPE [8].
Repsol YPF ha intervenido en la determinación de políticas de Estado y de Gobierno, en el proceso de privatización y en la elaboración de las políticas nacionales del sector de hidrocarburos, mediante sus operadores nacionales, violando el derecho a la autodeterminación, soberanía e independencia del país y su forma de gobierno democrático reconocidos en su Constitución [9].
Mediante sus agentes en el gobierno nacional, Repsol YPF ha usado las fuerzas represivas del Estado (Guerra del Gas) para garantizar sus intereses (Proyecto Pacific LNG), en contra de los intereses del país y de la seguridad nacional. Las Fuerzas Armadas se constituyen en un órgano que resguarda la seguridad de la nación, siendo absolutamente ilegales sus operaciones para otros fines contrarios a la seguridad del Estado. Mediante esta represión se asesinó a 74 personas y se hirió a más de 500, siendo incalculables las violaciones a los DDHH en este periodo. Hasta el momento la empresa y sus operadores políticos y militares en el gobierno han quedado impunes.
Por otra parte, varias de las concesiones de la Repsol YPF se encuentran cercanas a las fronteras internacionales y por lo tanto son ilegales según las normas bolivianas [10].
Existen una serie de delitos de fraude económico realizados por la empresa al país, entre los que destacan el fraude fiscal, desde 2002 a 2006, inscribiendo en la Bolsa de Nueva York como reservas propias las reservas hidrocarburíferas bolivianas pertenecientes al Estado; el contrabando de diesel, en 2005, defraudando al Estado en aproximadamente 9,2 millones de dólares; el contrabando de equipos para la instalación de una planta de compresión, en 2006, ocasionando un fraude al Estado de aproximadamente 8 millones de dólares.
Repsol YPF se encuentra operando en territorios indígenas reconocidos por ley, provocando un verdadero etnocidio y violando la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) [11], el Convenio 169 de la OIT [12] y la propia Constitución Boliviana [13].
La apropiación de los recursos y su explotación por parte de Repsol YPF han determinado el empobrecimiento del país, el saqueo de sus recursos, el debilitamiento fiscal del Estado y la violación de los derechos reconocidos por el Estado en su artículo 7º de la Constitución [14].
En Argentina: Repsol YPF ha originado graves impactos ambientales, como en el humedal de Llancanelo, impactos sobre la salud de las personas, como en los territorios mapuches de Neuquen, así como impactos laborales y económicos en la provincia de Salta, tras la privatización y compra de la empresa estatal YPF.
Repsol YPF ha invadido extrajudicialmente y contaminado varias comunidades indígenas Mapuche en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos corporales.
Loma de la Lata, que es uno de los yacimientos gasíferos más grandes de Sudamérica y una de las más grandes reservas petroleras, fue descubierto por la empresa argentina YPF en 1977. Desde la privatización y posterior venta a Repsol YPF, esta empresa multinacional española es el principal operador en la zona, que le proporciona el 70% de sus reservas de petróleo en los yacimientos de Argentina.
Ante las evidencias de contaminación con metales pesados y otras sustancias tóxicas de las aguas fluviales y subterráneas, muerte de animales de crianza, intoxicación en los organismos de niños y adultos, las comunidades decidieron efectuarse exámenes en centros especializados de Buenos Aires. En tanto el gobierno neuquino resolvió realizar una investigación toxicológica, de la que hasta la fecha se ignoran los resultados. Las primeras inspecciones y análisis realizados dieron lugar a una denuncia formal de la contaminación del suelo, aire y agua, además del impacto socio-cultural sobre las comunidades mapuche ante organismos oficiales. En 1997 el gobierno provincial solicitó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo la evaluación del impacto y daño ambiental producido por las empresas petroleras, que fue calculado en el orden de los 925 millones de pesos o dólares, según la paridad monetaria de la época.
Según la Evaluación de Daño Cultural/Ambiental (EDA) realizada en 2001 por la consultora Umweltschutz, los restos de metales pesados hallados en la zona investigada son 700 veces más altos de lo permitido por la legislación argentina. La consultora desarrolló labores de investigación sobre los niveles de contaminación en el organismo de los mapuches, comparándolos con los de las personas que trabajan en empresas siderúrgicas europeas. Los resultados de les muestras "determinan una fuerte exposición de las comunidades a metales pesados, que hacen que los valores detectados sean muy superiores a la mediana de comparación". En este punto, indica Umweltschutz, "el grupo de comparación está constituido por individuos que desarrollan su vida en grandes ciudades, rodeados de un ambiente fuertemente industrializado y con grandes emanaciones de Plomo, Cadmio y Mercurio", describe el informe. Los técnicos de Umweltschutz Norte Argentina SRL establecen en su informe que las comunidades tienen niveles de presencia de "elementos tóxicos" por encima de los normales. En el informe se detalla que se encontraron altos valores "principalmente de Aluminio, Magnesio y Talio", y "fueron encontrados algunos valores significativamente altos de Plomo, Cadmio, Arsénico y Níquel". En el caso del Aluminio se detectaron niveles altos en 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres.
Repsol YPF procede al entierro de los residuos de la explotación de manera que, cuando llueve, los residuos llegan a afectar a los niveles freáticos contaminando así las aguas, obligando así a la comunidad mapuche a dejar de utilizar el agua de los pozos y comenzar a potabilizar el agua de la lluvia. Las consecuencias más desastrosas se manifiestan en que la comunidad comienza a sufrir enfermedades en la piel, dolores de cabeza bastante fuertes, algún caso de cáncer y alguna malformación de feto.
Los dirigentes de la Coordinación de Organizaciones Mapuches denuncian que los niños, por efecto de la contaminación de sus organismos, sufren de poca capacidad de concentración, pérdida gradual de la vista, dolores en las articulaciones y problemas renales. Y que los más viejos empiezan a sufrir de manera anticipada la pérdida de memoria. La vibración producida en las tareas de exploración y cuando se encienden las chimeneas por donde se evacua el gas produce el agrietamiento de las casas de la comunidad. Muchos animales han muerto al beber el agua de los ríos, y las plantas, utilizadas para la medicina ancestral, mueren por exceso de plomo y mercurio.
Repsol YPF ha provocado un desempleo masivo en la población de General Mosconi, un pueblo de las sierras sub-andinas, en la provincia de Salta, zona gasífera y petrolera por excelencia. La privatización de YPF y la adquisición por parte de la empresa Repsol del 98% de las acciones de la ex compañía estatal implicó en General Mosconi un fuerte proceso de pérdida de puestos de trabajo, afectando al 60% de la población activa.
La empresa hispano-argentina ha provocado alteraciones del orden público y ha ordenado la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado argentino para reprimir las manifestaciones frente a la refinería de Repsol YPF y en otras manifestaciones, hechos que causaron la muerte de un número sin concretar de personas.
Repsol se apropió de una deuda contraída con los ex-trabajadores por el Estado, en el momento de la privatización, hace 12 años, en concepto del 14% del paquete accionario de YPF. Durante el proceso de privatización se acordó con el movimiento sindical que un porcentaje de las acciones de la empresa serían de los empleados como Propiedad Participada. Esto nunca se cumplió y los trabajadores y ex trabajadores aún se encuentran reclamando por ello. Existe además un juicio en curso en el cual se investiga que ocurrió al traspasarse la petrolera estatal con el llamado Programa de Propiedad Participada, se trata del 10 % del paquete accionario que estaba en mano de los trabajadores y terminó siendo propiedad de Repsol YPF.
En el Estado español, por su intención de desarrollar operaciones poniendo en grave riesgo espacios protegidos y a la población de las Islas Canarias.
En las Islas Canarias, plataformas ciudadanas de Lanzarote y Fuerteventura se movilizan para defender su litoral marino. Allí, Repsol YPF pretende explotar petróleo a 20 km de estas islas, abarcando un área de exploración de 616.000 hectáreas y poniendo en peligro más de 10 espacios naturales protegidos.
Además, teniendo en cuenta que el agua de consumo se obtiene desalando el agua del mar, cualquier vertido o fuga afectaría la calidad del agua y la salud de la población canaria. Ante esta situación, la ciudadanía ha mostrado su rechazo al proyecto, expresado en manifestaciones multitudinarias y en numerosos actos.
Ante todos estos hechos, demandamos a la empresa transnacional española REPSOL YPF:
[+info]
http://movimientos.org/noalca/enlazando/index.phtml.es
:: http://www.llacta.org ::
